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El T. Contencioso-Administrativo de Madrid anula la jubilación forzosa de Marciano Sánchez Bayle

Cabe recurso contra el fallo a favor del presidente de ADSPM

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 5 de Madrid ha proferido una sentencia por la que se anula la jubilación forzosa del presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), el doctor Marciano Sánchez Bayle, aunque cabe recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Marciano Sánchez Bayle,

De esta manera, esta instancia judicial de la Comunidad de Madrid falló a favor del demandante, que también forma parte de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), contra la Consejería de Sanidad del Gobierno de esta comunidad autónoma que, desde la notificación de esta sentencia, lo cual ya se llevó a cabo, tiene un plazo de 15 días para recurrir, si así lo estima oportuno.

Sánchez Bayle, que estuvo acompañado por el coordinador de Acción Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Mariano Martín, y por la abogada de esta organización sindical María Ángeles Villanueva, que fue la letrada que llevó su defensa, indicó, como explicación a todo el proceso, que el plan de sostenibilidad regional establece la jubilación forzosa a los 65 años, tras lo que es posible prolongar el servicio activo durante un año.
Se le notificó por parte del Gobierno regional cuando estaba de vacaciones
El máximo exponente de ADSPM, que era jefe de Sección de Pediatría General en el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de la capital de España, alcanzó la citada edad de jubilación en julio del año 2014, cuando, estando de vacaciones, se le notificó tal extremo. Previamente y en plazo, este profesional había presentado la solicitud de prolongación de la actividad profesional cumpliendo los requisitos marcados.

Ante ello, Sánchez Bayle y Villanueva basaron la defensa en que a otro compañero sí le fue reconocido su derecho a continuar trabajando, a pesar de que las circunstancias de ambos eran similares. Con respecto al presidente de ADSPM, la Administración expuso que ya había suficientes pediatras y que no realizaba procedimientos especializados, lo que no fue impedimento para prolongar un año el contrato de su colega, que tampoco llevaba a cabo dichos procesos pero al que sí le fue tenida en cuenta su experiencia.

El demandante, que indicó que tiene un total de 75 publicaciones en PubMed, por sólo cinco de su compañero, y que afirmó tener un Doctorado mientras su colega no, sostuvo que lo acontecido denota "arbitrariedad". Además, el por entonces titular de la cartera sanitaria del Ejecutivo madrileño, Javier Rodríguez, "tenía 70 años" en ese momento.
"Convencido" de que detrás hay "una actuación política"
Sánchez Bayle presentó, pues, un recurso de alzada ante la Comunidad de Madrid que no obtuvo contestación, tras lo que acudió a los tribunales, ya que señaló estar "convencido" de que esta actitud responde a "una actuación política". "Ha habido una represalia personal", añadió al tiempo que explicó que "no entraba dentro de los cánones", ya que representa a las dos mencionadas organizaciones que van en discordancia con la política del PP y porque protestó en reiteradas ocasiones por circunstancias del centro en el que trabajaba.

"No era una persona que ellos quisieran", continuó el presidente de ADSPM y representante de FADSP, organizaciones que no mejoraron su relación con el Gobierno regional tras el cambio de titulares en el mismo pero no de partido político en el poder. Con quien sí es óptimo el diálogo es con el resto de formaciones de la Asamblea de Madrid, incluido Ciudadanos. Esta actuación de la Administración es propia "de la política franquista", apunta, por lo que considera "importante" esta sentencia.
Indemnización con el sueldo de un año y readmisión por otros 12 meses
Este fallo, que "entiende probado que no eran ciertos los tres motivos que planteaba la Consejería de Sanidad para la jubilación forzosa", se traduce en que se abonará a Sánchez Bayle una indemnización correspondiente a los emolumentos que debería haber recibido durante el año de trabajo que le fue denegado, así como que se le reincorporará a su antiguo puesto con un contrato de un año de duración, tras lo que tendrá derecho a volver a solicitar nuevas prolongaciones si así lo desea hasta que cumpla los 70 años de edad.

"Se ha jugado todo lo sucio que se ha podido", lamentó el demandante, que argumentó esta afirmación en que el juicio se vio retrasado por el incumplimiento por parte del Gobierno autonómico de los plazos para presentar la información requerida por la instancia judicial. De hecho, puede que aún no haya acabado este procedimiento, ya que Villanueva advirtió de que la Administración "ha recurrido prácticamente todas las sentencias que no le fueron favorables".

Martín, por último, manifestó que ésta y otras medidas del "plan privatizador" del Ejecutivo madrileño "conllevan la destrucción masiva de empleo", ya que las plazas que quedan vacantes por jubilación forzosa "no son cubiertas". Esta coyuntura desemboca en "la disminución de la calidad asistencial", concluyó.