Punto de vista Punto de vista

Política sanitaria ruin y miserable hasta el último minuto de legislatura.

En la última entrada de su blog, Juan Simó se pronuncia contra una de las últimas decisiones del Gobierno del presidente Rajoy, al haber recurrido al Tribunal Constitucional la normativa valenciana sobre la universalización de la asistencia sanitaria pues, a su juicio, el gobierno tergiversa la realidad.

El Consejo de Ministros celebrado el viernes 23 de octubre, tan sólo tres días antes de que el presidente Rajoy firmara la disolución del Parlamento y convocase elecciones generales, acordó la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3-2015, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria pública en la Comunidad Valenciana en vigor desde el 29 de julio pasado. La razón esgrimida por el Gobierno del PP para recurrir el Decreto valenciano fue la extralimitación competencial del Consell pues, según el Gobierno del PP, sólo al Gobierno de España le corresponde decidir sobre quién tiene o no derecho en España al acceso a la sanidad pública. Pero el Gobierno de España, todavía del PP, se equivoca…

La ampliación del derecho siempre se circunscribió al ámbito territorial de la CCAA y nunca fue exportable ni al resto del territorio nacional ni, mucho menos, a la Unión Europea.

Desde la noche de los tiempos, algunas CCAA han regulado el aseguramiento sanitario público, ampliando el derecho, dentro de su jurisdicción para aquellas personas sin derecho en un intento de universalizar de forma efectiva la atención sanitaria: unas mediante contraprestación económica (Cataluña, Navarra) y otras sin ella (Andalucía, Extremadura). La ampliación del derecho siempre se circunscribió al ámbito territorial de la CCAA y nunca fue exportable ni al resto del territorio nacional ni, mucho menos, a la Unión Europea.

Paradojas manifiestas

Debido a esto, siempre se han dado paradojas como esta: se ha podido dar el caso particular de que se reconociera el derecho a la asistencia sanitaria pública del SNS en una determinada Comunidad Autónoma a una persona a la que el INSS no se lo reconocía o, más aún, no se lo reconocía otra Comunidad. Afortunadamente, estas situaciones no son habituales, pero constituyen el ridículo exponente de las contradicciones que encierra la «maraña legislativa» que intenta regular el derecho de acceso a la sanidad pública en España.

Hace pocas semanas, el ministro Alonso presentaba una propuesta a las CCAA para ver cómo se ponían de acuerdo para dar asistencia sanitaria a quienes su antecesora en el cargo excluyó en la primavera de 2012 mediante el RD-Ley 16/2012. Es decir, siguiendo la línea typical spanish de la chapuza, Alonso quería que todas las CCAA se pusieran de acuerdo para desobedecer una norma con rango de Ley (el RD-Ley 16/2012).

Al Ministro Alonso de Sanidad del PP le preocupaba que los inmigrantes ilegales exportaran su derecho a la sanidad pública española a otros países miembros de la UE o a aquellos con los que mantenemos convenios de reciprocidad en la atención sanitaria pública, pues eso facilitaba la utilización perversa de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE).

Sin exportación del derecho a la asistencia

El Decreto valenciano cumple con los requisitos del Ministro Alonso del PP de impedir la exportación del derecho fuera del territorio nacional español.

No sólo eso; como ha ocurrido siempre que una CCAA ha tomado la iniciativa a este respecto, tampoco exporta el derecho a ninguna otra Comunidad Autónoma. Se puede decir que el Decreto valenciano de extensión de la cobertura sanitaria pública a los inmigrantes sin papeles excluidos por el RD-Ley 16/2012 del PP, es de una redacción impecable, y se cuida muy mucho de no meterse donde no le toca. Por ejemplo, deja claro que “a las personas que se puedan acoger a las condiciones de acceso al sistema valenciano de salud establecidas por este decreto ley no se les atribuye la condición de persona asegurada o beneficiaria del sistema nacional de salud” (Art. 1.2). Lo cual significa que nunca podrán exportar su derecho fuera de la Comunidad Autónoma Valenciana ni, por supuesto, a la Unión Europea. Es decir, nunca podrán obtener del INSS el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria del SNS en todo el ámbito nacional ni, consecuentemente, el derecho a disponer de la TSE.

