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Instrucción juzgará si Salvador Illa fue responsable de desprotección de los sanitarios en la pandemia

acto procesal interpuesto por Amyts

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El Tribunal Supremo ha derivado el proceso judicial contra Salvador Illa, que fue ministro de Sanidad durante los primeros meses de la pandemia, al Juzgado de Instrucción nº 43 de Plaza de Castilla, en Madrid, en una causa por "un delito contra la seguridad de los trabajadores en lo más duro de la primera ola de Covid-19".

Esta querella fu presentada por el sindicato médico madrileño Amyts. "Será el juez de Instrucción quien realice las averiguaciones necesarias para comprobar si la falta de previsión de los EPI y de las imprescindibles medidas de seguridad para preservar la salud de los profesionales pudieran ser constitutivas de un delito contra los derechos de los trabajadores", explica la Asesoría Penal de dicha organización sindical.

"En Amyts, presentamos estas denuncias a los máximos responsables sanitarios tanto del Ministerio de Sanidad como de la Comunidad de Madrid", indican en este sindicato. En este sentido, añaden que se advierte de "un delito contra la seguridad en el trabajo contemplado en el artículo 316, o, subsidiariamente, en el artículo 317 del Código Penal".
Normas de seguridad e higiene
"Un nuevo paso que, ahora, ha dado el Tribunal Supremo sobre la querella al exministro Illa, con el fin, también, de que las investigaciones permitan discernir quiénes podrían ser objetivamente considerados como garantes y qué autoridades o funcionarios pudieron desoír el deber de actuar por las normas de seguridad e higiene en el trabajo", aclara esta organización sindical.

Respecto a las querellas a las autoridades sanitarias madrileñas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió archivarlas al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito. Pese a ello, Amyts recuerda que, "al inicio de la pandemia, en las semanas más críticas de marzo, en el sindicato, presentamos un escrito reclamando medidas cautelarísimas, con un objetivo muy concreto: que en un término de 24 horas se proveyese, a todos los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, de material de protección. Y la Justicia falló a nuestro favor, siendo de las primeras sentencias de todo el país".