El Congreso rechaza la supresión de los copagos y las restricciones de las vacunas en las oficinas de farmacias

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Con un vacío casi total de señorías en sus escaños del Congreso de los Diputados comenzó el nuevo curso parlamentario. Una sesión dedicada- entre otros temas de profunda carga social- a la sanidad: se trataba de tomar en consideración una proposición de ley del Grupo Socialista sobre la suspensión de copagos sanitarios; otra de las mociones, consecuencia de las interpelaciones urgentes presentada antes de las vacaciones, fue la de la diputada de CiU, Conxita Tarruella, que hablaba sobre las restricciones en la dispensación de vacunas. Ambas iniciativas parlamentarias fueron rechazadas, no solo por la mayoría popular, sino también por otros grupos parlamentarios de la oposición.

José Martínez Olmos, PSOE

Subió al estrado el portavoz socialista de la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, quien defendió la proposición de ley sobre la supresión de los nuevos copagos, para lo que utilizó varios argumentos. El primero de ellos lo sustentó en la sanidad como problema que le preocupa a la ciudadanía y en el mandato del nuevo secretario general socialista, Pedro Sánchez, basado en que los políticos han de sustentar sus esfuerzos en defender aquello que preocupe a la gente de la calle.

Martínez Olmos evaluó la implantación del Real Decreto 16/2012, quizás el más vituperado en la historia de la democracia, como un cambio radical de modelo sanitario, sólo defendido por el partido que sustenta al Gobierno y destinado a ser cambiado a la menor oportunidad de poder de la  actual oposición socialista. Y según afirmación de Martínez Olmos, caracterizado como la ministra de Sanidad, Ana Mato, a poner a todo el mundo en alerta. Dispuesto a afear las conductas populares, con la ministra Ana Mato a la cabeza, Martínez Olmos apuntó a que es la primera vez en la historia de la democracia que los pensionistas debían echar mano al bolsillo para copagar sus medicamentos.
Un déficit sanitario de 20.000 millones
Desechó una de las principales argumentaciones de la ministra Mato armándose de datos provenientes del sistema Sigre- Sistema para garantizar la gestión adecuada de los residuos de envases de fármacos-. Algo así como “el algodón no engaña” y cuya experiencia dice que en 2013 (primer año de copago) se incrementaron tanto los medicamentos como los envases a desechar; lo que le llevó a afirmar que el consumo no se ha moderado. Tras la afirmación dedujo que es algo natural y hasta comprensible puesto “que los medicamentos son recetados por los médicos".  Primer reproche.

Tras citar a José Luís Llisterri, el presidente de Semergen, una de las asociaciones de Atención Primaria más destacadas, atribuyó a la misma el dato de que un 15 por ciento de pacientes crónicos y pensionistas no retiraba algún medicamento- generalmente el más caro- por razones económicas. Por lo que dedujo que esa circunstancia marcaba un paso atrás y que la carga legislativa del partido gubernamental perjudicaba la salud de las personas, al igual que otras restricciones como copagos en el transporte sanitario no urgente, ortopedia y los dietoterápicos, (en realidad no han llegado a entra en vigor). Para Martínez Olmos las restricciones tampoco han servido de control del gasto puesto que el déficit alcanza unos 20.000 millones en dos años y medio de gobierno popular.
El ahorro de las subastas de medicamentos
Tras afear al Gobierno de la nación y al partido que lo sustenta por el tratamiento dado a los pensionistas en lo que al copago se refiere, el portavoz socialista de sanidad apuntó a Andalucía, región que pone especialmente de los nervios a los populares (tal como si le nombraran la “bicha”), como paradigma de lograr sustanciales ahorros con las controvertidas y judicializadas subastas de medicamentos: 1.500 millones de euros fue la cifra de ahorro que citó Martínez Olmos, “muy superior al ahorro que se obtiene con el copago”.

