Política y Sociedad Según analistas reunidos por la Fundación Alternativas

La polarización política amenaza con cronificar los daños sanitarios y económicos de la Covid-19

La polarización política amenaza con cronificar los daños económicos y sanitarios provocados por la Covid-19 en España, tal como se ha afirmado en un encuentro interactivo organizado por la Fundación Alternativas y la Asociación por una España Federal.

En esta cita virtual, que llevó por lema ‘El estado autonómico frente a la pandemia‘, no hubo acuerdo pleno sobre si España posee un modelo confederal, o de otro tipo, al tiempo que se denunciaron riesgos de populismo para el país, planteamientos ideológicos irreductibles y una gestión sanitaria deficiente en un contexto de indefensión jurídica para las Administraciones de las comunidades autónomas.

Jesús Ruiz-Huerta

Federalismo o no

El director del Laboratorio de la Fundación Alternativas y presidente de Madrid Federal, Jesús Ruiz-Huerta, observa fallos de coordinación en el abordaje de la pandemia de la Covid-19 en España, con la consecuencia de una toma general de decisiones precipitadas entre los distintos niveles de la Administración.

Por esta razón se reavivó, según entiende Jesús Ruiz-Huerta, el viejo debate entre la recentralización de las competencias desde el actual modelo autonómico y la marcha hacia un modelo federal efectivo, como postula una de las entidades convocantes.

Nicolás Sartorius

No es país para virus

El presidente de la Asociación por una España Federal, Nicolás Sartorius, admitió que España no marcha bien en lo que va de 2020, tanto en lo sanitario como en lo económico, probablemente, concede, por causas estructurales previas a una pandemia que incrementa todos los male, al ser España, afirmó, uno de los países más desiguales de Europa.

Se trata de una nación con un régimen de Derecho que, sin embargo, asiste progresivamente al troceamiento de su Estado del bienestar, factor que haría necesario reforzar a la Administración central, para superar y prevenir crisis como la actual, desde el punto de vista de Nicolás Sartorius.

Sartorius aclaró, además, y por otro lado, que el modelo de Estado no es garantía de éxito ante crisis como la provocada por la pandemia del SARS-CoV-2, al citar estados federales coronados por el fracaso de su gestión sanitaria, como Brasil y Estados Unidos, frente al acierto logrado en Alemania, con una estructura administrativa similar.

Eloísa del Pino

Vivir en un sinvivir

La investigadora titular del Instituto Políticas y Bienes Públicos (IPP), entidad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la doctora Eloísa del Pino, expresó la idea generalizada de que todos nos sentimos en vilo desde que el pasado 31 de enero se confirmara en España el primer caso del nuevo coronavirus, identificado en un turista alemán, cuyo caso se resolvió satisfactoriamente, de forma que aún no se sospechaba, en absoluto, lo que habría de venir después y que nos mantiene todavía en un permanente sinvivir.

A partir de los datos de marzo, del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la moderadora del acto compartió que el 62,6 por ciento de la población creía en la primera quincena de ese mes que la preocupación por la Covid-19 era exagerada, hasta hacerse mayoritaria la idea contraria meses más tarde.

Todo ello con un reflejo similar, detecta Eloísa del Pino, en los responsables políticos que llevaron, progresivamente, a una polarización que va del negacionismo al apoyo de las medidas más extremas, y cuyo más inmediato antecedente fue la crisis de la listeria en Andalucía, que no despertó especial inquietud en la población, aunque sí tuvo un estrecho seguimiento por parte de los medios de comunicación, como recordó.

Atribuir culpas

Por todo ello, Del Pino quiso preguntar a las voces invitadas si realmente puede ser responsable el sistema autonómico español de todo lo que nos pasa en estos momentos, tanto a efectos sanitarios como económicos.

Como datos descriptivos de que el desarrollo económico no garantiza el éxito asistencial, la moderadora se refirió a la federal Canadá como el país con mayor número de personas de edad avanzada muertas en las residencias de mayores, junto a Suecia, país bastante descentralizado, en el que se multiplicaron los contagios en la población general, mientras que en España se transfirió la responsabilidad a las regiones, sin que tuvieran medios propios para poder realizar una gestión eficaz, afirmó.

De cara a alimentar el debate, también en dirección a los servicios sociales, Del Pino se preguntó si la Ley para la Dependencia hubiera sido posible en España si el Estado central no hubiera puesto muchos millones de euros sobre la mesa para su implementación y financiación. Además, pide, en cualquier caso, que todos los ciudadanos se vacunen contra la estupidez y que no sea posible volver a tropezar otra vez con las mismas piedras o, mejor dicho, con las nuevas pandemias, que, sin duda, llegarán.

