Política y Sociedad Publicado el acuerdo entre sindicatos y hacienda en el BOE

El sueldo de los funcionarios podría variar hasta un 2% según el incremento del PIB

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado, con fecha de 26 de marzo, el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, por el que se prevé que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 incluyan una mejora salarial de los funcionarios, incluidos los sanitarios, aunque condiciona el aumento total del salario al crecimiento económico del país y establece una diferencia de dos puntos porcentuales entre la subida máxima y la mínima.

Cristóbal Montoro

“El Gobierno de España y las organizaciones sindicales firmantes del presente acuerdo quieren poner de manifiesto su reconocimiento a la labor del personal al servicio de las Administraciones Públicas, su compromiso con los valores del servicio público, y el esfuerzo colectivo que han realizado para contribuir a la mejora de la situación económica de nuestro país”, comienza describiendo la Administración en el BOE.

Según establece el entendimiento, en materia retributiva se plantea un horizonte temporal a tres años, de modo que las previsiones contenidas en el mismo se incluirían en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. “La parte variable de las previsiones sobre incrementos salariales se liga a lo largo de los tres ejercicios de referencia, 2018, 2019 y 2020, al crecimiento de la economía española y, en el caso del tercer y último ejercicio, también al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, especifica el texto.

Subida con condiciones

De esta manera, el incremento en 2018 será de un 1,75  por ciento, es decir, un 1,5 por ciento fijo más un 0,25 por ciento variable ligado al cumplimiento del objetivo de crecimiento del PIB, en 2017, establecido en un 3,1 por ciento. “Se prevé asimismo que cada Administración pueda destinar un 0,2 por ciento adicional de su masa salarial en fondos adicionales”, agrega el documento.

El incremento fijo en 2019 será de un 2,25 por ciento. Además, se establece que el incremento variable, para un crecimiento del PIB igual o superior al 2,5 por ciento, será de un 0,25 por ciento adicional, lo que supone un 2,5 por ciento de incremento total. Para un crecimiento inferior al ascenso del PIB del 2,5 por ciento, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reducción del crecimiento que se haya producido sobre dicho tanto por ciento. De acuerdo con lo previsto en el apartado relativo a Fondos adicionales, se prevé asimismo que cada Administración pueda destinar un 0,25 por ciento de su masa salarial para fondos adicionales.

Por último, en 2020, el incremento fijo será de un 2 por ciento. El incremento variable será, para un crecimiento, igual o superior al 2,5  por ciento, de un 1 por ciento adicional. Para un crecimiento inferior al crecimiento del PIB del 2,5 por ciento, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reducción del ascenso que se haya producido sobre dicho porcentaje.

De acuerdo con lo previsto en el apartado relativo a Fondos adicionales, se prevé asimismo que cada Administración pueda destinar un 0,3 por ciento de su masa salarial para fondos adicionales. En el caso de cumplirse el objetivo de estabilidad presupuestaria (déficit público) en el año 2020, se añadiría en 2021 una subida adicional del 0,55 por ciento ese año, que supondría un 3,85 por ciento de incremento total para dicho ejercicio.

Mínimo y máximo del aumento

De esta forma, el incremento fijo en estos tres años que contempla el acuerdo publicado en el BOE será de un 2,25 por ciento en 2019 y un 2 por ciento en 2020. La subida acumulada fija sería, por tanto, de un 6,12 por ciento. Para un crecimiento igual o superior al 2,5 por ciento, la subida acumulada sería del 7,42 por ciento, un 2,5 en 2019, y un 3 por ciento en 2020.

Teniendo en cuenta los fondos adicionales, la subida total acumulada sería de un 8,21 por ciento. Por tanto, la subida mínima sería del 6,12 por ciento si no se cumplen los objetivo, mientras que la máxima sería del 8,21 por ciento en tres años.

Es un comienzo

Este acuerdo se alcanzó el día 9 de marzo, tras meses de negociación. El secretario general de Federación de empleados de Servicios Públicos del sindicato Unión General de Trabajadores (FESP-UGT), Julio Lacuerda, señaló en ese momento que los empleados públicos perdieron durante la crisis el 13,1 por ciento del poder adquisitivo. Si no se cumplen los objetivos del PIB, en estos tres años recuperarían la mitad, lo que para los sindicatos es el comienzo de la recuperación de derechos.

“Este acuerdo que firmamos representa el comienzo de la recuperación salarial y de la reparación de derechos; es el punto de partida del reconocimiento de nuestro esfuerzo personal y nuestro compromiso colectivo con los servicios públicos como garantes de derechos de ciudadanía”, expresó, en este sentido, Julio Lacuerda.

De igual manera lo expuso la organización sindical Comisiones Obreras (CCOO), que aseguró el día del acuerdo que supone “el inicio de la recuperación de los derechos arrebatados a este colectivo”. “Seguiremos exigiendo y movilizándonos para recuperar absolutamente todo lo que han perdido con la excusa de la crisis”, puso de manifiesto.