Tras la propuesta de acabar con los copagos del portavoz socialista, los distintos partidos políticos se fueron decantando, con más o menos reticencias, a favor y en contra de la proposición de ley. Los distintos grupos coincidieron abundantemente en lo perjudicial del copago, en la actual degradación del sistema sanitario y en la destrucción de los servicios públicos a causa de la inaccesibilidad de algunos ciudadanos al sistema de salud y a la falta de financiación sanitaria. Algunos pidieron directamente la derogación de toda la normativa de copagos y repagos. Otros grupos parlamentarios hicieron hincapié en la ruptura de la universalidad. Con ser muchas las coincidencias de la oposición en bloque, algunos partidos de la oposición aunque apoyando la iniciativa socialista, trataban de diferenciarse y desmarcarse de la misma en ciertos aspectos.
Se les fue la mano
Rosa Díez, UPyD Rosa Díez, UPyD

Rosa Díez, la líder de UPyD, prácticamente la única cabeza de un grupo político que permaneció en su escaño desde el comienzo del debate hasta su fin, animó desde su asiento a olvidar las diferencias ideológicas y a hacer una abstracción , “para analizar las consecuencias “perversas” y “negativas” del RD 16/2012. Convino en que tales consecuencias habían sido ampliamente contrastadas y que cayeron con especial contundencia sobre los ciudadanos más necesitados de protección estatal. Así que animó a pasar de colores políticos para llegar a un acuerdo “a lo que hoy se somete a consideración, que es la propuesta de que entre en debate un Real Decreto que no defiende a nadie y perjudica a todos”; afirmación a la que siguió que hasta los propios miembros del PP confiesan en privado que la situación  se les ha ido la mano, que se ha pasado. Rosa Díez advirtió que las actuales medidas no solo tendrán consecuencias para la salud sino que vaticinó repercusiones económicas nefastas. Así que pidió al partido mayoritario “grandeza para darle la razón a la iniciativa legislativa presentada” y que “rectifiquen”.
Por la vuelta de los derechos sanitarios
Gaspar Llamazares, Izquierda Plural Gaspar Llamazares, Izquierda Plural

Y llegó el turno de Gaspar Llamazares (IU), que habló en nombre de la Izquierda Plural. Comparó las políticas de copago del Gobierno con el bálsamo o jarabe de Fierabás del Quijote, que crea un efecto negativo en Sancho, o sea en el vulgo, y le sienta bien al ingenioso hidalgo o caballero. Y aclaró que, no siendo ni vulgo ni caballero, las sociedades científicas y otras instituciones dicen que los enfermos crónicos, los polimedicados y pensionistas (entre un 14 y un 16 por ciento) habían roto la adherencia a sus tratamientos, prescindiendo por lo general del medicamento más caro, “con lo que cronifican las patologías”. Entendió que tampoco se había conseguido racionalizar el uso de fármacos. En cambio sí que percibió lo que denominó “efecto cascada” en el gasto farmacéutico hospitalario”, así como un “rebote” en el segundo año de recortes en las oficinas de farmacia. Pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, si es verdad que se está produciendo una recuperación económica, que devuelva los derechos sanitarios a los ciudadanos.
Falta de financiación estructural
Conxita Tarruella, CIU Conxita Tarruella, CIU

Conxita Tarruella (CiU), tras recordar las diversas iniciativas parlamentarias de su grupo contra el famoso RD 16/2012, explicó que las diferencias están tanto en la forma como en el fondo y que con la petición de su grupo de crear la Subcomisión sobre Sanidad habían pretendido atajar los problemas estructurales. Para CiU el gran problema actual de la sanidad es la falta de financiación estructural que no nos permite acercarnos a la media de los países de la UE. Criticó los tramos de copago como inequitativos y pidió la inclusión de tramos intermedios, tal como ya se ha acordado.

Actualmente hay tres bandas de copago farmacéutico: para rentas anuales menores de 18.000 euros, entre 18.000 y 100.000 y de más de 100.000 euros. En concreto la propia ministra, Ana Mato, reconoció que habría que cambiarlos. Y en el Consejo Territorial de marzo de 2013 se acordó, e incluso anunció a los periodistas, que la introducción de nuevos tramos contaba con las bendiciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hacerlo. La propuesta que alcanzó gran aceptación en general quedó así :desde 18.000 hasta 36.000 euros; desde 36.000 hasta 72.000; y desde 72.000 hasta 100.000.