Eva Sáenz Royo

Imitar la reforma alemana

La profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), Eva Sáenz Royo, fue la primera en responder a esa hipotética acusación al régimen jurídico de las autonomías, al asegurar que el primer fallo vino del Gobierno, al no hacer la reforma sanitaria necesaria en el mes de marzo, tal como sí se hizo en Alemania, algo que, a su juicio, habría dotado a las comunidades autónomas de una mayor flexibilidad y evitado, así, el casos jurídico que se observó los meses siguientes y hasta ahora.

Para esta analista, el éxito de la gestión de la pandemia validará la actuación del trabajo hecho en política sanitaria por cada una de las comunidades autónomas, de forma que no es categórico, comentó, acusar de manera inequívoca y conjunta al actual estado de descentralización.

Eva Sáenz Royo criticó la gestión realizada desde la extinción del mando único, con una mala intervención de la pandemia que se vio inmersa en un caos jurídico que llevó a confinamientos muy distintos y hasta contradictorios en los diferentes territorios muchas veces lindantes.

Todo ello en lugar de haber aplicado la legislación sanitaria alemana, insistió Sáenz Royo, que supo respaldar a cada lander a la hora inevitable de reducir sin titubeos los derechos fundamentales de los ciudadanos y al mediar también una coordinación eficaz por parte de la canciller, Angela Merke, de lo que extrajo que faltó seguridad jurídica en España y una respuesta más eficaz a la pandemia.

Políticas enconadas

Esta profesora resaltó la falta de consenso entre los actuales actores políticos en España, similar a la de Estados Unidos, como causa principal de la enconada polarización ideológica que atraviesa el país, a diferencia, lamenta, de lo que ocurre en Alemania, donde los partidos competidores por el voto saben ponerse de acuerdo en los temas importantes.

En ese sentido, se acordó Sáenz Royo de García Pelayo, cuando, en 1986, dijo que la calidad democrática de un país depende más del comportamiento de los partidos políticos que de sus estructuras jurídicas. Según abundó, el mayor de los males de la Sanidad viene de su indefinición financiera.

A pesar de que existe un Sistema Nacional de Salud (SNS), residenciado en el Congreso de los Diputados y decisor sobre la cartera de servicios, esta ponente encuentra incongruente que sean las comunidades autónomas las encargadas de costearlo.

Propone Sáenz Royo volver a incluir la referida financiación sanitaria en los Presupuestos Generales del Estado. Junto a ello, acusa de anomalía europea que el Senado de España sea una Cámara territorial y señaló en la Constitución el fallo de no haber contemplado a nivel estatal los servicios sociales.

Miquel Porta Serra

Con estructuras obsoletas

El catedrático de Salud Pública del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y la Universidad Autónoma de Barcelona, Miquel Porta Serra, señaló que muchos países, como España, tienen sus estructuras de Estado obsoletas, lo que explicaría, según su criterio, que países avanzados, como Suiza, Francia y Bélgica, tengan peores tasas de incidencia acumulada de la Covid-19.

De esta forma, Miquel Porta Serra no acusa al estado autonómico español de lo que le pasa en la actualidad, al que, por otro lado, definió más bien como confederal. Además, aseveró que el diseño de Estado actual no debe quedar como está, a pesar de que el espectro electoral parece bastante inamovible.

Todo ello frente a fenómenos que  Porta Serra denominó como populistas, como los que observa en Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, o en Quim Torra, que fue inhabilitado como presidente de la Generalitat de Cataluña, de lo que teme lastres para, al menos, una década, incluso si se supera la crisis económica y sanitaria que conlleva la Covid-19.

Elogios al Gobierno

Alaba este ponente la prudencia mostrada por el Gobierno central al no avivar polémicas como las ya comentadas. En el primer caso, según sus palabras, por empuje de una derecha que no se detiene ante nada y que perpetra acciones contrarias a los criterios técnicos.

También, Porta Serra denosta que solo se dedique el 2 por ciento del presupuesto sanitario a vigilancia epidemiológica, hasta el punto de que los ingentes recursos destinados a reforzar los hospitales no lleguen a potenciar esta área, como hubiese sido deseable.

Pide este ponente a la derecha y la izquierda en España que se conjuren contra las tentaciones populistas y alcancen consensos razonables, entre los que se podría encontrar la creación de una agencia estatal de Salud Pública, con el recuerdo, además, de sentar las bases preceptivas suficientes para que ningún consejero o presidente regional crea que los datos de los ciudadanos de los territorios que gobiernan son propiedad de su interés político particular.

Reformar la Carta Magna

Detecta este politólogo que hay mucha comunicación vergonzante o secreta entre comunidades autónomas, además de trasvase de medios organizativos y tecnológicos que no trascienden y de los que nunca se habla, aunque sería bueno hacerlo.

