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CCOO insta al Ejecutivo a negociar la subida salarial de los empleados públicos

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El Área Pública del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) se ha reunido con la Secretaría de Estado de Función Pública para exigir "un mayor compromiso del Gobierno con el diálogo social y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados" e insta a negociar "la subida salarial de empleadas y empleados públicos", entre los que se encuentran los del sector de la Sanidad, para "la recuperación del empleo y estabilidad de las plantillas".

"Acabado el Acuerdo salarial del período 2018-2020, suscrito con el anterior Ejecutivo y que permitió iniciar la senda de recuperación de poder adquisitivo para más de tres millones de empleadas y empleados públicos, el Gobierno debe sentarse ya para cerrar un nuevo Acuerdo de legislatura (2022-2023) que permita seguir recuperando derechos y poder adquisitivo, compromisos adquiridos en el Acuerdo de 5 de julio de este año", explican desde esta organización sindical.

Este sindicato anuncia que se movilizará "si, de nuevo, el Gobierno, sin negociación, impone el incremento retributivo, como hizo con el 0,9 por ciento en 2021". Por ello, solicitó a la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, retomar la negociación comprometida en el Acuerdo de 5 de julio, para este mes de septiembre, de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, en lo referente a las retribuciones de los empleados públicos y el empleo.
En materia de remuneraciones
Además de las exigencias en materia de remuneraciones, CCOO trasladótres prioridades relacionadas con el empleo: "compromiso, celeridad y seguridad jurídica para llevar a buen término los procesos de estabilización; eliminación de la tasa de reposición, de manera que se ponga fin al período austeridad de 2008 y se pueda recuperar el empleo público; y, por último, acometer planes de empleo para el rejuvenecimiento de las plantillas".

Asimismo, esta organización sindical pidió que se convoque la comisión de seguimiento del Acuerdo de 5 de julio del Plan de choque para reducir la temporalidad en las Administraciones públicas, "siendo necesario acometer, cuanto antes, su desarrollo". En este sentido, reclamó aclaraciones sobre "la descoordinación, e incluso contradicción", en las convocatorias de procesos a finales de julio en la Administración General del Estado.