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Los expertos advierten de las complejidades de no prorrogar la concesión del H de Alzira

EN UNA JORNADA ORGANIZADA POR RIBERA SALUD

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En una jornada organizada por Ribera Salud y celebrada en el Hospital de La Ribera, expertos en derecho mercantil y social han puesto de manifiesto la complejidad laboral y administrativa de no prorrogar la concesión del Hospital de La Ribera por parte de la Generalitat Valenciana. La jornada fue convocada después de que se hubiera conocido la intención del gobierno autonómico de plantear la reversión de la concesión administrativa a Ribera Salud.

Alberto De Rosa y Javier Palau

Nicolás González-Deleito, socio del Departamento Mercantil de Madrid de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, señaló que, “si bien la administración tiene libertad para cambiar el modelo de gestión, la no prórroga de una concesión administrativa es muy difícil de justificar, ya que la jurisprudencia establece que esta decisión debe estar basada en un interés público y debe realizarse previa audiencia de la empresa concesionaria”. En este sentido, González-Deleito advirtió que “no puede ser una decisión meramente fundada en una voluntad política”.
Problemas laborales
Por su parte, Jordi Agustí, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, puso de manifiesto la complejidad que supondría para la Administración mantener la antigüedad y el grado de carrera profesional de los trabajadores que asumiera tras la reversión del centro hospitalario.

Agustí negó que los 2.000 profesionales laborales del Departamento de Salud de La Ribera vayan a pasar a ser trabajadores estatutarios fijos con la reversión del Hospital. “Si se produce la reversión de la concesión, aunque el nuevo empleador sea un empleador público, no se garantiza solo por este motivo el acceso de la plantilla de trabajadores al empleo público”, explicó el magistrado, quien hizo un repaso de la última normativa y jurisprudencia en materia laboral, que avala, por ejemplo, “las reducciones de remuneración en casos de reversión de empresas a la gestión pública” o los despidos objetivos o colectivos “en caso de duplicidad de servicios”. En cualquier caso, afirmó que la Administración debe comunicar, “previamente y con la suficiente antelación”, la hoja de ruta que va a seguir con los trabajadores del Hospital de Alzira.
Empresa privada con alma pública
Por su parte, el consejero delegado del grupo Ribera Salud, Alberto de Rosa, destacó el importante papel que la empresa había desarrollado en los últimos años para mejorar la atención sanitaria que se dispensa en la comarca de La Ribera. En este sentido afirmó que “la colaboración público-privada había permitido invertir más de 140 millones de euros en La Ribera en los últimos 16 años, lo que significaba la mayor inversión de la historia en una comarca de la Comunitat Valenciana en la mejora de los servicios sanitarios, si exceptuamos el gran proyecto del Hospital La Fe”.

De Rosa recordó “las grandes infraestructuras y servicios sanitarios” con que cuenta el Departamento de Salud de La Ribera, “solo disponible en los grandes hospitales”. Asimismo, se refirió a los indicadores asistenciales del centro alcireño, con “unas ratios en cuanto a demoras y lista de espera que no tiene nadie en la Sanidad pública valenciana y que son valorados por los ciudadanos de La Ribera a través de las encuestas de satisfacción”. Y atribuyó estos índices a que “Ribera Salud es una empresa privada con alma pública; una alma pública que no es más que la vocación de servicio de sus profesionales, con el espíritu de mejora continua y poniendo al ciudadano siempre en el centro de sistema”.
Consecuencias para los profesionales
Por otro lado, en la mesa “Consecuencias para los profesionales de la Ribera”, los principales líderes sindicales fijaron su postura sobre la reversión de la concesión.

Así, Andrés Canovás, de la CESM Comunidad Valenciana, aseguró que “el mantenimiento de las condiciones actuales para los trabajadores son inexcusables y “no vamos a aceptar unas condiciones peores que en el actual convenio”

Daniel Matoses, del CSIF, advirtió que se pronunciarían cuando sepamos qué quiere hacer la Consellería con “las condiciones del personal, la calidad asistencial y el impacto económico para los ciudadanos”. “De momento”, afirmaó Matoses, “la Consellería no ha aclarado nada”.

Javier Aznar, presidente de SATSE-Valencia, comentó que la reversión de Alzira “es una decisión política” y remarcó que la Consellería no les había contestado “sobre el modelo de gestión que quiere aplicar, si empresa pública, fundación u otra figura”.

Por su parte, Lourdes Ramírez, de SAE Valencia, afirmó “que su sindicato trabajará para que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores y calidad asistencial”
Lozano: “No creo que se mantengan los incentivos”
Luis Lozano, de UGT-PV, aseguró que el Hospital de Alzira prestaba un servicio público de calidad y mostró su convicción de que “todo el personal va a permanecer en su puesto”. Lozano explicó que la Consellería optaría por una empresa pública o por una fundación pública sanitaria y “mantendrá los salarios de los trabajadores, pero no creo que incorporen los incentivos que actualmente tienen los trabajadores laborales”

Por su parte, Arturo León, de CCOO, señaló que el modelo de concesión de Alzira era un modelo que amparaba la ley y se mostró convencido de que el personal mantendría las condiciones, “pero no podrá ser estatutario, sino indefinido no fijo”. León remarcó que Ribera Salud tenía derecho a “defender su modelo de gestión”.