Dos años de reforma sanitaria: más cerca del modelo de aseguramiento, menos de la universalidad

Informe de Médicos del Mundo "Dos años de reforma sanitaria, miles de vidas humanas en riesgo"

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Médicos del Mundo ha presentado su Informe: "Dos años de reforma sanitaria, miles de vidas humanas en riesgo", que evalúa el Impacto que ha tenido, en sus dos años de vigencia, el RDL 16/2012; el Informe señala, entre sus conclusiones, que dicha reforma oculta un cambio de modelo, del universal al de aseguramiento, que ha exacerbado las desigualdades entre comunidades y que ha negado el acceso a la sanidad a miles de personas, lo que ha puesto en riesgo sus vidas.

image__medicos_del_mundo_ong_19706Para Médicos del Mundo la aprobación del Real Decreto-ley llamado "de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones", de abril 20 de 2012, oculta la realidad de un cambio de modelo que nos está alejando de la universalidad del acceso para acercarnos a un modelo de aseguramiento. Asimismo, esta ONG insiste en su informe que esta reforma sanitaria no se justifica ni desde el punto de vista de los derechos humanos, ni económico, ni de salud pública, ni desde la ética médica. Asimismo, como señala Médicos del Mundo, la "exclusión sanitaria de miles de personas, además de ser una medida regresiva y discriminatoria que va en contra del derecho humano a la salud, conlleva graves riesgos para la salud pública y un efecto económico negativo". Como datos claves de su Informe, Médicos del Mundo resalta los siguientes:
Se han incrementado las desigualdades en salud entre las CC. AA
La ONG señala que diez comunidades han dispuesto medidas para proporcionar atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular sin recursos; ocho de ellas en forma de "programa complementario" y dos reconociendo el derecho a la atención sanitaria de igual manera que el resto de la población residente; entre el resto de las comunidades se han definido condiciones de acceso a la atención médica (sin tarjeta sanitaria) en determinados supuestos y con criterios diferentes.
Las diversas medidas diseñadas por las CC. AA no llegan a resolver la quiebra del principio de Universalidad del Derecho Humano a la Salud.
Así, a modo de ejemplo, sólo 1.470 personas han logrado cruzar con éxito la travesía burocrática necesaria para beneficiarse del programa gallego, 500 del aragonés y sólo 145 del canario,  de las 48.000 que perdieron su tarjeta en estas islas.
La prestación farmacéutica es regulada también de manera desigual entre las comunidades autónomas.
En general, los programas o medidas especiales puestos en marcha por algunas comunidades autónomas no incorporan medidas significativas. Como excepciones están Asturias o Andalucía donde el procedimiento existente permite la prescripción y dispensación normalizada sujeta a una aportación del 40% de aportación; y Extremadura, donde las personas beneficiarias del programa complementario puesto en marcha por el gobierno regional están sujetas sólo a la aplicación de un 50% de copago por prestación farmacéutica.
La urgencia de la reforma se justificó por su insostenibilidad; dos años después, la sociedad desconoce cuál es la evaluación del impacto
Señala Médicos del Mundo que la retirada de las tarjetas sanitarias se incluyó entre las medidas relacionadas con las recomendaciones específicas del Programa Nacional de Reformas creado, al parecer, para “aumentar la competitividad y sobre todo la flexibilidad de la economía española”; sin embargo, en dicho Plan no se identifica cuál es la implicación de la medida en el presupuesto español, en términos de gasto ni tampoco de ingresos; ni se describe cuál es su impacto ni en el PIB ni en la generación de empleo de esta medida.
Diferentes mecanismos de derechos humanos vienen advirtiendo al Gobierno sobre las graves consecuencias de los recortes
Entes como el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en mayo de 2012; el Relator Especial de la ONU sobre racismo, en enero de 2013; el comisario de los Derechos Humanos de Consejo de Europa; y el Comité Europeo de Derechos Sociales, en enero de 2014, se han pronunciado en este sentido.
Baile de cifras sobre las tarjetas sanitarias retiradas
La ONG señala que el Gobierno informó a Bruselas en 2013 que fueron 873.000 tarjetas sanitarias de personas extranjeras “no residentes en España”; la ministra Ana Mato informó a la Comisión de Sanidad, en enero 2014, que se habían dado de baja a 676.000 personas extranjeras que ya no constan como residentes en nuestro país; y el Ministerio de Sanidad, en respuesta escrita a mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, en enero, 2014, afirmó que habían sido 748.835 las tarjetas que se habían dado de baja.
Miles de personas enfermas sin atención médica ni farmacéutica
Como consecuencia de la crisis económica, miles de personas inmigrantes han visto como tras perder el empleo también se les niegan sus derechos sociales, entre ellos el acceso a la atención sanitaria. Médicos del Mundo ha tenido conocimiento de más de 1000 casos documentados de personas que han sufrido algún tipo de vulneración al derecho a la salud desde la entrada en vigor del RDL. Además, Médicos del Mundo sigue registrando casos de mujeres embarazadas y menores de edad a quienes se niega el acceso a la atención sanitaria, se ofrece información errónea sobre el derecho que la legislación les reconoce, o se les factura la atención prestada.
Médicos del Mundo pide al Gobierno que restituya el modelo universal
Médicos del Mundo, entre sus recomendaciones y en primer lugar, pide al Gobierno de España que restituya el modelo sanitario acorde con el principio de universalidad; eliminando las figuras de asegurado y beneficiario.

Por su parte, y en la línea de avanzar medidas de contención al impacto de la reforma sanitaria y hasta que tenga lugar su derogación o reforma, recomienda a las comunidades poner fin de manera inmediata a las prácticas de facturación por la atención de urgencias a las personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria; garantizar de manera efectiva la atención sanitaria a menores de edad y mujeres embarazadas en todos los casos; poner en marcha medidas de acceso a los servicios de salud y prestación farmacéutica para las personas inmigrantes excluidas del Sistema Nacional de Salud; divulgar ampliamente y hacer cumplir las medidas diseñadas a todo el personal adscrito al sistema de salud autonómico; y promover, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, la aprobación de recomendaciones para el Ministerio de Sanidad orientadas a reformar el Real Decreto-ley 16/2012 y restituir las condiciones para avanzar hacia la plena universalidad del Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, recomienda al personal sociosanitario, de administración y gestión del Sistema Nacional de Salud, sumarse al movimiento de objeción de conciencia con respecto a la aplicación del Real Decreto 16/2012, consideramos que existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos. En cuanto a la ciudadanía, apoyar las movilizaciones y acciones de rebeldía frente al Real Decreto-ley 16/2012 impulsadas por gran número de organizaciones sociales.