En la actualidad, los pensionistas con rentas superiores a los 18.000 euros anuales deberán abonar como máximo 18 euros al mes por sus recetas. Si superan los 100.000 euros de renta, pagarán el 60 por ciento de las medicinas, con un tope de 60 euros al mes, mientras que los pensionistas con rentas inferiores a los 18.000 euros tendrán que pagar un máximo de 8 euros al mes. Estos límites se actualizan, de forma automática cada mes de enero según la evolución del IPC. Sobre el papel la oficina de farmacia cobra en el momento de cada dispensación la aportación que indique la receta. El sistema reembolsará al paciente el dinero que proceda según su desembolso previo y el tope mensual que le corresponda (solo pensionistas; los activos no tienen tope mensual). La norma fija también que el importe de las aportaciones que excedan estos montos será reintegrada por la comunidad autónoma correspondiente, con una periodicidad máxima semestral.

Conxita Tarruella sí que apoyó la toma en consideración de la proposición socialista puesto que “en debate todos podremos aportar ideas, soluciones y alcanzar consensos”.
La vuelta a la desigualdad
Rubén Moreno, Partido Popular Rubén Moreno, Partido Popular

Y le tocó defender el copago al portavoz del PP en la Comisión de Sanidad, Rubén Moreno, quien afirmó que sus señorías hablaban mucho de copago ( en el buen sentido) cuando están en el Gobierno. Y tiró de hemeroteca para desmontar las teorías de la oposición. Recordó que los pensionistas con unas rentas inferiores a 18.000 euros no pagan sus medicamentos y defendió la justicia de una ley en la que “pagan más los que más tienen y menos los que menos tienen”, con los consiguientes topes, indicados más arriba. Habló de efecto “racionalizador” y tildó de falso que se estuviera creando alarma social.

La cuestión es que en la práctica no se lleva con rigor la teoría. Más de una persona se ha quejado de que pagaba lo mismo por sus medicamentos estando en el paro con subsidio como cuando se quedó sin ninguna prestación como cuando fue contratado. Y  en el PP se presume de que en la actualidad los parados no sueltan un euro por sus medicamentos. El ejemplo expuesto por Rubén Moreno basándose en el modelo anterior es el de un señor que gana 900 euros , que tiene 4 hijos y que no obstante ha de pagar el 40 por ciento de los medicamentos. Esto, afirmó, es volver a una situación de desigualdad.
Desencuentro en la política de vacunación
En la moción, consecuencia de interpelaciones urgentes sobre restricciones en la dispensación de vacunas, defendida por Conxita Tarruella, fueron expuestas las razones ya conocidas. Fundamentalmente Tarruella vino a decir que si pediatras y padres estaban de acuerdo en que los chicos debieran vacunarse de varicela, el Gobierno no tendría por qué intervenir y que, por tanto, la vacuna debería poder adquirirse en oficinas de famacias.

El diputado de UPyD, Toni Cantó, criticó fundamentalmente la no universalidad de las vacunas e insistió en que debieran ser gratuitas para todos y no como ocurre en la actualidad que se la ponen los niños cuyas familias pueden pagarla y otros no, a no ser que estén en situación de riesgo. Citó la disparidad de criterios en el caso de esta vacuna y también en otras, en cuanto a las edades en las que les deben ser administradas, en las distintas comunidades autónomas.. Así que se decantó por que se dispensaran todas las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento y por un calendario común de verdad.
La discusión sobre las edades en que las vacunas han de ser administradas
El representante de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, se inclinó por seguir los pasos indicados por la OMS y por la mayoría de los países de la UE, y que son los de vacunar contra la varicela en la preadolescencia. Avisó de que no votarían la moción de CIU.

María Guadalupe Martín González, del Grupo Socialista, criticó las incomparecencias de la ministra del ramo al Congreso y la circunstancia de que la vacuna la pueda tener quien tenga posibilidades de pagarla puesto que la sanidad ha dejado de ser gratuita y universal.

Por el Grupo Popular intervino en esta ocasión la diputada Felicidad Rodríguez, quien no se sabe muy bien qué dijo pues nada más comenzar su argumentación sus señorías entraron al pleno en tropel. Llegaban a votar, no sea que les caiga una multa. Y ¿de dónde venían?. ¿De cumplir sus obligaciones?. Entraban a la sala en agradable charla produciendo tal escandalera que hacían imposible escuchar a la representante popular. Cosas de la cortesía parlamentaria. Se echaba de menos una llamada de atención del presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posadas, que también andaba enfrascado hablando con alguien desde su tribuna presidencial. Y eso que últimamente a los políticos no se les cae la palabra “regeneración” democrática de la boca.