El Constitucional avala el texto que abrió la puerta a la ‘externalización’ en Madrid

El PSOE destaca que la providencia no llega a analizar las consecuencias de la externalización

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El Tribunal Constitucional (TC), mediante sentencia, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 Senadores del PSOE contra los artículos 62 y 63 de la Ley 8/2012, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid; en concreto, declara constitucional el citado artículo 62, que habilita al Servicio Madrileño de Salud a “adjudicar contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada” en seis hospitales.

image__tribunal_constitucional_200_58333Los argumentos esgrimidos por los socialistas en contra del artículo 62 de la citada Ley fueron desestimados en su totalidad por el Tribunal. Sin embargo, el órgano jurisdiccional advierte que el objeto del recurso que examina, "por lo que se refiere a los seis hospitales indicados, se limita a habilitar al Servicio Madrileño de Salud ―para adjudicar contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada", pero "sin concretar ni la modalidad de contratación de la gestión del servicio público, ni la naturaleza de las posibles entidades adjudicatarias, ni tampoco el contenido obligacional de la relación contractual".

Por lo que, añade: "el régimen sobre el que los recurrentes construyen su argumentación –el establecimiento de un sistema de concesión administrativa a empresas privadas, con financiación contractual capitativa– constituye una posibilidad, pero no un imperativo que necesariamente derive del texto normativo sujeto a nuestro control de constitucionalidad", razón por la cual el TC no debe analizarlo en la señalada providencia.

En consonancia con lo anteriormente señalado, y haciendo referencia al argumento de la demanda relaciónado con la vulneración a la igualdad de acceso, el TC señala que la tesis de los demandantes se "sustenta sobre una serie de consideraciones, perfectamente legítimas, que traducen un juicio crítico global sobre la solución organizativa plasmada en la norma impugnada pero que no es susceptible de un juicio de validez constitucional pues no se sustenta sobre una argumentación de carácter jurídico que permita a este Tribunal profundizar en todas sus vertientes".
La norma 'por sí sola' no pone en riesgo el régimen público de la Seguridad Social
No obstante, en lo atinente al régimen de la Seguridad Social señala que la norma no vulnera los principios constitucionales ya que éstos no exigen que "el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social requiera necesariamente y en todo caso un sistema de gestión pública directa”, sino que se preserve "en todo caso la titularidad pública del servicio”.

De igual manera agrega que “por sí sola” la ley recurrida no pone en riesgo el régimen público de Seguridad Social, debido a que la financiación se lleva a cabo mediante fondos públicos y “la definición de las prestaciones a las que tienen derecho los ciudadanos queda en manos, en todo caso, de los poderes públicos, no habiéndose producido un traslado de esta potestad a quienes asuman la gestión –y solo la gestión- del servicio público de la sanidad”.
EL Tribunal declara inconstitucional el art. 63
El TC sólo apoya los argumentos de los parlamentarios socialistas en cuanto al artículo 63 al declararlo inconstitucional. El citado artículo modifica la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid y otorga a determinadas sociedades médicas preferencia para ser adjudicatarias de la gestión.

En concreto, el precepto otorga preferencia a determinadas sociedades médicas, frente a otros aspirantes, en la adjudicación de la gestión de los servicios de asistencia sanitaria especializada. Este trato preferente según el TC contraviene "al principio de no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos".
El PSOE destaca que el TC no llega a analizar las consecuencias 'externalización'
image__freire_jose_manuel_2_62282 José Manuel Freire

El portavoz socialista de Sanidad en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, habló con Acta Sanitaria, tras conocerse el fallo, señalando que si bien "no es la sentencia que nos hubiera gustado", el PSOE sigue firme en su voluntad de oponerse a la privatización "por todos los medios".

En el sentir de Freire, el Tribunal Constitucional "se ha limitado ha analizar el texto literal de ley, pero no las consecuencias de esa ley, como sería el pliego de condiciones que sacaron un mes más tarde, de que nosotros presentáramos el recurso". Para el portavoz socialista, "el Tribunal no entra a juzgar el tema de fondo, porque la ley de medidas realmente no abordaba los temas de fondo sino que nosotros en el recurso aludíamos a ellos porque era evidente que se desprendían de ellos".