El Decreto valenciano insiste en la cuestión: “La atención sanitaria se prestará exclusivamente en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, por tanto, no genera derecho a la cobertura de la asistencia sanitaria con cargo a la Generalitat fuera de la misma.” (Art. 2.2). La única cuestión que podría preocupar al Ministro Alonso de Sanidad del PP es el asunto de la tarjeta sanitaria. En la Comunidad Valenciana, la Tarjeta Individual Sanitaria (la que te da derecho a ser atendido por la sanidad pública valenciana) se llama SIP (Sistema de Información Poblacional). El artículo 8 del Decreto valenciano deja claro que: “Para su identificación personal y acceso al sistema valenciano de salud, las personas comprendidas en el objeto de este decreto ley dispondrán de un documento de asistencia sanitaria SIP. Este documento solo será válido en la Comunitat Valenciana.

Política sanitaria ruin hasta el final

Acabamos de conocer que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso, lo que significa que se suspende la vigencia y la aplicación del Decreto valenciano (vigente desde el pasado 30 de julio). Miles de personas, se estima que unas 30.000, quedan jurídicamente desamparadas, nuevamente excluidas de la sanidad pública, por la interposición de este recurso del Gobierno del PP. Lla consecuencia de una política sanitaria ruin, mezquina, indigna y miserable desarrollada hasta el último minuto de legislatura.

Juan Simó Miñana

1 Comentario

  1. Carmelo says:

    Interesante el tema que sugieres y que, a efectos didácticos, alguien con experiencia y conocimiento debería novelar.A estas altura del siglo, y para general conocimiento de la parroquia alguien debería contar/novelar cuales eran las características de las (en palabras de Carlos Barra Galán, por citar a no de los muchos que han hablado sobre ello):
    .”La promulgación del RDL 16/2012 (conocido como decreto Mato) expulsó del derecho a la asistencia sanitaria a 800.000 inmigrantes irregulares que residían en nuestro país, estaban empadronados en municipios españoles y poseían tarjeta sanitaria; era la prueba más clara y palpable de la ideología del PP en materia sanitaria.”.

    Es sorprendente que 3 años después no se haya caracterizado la tipología del inmigrante irregular que fue desposeido de su tarjeta hasta un total de 800.000 cifra que no hay Dios que se trage; pudieron ser inmigrantes pero no irrregulares (en muchos casos) y tampoco con residencia habitual en España en otro montón de casos.
    Brujuleando encontré un artículo de una demógrafa, que te adjunto:
    http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/comentario-gonzalezenriquez-acceso-sanidad-oscuridad-estadistica-sobre-migraciones#.VfG5u9Ltmkp
    que dice tal que así:
    La realización del Censo en 2011 constató esa inflación del Padrón al encontrar 904.800 extranjeros que figuraban en el Padrón pero que no residían realmente en el país. En relación con la cifra total de extranjeros registrados en el Padrón a 1 de enero de 2012 (éste es el más cercano al Censo de noviembre de 2011), esto implicaba un 16%, un porcentaje muy considerable. Es decir, uno de cada seis extranjeros empadronados en 2011 no estaba viviendo realmente en España.
    Evidentemente el padrón era una chapuza que a partir de 2006 se empezó a depurar y quizás los 904.000 eran 200.000 menos y que por supuesto en ningún caso se dice que fueran irregulares pero en cualquier caso me juego cualquier cosa a que todos, toditos todos, TODOS tenían la tarjeta sanitaria (obviamente para que cojones van a devolver un regalo que les permite asistencia gratis y la íntima satisfacción de tocarle las pelotas al “opresor” estado español) si fuera ese el xaso y sensación. Evidentemente hay que devolver la cobertura universal a los extranjeros (regulares e irregulares que circulen por España y darles un documento tipo Valencia a aquellos que de manera habitual vivan en España. Más que nada para evitar el cachondeito que según el tribunal de cuentas -os aconsejo vivamente si lectura- nos ha costado la broma de 1.000 millonesde euros anuales por absoluta desidia , dejadez y puritito mamoneo de los responsables político sanitarios de este pais.MIRA TÚ QUE NO SE PUEDEN HACER COSAS CON 1000 MILLONES DE EUROS AL AÑO.

    Saludos nocturnos y un recuerdo para vuestro anterior centro de salud que si no recuerdo mal estaba en la Travesía de San Blas, lugar al lado de donde viví desde 1968 hasta 1975