Cataluña y Madrid, comunidades que más gasto sanitario dedican a contratar con centros privados

Informe 2015 de la fadsp sobre la situación sanitaria en las ccaa

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privatizacion fadsp
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La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha presentado el Informe 2015 sobre la situación sanitaria en las comunidades autónomas, realizado con datos de 2014 y 2015, que refleja que Cataluña y Madrid son las dos entidades territoriales de este tipo que más gasto sanitario dedican a contratación con centros privados, destinando porcentajes del 25 y 10,8 por ciento respectivamente.

De los apartes titulados "privatización" de estos informes se desprende que Cataluña aumentó este porcentaje en un 0,9 por ciento en un año, desde que se realizó el Informe 2014, y Madrid, por su parte, en un 2,3. Asimismo, se incrementó en el mismo periodo de tiempo el porcentaje de gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados de dos de las tres comunidades que menos presupuesto dedicaban a este tipo de acuerdos: Aragón en un 0,2 por ciento y Extremadura en un 0,5. Por contra, cabe destacar que Cantabria lo disminuyó en un 1,5%, siendo, según los últimos datos de esta organización, la que en menor proporción dedica recursos sanitarios a acuerdos con centros privados.

GastoBol = gasto de bolsillo anual por persona en Sanidad (Informe 2015)

GSCP = Porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados (Informe 2015)

 

 

 

 

 

 

 
Desde 2009 se han sufrido recortes de entre 15.000 y 21.000 millones €
Con el fin de evaluar las diferencias en los sistemas sanitarios autonómicos presentes desde la finalización de las transferencias sanitarias a las CCAA en 2001, la FADSP lleva realizando estos informes desde 2004, concluyendo que "desde 2009 los servicios sanitarios públicos han sufrido una agresión continuada con un proceso de recortes muy importante, entre 15.000 y 21.000 millones € menos de presupuesto según las diversas fuentes, recortes que se han producido en todas las CCAA sin excepción, pero cuya intensidad ha variado mucho de unas a otras".

"Estos recortes se han evidenciado sobre todo el los recursos humanos disponibles (los trabajadores sanitarios)", agrega el informe, "que han sufrido una disminución general aparte de un notable empeoramiento de sus condiciones de trabajo, pero también en el funcionamiento del sistema sanitario, especialmente en lo que respecta a las listas de espera, por lo que la opinión de la ciudadanía sobre el mismo ha empeorado de manera muy notable". En concreto, los datos de esta organización revelan que "el porcentaje de personas que señalan que el sistema sanitario funciona bien o bastante bien ha pasado del 73,88% en 2010 al 62,70% en 2014".
País Vasco y Navarra, las comunidades con los mejores servicios sanitarios
El informe califica al País Vasco y Navarra como las comunidades que cuentan con los mejores servicios sanitarios, otorgándoles puntuaciones de 80 y 74 respectivamente, para lo cual la FADSP tiene en cuenta aspectos como financiación y recursos, entre los que se incluyen el gasto per cápita, camas por 1.000 habitantes, médicos y enfermeros por 1.000 habitantes, entre otros; la política farmacéutica; la valoración de los ciudadanos según el Barómetro Sanitario, encuesta que lleva a cabo la propia Administración; y, también, el tema de la privatización sanitaria que ya se mencionó. En el extremo opuesto Canarias y Valencia ocupan las peores posiciones, con puntuaciones de 44 y 45 puntos respectivamente.

"La diferencia entre CCAA es claramente excesiva (de 36 puntos sobre un máximo alcanzado de 80). La ratio entre la comunidad autónoma de mayor puntuación y la de menor puntuación es de 1,81 algo mayor que la de 2014 (1,76) y sigue evidenciando una gran disparidad en los servicios sanitarios entre las CCAA, que va en aumento, lo que pone en peligro la necesaria cohesión y equidad entre territorios", se destaca en el documento.
Una 'Ley de Transparencia' poco útil
Finalmente, la FADSP destaca que "a pesar de la aprobación de una autodenominada ley de Transparencia, el acceso a los datos del funcionamiento del sistema sanitario público sigue siendo imposible para la población y los investigadores, e incluso para los organismos internacionales".