De cara al futuro inmediato, Porta Serra apuesta por “cablear” las mentes de los ciudadanos para dignificar la función pública y también pide la reforma de la Constitución, en el plazo de un año, una vez que se consolide una derecha política responsable. Finalmente, aboga por la sensatez para evitar fenómenos como el populismo en un mundo especialmente convulso.

Rodrigo Gutiérrez

Incertidumbre sistémica

El recientemente dimitido como director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Rodrigo Gutiérrez, definió el estado actual de las cosas como fruto de una incertidumbre sistémica sobrevenida sobre ciertas debilidades estructurales en vigilancia de Salud Pública y agravadas por la pandemia de SARS-CoV-2.

Rodrigo Gutiérrez defiende la actividad frenética, en cantidad y calidad, del Consejo Interterritorial del SNS, tras la celebración de 60 plenos desde que empezó la nueva enfermedad, de los cuales solo 12 se llevaron a cabo en marzo, frente a los tres a cuatro concilios autonómicos sanitarios que solían celebrarse cada año.

Todo ello junto a múltiples reuniones bilaterales con los Ministerios de Educación y Agricultura, por ejemplo, para abordar asuntos de primera importancia, como la vuelta a las aulas y la llegada de trabajadores temporeros para la recogida de las cosechas de frutas y verduras.

Gutiérrez se mostró partidario de acercar la Administración al ciudadano, realidad que explica que los territorios titulares de sus competencia de Sanidad y Salud Pública adoptaran estrategias diferentes con resultados dispares, al aplicar medidas, por ejemplo, como transferir profesionales sanitarios o pacientes de unas ubicaciones a otras.

Tentaciones recentralizadoras

Ante las tentaciones recentralizadoras, un poco avivadas desde algunos medios de comunicación digitales, este político se hizo eco de las posturas que apuestan sin reservas por reforzar el mando único desde el Gobierno, mientras que, sobre las posibilidades de dar destino finalista a la financiación de la Sanidad, encuentra partidas concretas ya asignadas dentro de esa doctrina.

En este sentido, Gutiérrez destacó los 10 millones de euros ofrecidos a las regiones para atajar la pandemia, de las que una de ellas utilizó una parte para construir un hospital ad hoc para la pandemia de la Covid-19 y otras para contratar rastreadores de SARS-CoV-2.

Información de ida y vuelta

Mientras, acerca de las discrepancias entre los datos aportados por la Administración central y algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, defiende este ponente que las cifras aportadas por el Ejecutivo nacional vienen de consolidar las enviadas desde las regiones.

En ese contexto, ve útil Gutiérrez la modificación del Artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS. Asó, sentenció que la Sanidad es demasiado grande como para dejarla solo en manos de los sanitarios, además de calificar de adecuadas algunas medidas coordinadas en Salud Pública.

Para concluir, el exresponsable ministerial añadió al último pensamiento, expresado por Porta Serra, su deseo de incrementar los cauces para la solidaridad y la cohesión para toda reforma sanitaria que se plantee.

Joaquín Santos Martí

Coordinación poco vigorosa

El director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos Martí, admitió que la coordinación entre regiones es débil en España, al ser canalizada desde el Ministerio de Sanidad, con la excepción de una reunión previa, según recordó, a la declaración del primer Estado de Alarma. También, ve dificultades en la coordinación autonómica a escala sanitaria, a pesar de lo cual la pandemia incrementa el conocimiento mutuo de los respectivos sistemas de información.

Joaquín Santos Martí describió buenos cauces de colaboración con comunidades limítrofes, como Navarra, a escala de Consejerías y Direcciones Generales, aunque muchas veces las comunicaciones se vieran interrumpidas por urgencias dictadas por la propia crisis sanitaria.

Más que Madrid y Barcelona

Para este responsable autonómico, la polémica surgida entre el Gobierno central y la Administración de la Comunidad de Madrid distorsiona u oculta el trabajo realizado en los otros territorios. Así, reclama una ley estatal de servicios sociales con adecuación a las grandes peculiaridades territoriales que existen.

Todo ello para superar el gastado concepto de asistencia social de la Constitución y llegar a servicios sociales específicos, para los que pide Santos Martí planteamientos básicos comunes para todo el país y financiación finalista. Además, deseó que las reuniones de coordinación autonómica no terminen con el “trágala” del dinero disponible para financiar lo que se pueda. Por último, sintió como un defecto de nuestros tiempos vivir en una sociedad acientífica.

Votar online

En la encuesta virtual realizada durante este seminario interactivo, más del 60 por ciento de los asistentes votó a favor de que la Administración central lidere la gestión frente a la Covid-19, frente a solo un 37 por ciento que mantuvo su preferencia por la gestión autonómica desarrollada durante los últimos ocho meses de pandemia.