El Tribunal Supremo aborda el pago de demoras por retraso en el abono de facturas a farmacias

Determina si las operaciones son comerciales o no comerciales

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La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de casación contencioso-administrativo en relación con los intereses de demora tras retrasos en el abono de las facturas debidas a las oficinas de Farmacia por la ejecución de la prestación farmacéutica a los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud (SNS), por dilación de la Administración obligada a su pago.

En concreto, el Tribunal Supremo debía determinar si en caso de retraso en el abono de la prestación farmacéutica debida a las oficinas de Farmacia, por dilación de la Administración obligada a su pago, los correspondientes intereses de demora deben cuantificarse conforme a la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, o bien si a esos efectos han de ser aplicadas las reglas de las obligaciones no comerciales de la Administración pública.

También debía identificar esta instancia judicial como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación los artículos 96.2 de la Ley 29/2006, de Garantía y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios; 4.1.b ) y 216.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP); 1, 3, 5 y 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; y artículo 2 de la Directiva 2000/35/ CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29-06-2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.
Condiciones económicas
Así, se interpuso recurso de casación 2940/2017 contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 8 de febrero de 2017 recaída en el recurso de apelación 447/14, que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo 405/2012 seguido ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 8 de Valencia contra la resolución de 18 de julio de 2012 de la Secretaría Autonómica de la Agencia Valenciana de Salud que, esencialmente, entendía que el concierto de 23 de junio de 2004 entre la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana y los colegios oficiales de Farmacéuticos de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, por el que se fijan las condiciones económicas para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las oficinas de Farmacia, no contempla el abono de intereses.

En esencia, afirma que el tipo de interés que debe abonar la Generalitat Valenciana por los retrasos en el pago de las facturas correspondientes a la prestación farmacéutica a cargo de las oficinas de Farmacia es el interés legal de acuerdo con el sistema de precios fijado en el Convenio de 2004 mientras esté vigente y no el recogido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y ello por cuanto "la relación que une a las farmacias con el sistema valenciano de salud es jurídico pública" y "la obligación de dispensar medicamentos a los afiliados de la Seguridad Social que presenten las recetas en las condiciones reglamentarias es una obligación ex lege".
Naturaleza del negocio jurídico
"El punto central en torno al que gira la controversia que se nos ha sometido es el relativo a la naturaleza del negocio jurídico plasmado en el concierto de 23 de junio de 2004 y, en relación con ella, si implica una operación comercial entre empresa o empresas y la Administración. Pues bien, hemos de decir que nos parecen convincentes los argumentos que mantienen las relaciones a que da lugar dicho concierto integren un contrato administrativo y den lugar a operaciones comerciales entre las oficinas de Farmacia y la Generalidad Valenciana", expresa el Tribunal Supremo.

"Dice bien la sentencia de instancia que las oficinas de Farmacia tienen la obligación legal de dispensar los medicamentos y otros productos farmacéuticos a los asegurados que presenten las recetas correspondientes en forma y que esa obligación es de Derecho Público. Resulta del artículo 103 de la Ley General de Sanidad, del artículo 1 de la Ley 16/1997, del artículo 84 de la Ley 29/2006 y, ahora, del artículo 86 del texto refundido 5 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015 de 24 de julio", prosigue la sentencia.

Según detalla este organismo judicial, el concierto no crea esa obligación de dispensa, ni tampoco genera en el asegurado el derecho a recibir el medicamento que se le recetó por el personal sanitario competente del servicio de salud. Su derecho dimana del artículo 10.14 de la Ley General de Sanidad y del artículo 91.1 del Real Decreto Legislativo 1/2015. No nace del concierto la obligación de la Generalitat Valenciana de financiar el gasto farmacéutico no satisfecho por los asegurados, ya que deriva de los artículos 78 y siguientes de la Ley General de Sanidad y demás preceptos concordantes.
No es operación comercial
"No establece, por tanto, el concierto una relación bilateral de la que nazcan las obligaciones correspondientes para la Generalitat Valenciana y para los colegios oficiales de Farmacéuticos ni puede hablarse, por tanto, de una operación comercial entre esa Administración y las corporaciones profesionales que suscribieron el concierto. El concierto solamente establece un mecanismo mediante el que la Generalitat Valenciana satisface a los colegios las facturaciones mensuales de las oficinas de Farmacia relativas a la parte del precio de los medicamentos dispensados que no satisfacen los asegurados", especifica la misma instancia.

Dicho de otro modo, canaliza la financiación pública de los medicamentos, que es uno de los elementos distintivos del SNS que descansa en la Ley General de Sanidad, pero esa vía o procedimiento no supone la entrega de bienes ni de contraprestaciones de empresas a la Administración, pues las oficinas de Farmacia están obligadas legalmente -es decir, al margen del concierto- a dispensar los medicamentos a los asegurados que presenten las recetas en forma y a cobrarles la parte de su precio que deben soportar y la Administración debe sufragar -también al margen del concierto- la parte del precio de los medicamentos que los asegurados no pagan.

"No se aprecia, pues, la relación contractual típica ni tampoco se advierten los elementos que, según la Directiva y la Ley 3/2004, identifican a las operaciones comerciales a las que se refieren. En consecuencia, la sentencia no ha infringido la Ley 3/2004 y ha establecido correctamente que a los intereses de demora por el retraso en el pago de las facturaciones respecto de los plazos previstos en el concierto no les es aplicable el tipo señalado por aquella, sino el legal del dinero", describe, de igual manera, el Tribunal Supremo.

Tras lo vertido en los razonamientos, declaran que no es aplicable para el cálculo de los intereses de demora, sobre los que se discutió en este proceso, la Ley 3/2004. Tal como establece la sentencia de instancia, se habrá de estar al interés legal del dinero, conforme al tipo fijado en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado.