Concretamente, ASPE se hace eco del artículo 132 de dicha norma, que establece que "en ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación".En este sentido, la Alianza sostiene que la Ley "aclara que los poderes públicos no tienen libertad para organizar los servicios sanitarios articulando instrumentos no contractuales", lo cual, asegura, está "en contraposición a lo pretendido por Comunidad Valenciana y Aragón".
ASPE insiste en que la normativa vigente en ambas regiones "es contraria a la Ley básica estatal, lo que supondría una infracción del reparto competencial establecido en la Constitución Española y por ende la inconstitucionalidad sobrevenida de las normas valenciana y aragonesa", y concluye reiterando su apoyo a esta Ley que, asegura, "podrá poner fin a una situación de flagrante injusticia en las regiones anteriormente mencionadas".