FADSP espera que el escenario político progresista actual aumente los recursos en Sanidad pública

Tras los cambios de Gobierno producidos por las Elecciones regionales

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Los cambios de Gobierno producidos tras las Elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 24 de mayo, los cuales han tornado en "progresistas", según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), traerán consigo el aumento de los recursos de la Sanidad pública.

image__FADSP_200_64253A juicio de esta organización, que elaboró una declaración en este sentido, a pesar de que reconoce que "aún resulta un poco pronto" para emitir una opinión "con certeza", estas transiciones en muchos Ejecutivos regionales traerán aspectos "positivos", como el del citado incremento de los presupuestos públicos en materia sanitaria. Ello conllevará la recuperación de "personal, servicios y prestaciones", declara en contraposición a "los tremendos recortes que se han sufrido desde 2009".

"El margen de maniobra está limitado por el actual modelo de financiación autonómica y por el techo de gasto que el Gobierno impone a las comunidades, aunque es obvio que hay muchas opciones", continúa la FADSP, que expresa, no obstante, que las regiones no gobernadas por el PP "podrían presionar para mejorar la financiación y conseguir una finalista para la Sanidad".

Otro aspecto favorable es, a juicio de la Federación, la posibilidad de "garantizar la atención sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley 16/2012, es decir inmigrantes irregulares y los españoles que hayan tenido estancias en el extranjero superiores a 90 días y no tengan cobertura en otro país", así como "el acceso de todas las personas a las prestaciones farmacéuticas, de manera que no haya personas que no retiran los medicamentos prescritos por motivos económicos".
Paralizar las privatizaciones es "relativamente fácil"
"Paralizar las privatizaciones y recuperar lo privatizado", es otro hecho que pone de relieve la FADSP, que considera que "es relativamente fácil porque se trata de dejar la utilización sistemática de los centros privados cuando existe una alternativa en el sistema sanitario público". Sin embargo, matiza que la recuperación "es mas compleja y va a ser la verdadera prueba de fuego de los acuerdos de investidura", ya que "va a poner en evidencia la voluntad política real del cambio en el modelo sanitario".

La Federación, por otra parte, se muestra confiada en que se establezcan "mecanismos de participación y control de ciudadanos y profesionales sobre el funcionamiento y la gestión del sistema sanitario público". Al respecto de esta medida y las anteriores, sostiene que "Ciudadanos se ha comprometido en su programa con la sanidad pública", por lo que no espera menos de las regiones "en las cuales gobierna el PP en coalición con Ciudadanos".

No olvidando que en los Ayuntamientos "se pueden hacer muchas cosas", la FADSP expone a modo de recordatorio que, desde el 2011, el PP impuso una política de "recorte de recursos públicos y potenciación de los conciertos con el sector privado, endeudamiento inasumible a medio y largo plazo al recurrir al sector privado para la financiación y gestión de los nuevos centros, cesión de la asistencia de grupos de población a empresas multinacionales y eliminación de áreas sanitarias como espacios para la planificación y asignación de los recursos, y marginación de la Atención Primaria", entre otros aspectos.

Ante todo ello, insiste en que se debe apostar por "derogar el RD Ley 16/2012, recuperar las dotaciones de personal e infraestructuras, garantizar la sostenibilidad de la Sanidad pública mejorando su financiación, profundizar en la integralidad del sistema frente a la fragmentación del mismo en 17 sistemas de salud, garantizar el carácter público de los recursos sanitarios, incrementar la racionalidad y la eficiencia del sistema, mejorar la formación del personal sanitario, crear eEstrategia I+D+I con recursos públicos independientes de las multinacionales, promover la economía de escala, incrementar la transparencia, garantizar y consolidar los derechos ciudadanos en el ámbito de la salud, y la oposición a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, al tratado de libre comercio entre Canadá y la UE (CETA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA)".