La Abogada General Sharpston da la razón al SMS murciano en un litigio sobre pago de intereses

Una empresa de factoring se los reclamó pese a ejercer el cobro inmediato de deuda

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La abogada general Eleanor Sharpston del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha dado la razón al Servicio Murciano de Salud (SMS) en un litigio relacionado con el pago de intereses añadidos al cobro de deuda por servicios sanitarios, al desestimar en decisión prejudicial que se deban afrontar los mismos si se ejerce la opción de  cobro total o casi total inmediato de la cuenta pendiente.

En primer término, la empresa de factoring, que adquirió determinados créditos pendientes de pago que ostentaban algunos proveedores del SMS,  reclamó al citado órgano de la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Región de Murcia este cobro, unido a los intereses y los costes de cobro, lo que llevó a cabo en los tribunales españoles. "Posteriormente, se adhirió al mecanismo extraordinario de financiación y recobró el importe (casi) total del principal", aclara la abogada general.

"Sin embargo, ha interpuesto otro recurso en el que se opone a la exclusión de los intereses y de los costes de cobro, que considera contraria a la Directiva sobre la morosidad", continúa Eleanor Sharpston, que señala que la misma "exige a los Estados miembros que dispongan que una cláusula contractual o una práctica relacionada con la fecha o el plazo de pago, el tipo de interés de demora o la compensación por costes de cobro no sea aplicable o pueda dar lugar a una reclamación por daños y perjuicios si resulta manifiestamente abusiva para el acreedor".

Sharpston manifiesta que, por su parte, "en España, el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, instauró un mecanismo extraordinario de financiación mediante el que proveedores titulares de créditos frente a poderes públicos cuya capacidad de pago estaba comprometida podían acordar renunciar al cobro de los intereses, de los costes legales y los costes de cobro a cambio del pago inmediato del principal, renuncia cuyo efecto consistía en cancelar la obligación de abonar toda la deuda y de poner fin a cualesquiera procedimientos judiciales que se hubieran iniciado".
Conclusiones
En este contexto, tras la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Murcia acerca de la interpretación de esta Directiva, la abogada general concluye que "la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en particular, su artículo 3, apartado 3, y la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en particular su artículo 7, apartados 2 y 3, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la norma nacional".

La citada "otorga al acreedor el derecho a adherirse a un mecanismo que prevé el pago acelerado del principal adeudado con arreglo a un contrato cuando el acreedor ha cumplido sus obligaciones establecidas en el contrato, siempre que renuncie a su derecho al pago de los intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro, al tiempo que permite al acreedor negarse a adherirse a este mecanismo con el resultado de que conserva su derecho a los intereses y a la compensación, aunque es probable que tenga que esperar bastante más para cobrar", concluye Sharpston.