El objetivo de dicho trabajo fue conocer cómo repercute el riesgo de denuncia y demanda judicial en la práctica médica en un ámbito en el que existe un contacto muy directo con el paciente que, según manifiestan desde la OMC, llega en circunstancias "muy particulares" para recibir asistencia sanitaria inmediata.
Los datos, obtenidos a través de un cuestionario online con el que se recabó la opinión de 1.449 facultativos de estos servicios sanitarios, reflejan que el 91,3 por ciento de los encuestados cree que la presión judicial sobre ellos se ha incrementado "considerablemente", y así lo percibe un 5,4 por ciento más de mujeres que de hombres encuestados. En particular, destaca la organización colegial, son los profesionales sanitarios de hospitales privados y de menos de 500 camas los que se muestran más críticos ante este aumento de la presión judicial.
Perfil del profesional con más denuncias
Por otra parte, el 54,5 por ciento de los médicos de Urgencias Hospitalarias asegura haber recibido, al menos, una reclamación, y el 23,6 por ciento, una denuncia. En este sentido, el perfil del profesional con mayor número de reclamaciones y demandas es el del varón mayor de 50 años que ejerce en un hospital privado con menos de 500 camas.Por otra parte, el 89,9 por ciento considera que en dichos Servicios se realizan pruebas diagnósticas "de dudosa utilidad", y un 63 por ciento cree que los tiempos de estancia de los pacientes ya diagnosticados se alargan "de forma innecesaria" por prevención ante posibles problemas legales.
Apoyo institucional y de los médicos
Con este estudio también se ha pretendido conocer la percepción de los médicos sobre el apoyo institucional y por parte de sus compañeros. A este respecto, un 88 por ciento de los encuestados dice no sentirse protegido por las estructuras hospitalarias o sanitarias de los problemas legales que pudieran tener con los pacientes, ni en un 79,1 por ciento, respaldados por la Dirección del centro. Sin embargo, un 67,6 por ciento sí afirmó percibir la comprensión y solidaridad por parte del resto de médicos de su Servicio.Otra de las conclusiones que la OMC extrae del estudio es "la falta de herramientas para afrontar este tipo de situaciones", ya que el 86,7 por ciento de los facultativos reconoce no tener los conocimientos médico-legales suficientes para afrontar los problemas legales que se les presentan en los Servicios de Urgencias.
Asimismo, un 60,6 por ciento se muestra desconocedor de las posibles consecuencias que puede acarrear la denuncia de un paciente, y un 96,1 por ciento aboga por la potenciación de la formación médico-legal, con el fin de tener una preparación adecuada que les ayude a superar este tipo de situaciones.