La base de cotización de 2012 de los funcionarios andaluces debía incluir la paga extra eliminada

Según el Tribunal Supremo

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La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra el fallo que emitió en febrero de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a instancias de una demanda presentada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y por la Tesorería de la Seguridad Social, en el que se afirmaba que la base de cotización de los trabajadores de la Junta de Andalucía debía incluir la paga extra que fue eliminada en 2012.

En concreto, el origen de este conflicto se encuentra en la decisión del Gobierno regional de tomar como base de cotización para la Seguridad Social de sus trabajadores las remuneraciones efectivamente percibidas en el citado periodo, excluyendo de este modo el montante de la paga extra suprimida.

"Más tarde, en el año 2015, entendiendo que el montante de la paga extra habría debido incluirse en la base de cotización, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó ocho actas de liquidación por diferencias de cotización en el referido período de junio a diciembre de 2012. Estas actas se referían a los trabajadores de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba", aclara la sentencia del Tribunal Supremo.

Estos documentos fueron posteriormente confirmados y elevados a definitivos por el director provincial de la Tesorería de la Seguridad Social. El motivo de la postura defendida por el organismo estatal era que el personal no se viera perjudicado de forma que la eliminación de la paga extra no supusiera, además, una disminución de las pensiones a percibir en su día.
Retroactividad clara
Según establece el Tribunal Supremo en su sentencia, el problema sigue siendo si, en virtud de la disposición final 29ª de la Ley 17/2012, puede exigirse una congelación de la base de cotización por referencia a la de 2010; congelación que, en el momento en que se hicieron las cotizaciones del período de julio a diciembre de 2012, no había sido establecida.

"Es indudable que el legislador de diciembre de 2012 transformó en básica la norma legal de julio de ese mismo año y otorgó eficacia retroactiva a ese carácter básico, obligando a las Administraciones autonómicas a aplicar al período de julio a diciembre de 2012 -ya pasado- una base de cotización distinta. La retroactividad es clara", razona el ente jurídico.

Por tanto, "la respuesta a la cuestión que el auto de admisión plantea por tener interés casacional objetivo es que el legislador estatal puede atribuir carácter básico a una norma legal preexistente, del mismo modo que podría aprobar una nueva norma básica de similar contenido. En cuanto a la retroacción de los efectos de esa atribución de carácter básico, en un caso como el aquí examinado debe decirse que no resulta contraria a lo dispuesto por el art. 9.3 de la Constitución , porque la norma retroactiva no versa sobre materia sancionadora y porque incide en una relación entre dos Administraciones públicas", expresa el organismo judicial.