Política y Sociedad Según un informe de la Fundación Alternativas

Las patentes de medicamentos deberían prohibirse con un convenio internacional

La Fundación Alternativas ha presentado el informe ‘Monopolios y precios de los medicamentos: Un problema ético y de Salud Pública‘, en el que sus autores ponen de manifiesto que sería necesaria la existencia de un convenio internacional que prohibiera las patentes de medicamentos y, con ello, acabara con el monopolio de la industria farmacéutica.

El exdirector general de la Escuela Nacional de Sanidad, exconsejero de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha y exsecretario general del Ministerio de Sanidad, Fernando Lamata, y el que fuera director gerente del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM) y director de los hospitales universitarios de Guadalajara, La Paz de Madrid, 12 de Octubre de la capital, así como del Complejo Hospitalario Virgen de la Salud de Toledo, Ramón Gálvez, son los autores del documento y fueron los encargados de exponer sus principales contenidos.

Este último hizo un repaso por la historia de las patentes de medicamentos tanto en España como en el mundo. En Estados Unidos, las patentes de medicamentos se fueron introduciendo en la primera mitad del siglo XX. En los países europeos, en cambio, se incorporaron hace relativamente poco: en 1967, en Alemania; 1968, en Francia; 1977, en Suiza; y 1980, en Italia.

España no introdujo la patente de medicamento hasta el año 1986 (previamente, únicamente existía la patente de procedimiento) y no entró en vigor hasta octubre de 1992, como consecuencia de la firma del Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea. De hecho, en España, la Ley de Propiedad Industrial de 1929 establecía expresamente que no podrían ser objeto de patente de invención las fórmulas farmacéuticas y medicamentosas.

Abuso de las empresas

Paralelamente a estos desarrollos nacionales, se llegó al acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que entró en vigor en enero de 1995 y que generalizaba de manera global el uso de patentes de medicamentos. El ADPIC establecía, según el informe de la Fundación Alternativas, que el propietario de la patente de un medicamento dispone del monopolio de la comercialización durante un período de 20 años desde la solicitud y registro de esta. Durante esos años, en los que no existe competencia, el propietario de la patente puede fijar un precio del fármaco por encima de los costes de producción.

«El monopolio permite el abuso de las empresas en la fijación de precios», declaró, en este punto, Ramón Gálvez. Las farmacéuticas afirmaban que estas patentes estimulaban el desarrollo de los nuevos fármacos. Sin embargo, según el autor, ocurrió justo lo contrario: hubo una «disminución significativa» de estas elaboraciones y, además, terapias activas, como las de los medicamentos retrovirales, destacaron por su excesivo precio. Años después, esto ocurriría en España con los antirretrovirales de acción directa para la hepatitis.

Impacto mínimo de las licencias obligatorias

Para solucionar esto, se pusieron en marcha acciones como la Declaración de Doha, que establece el término de «flexibilización». Estos mecanismos permiten, por ejemplo, revocar la exclusividad conferida por la patente y, de esta forma, asegurar la entrada de genéricos, favoreciendo la competencia y la disminución de precio. Además, un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apostó por emitir «licencias obligatorias», que permiten la suspensión temporal del derecho de exclusividad de la patente; por las excepciones experimentales; y por las importaciones paralelas.

«Pese a todo esto, las dificultades son enormes. Las licencias obligatorias han sido sistemáticamente atacadas y su impacto ha sido mínimo», aseguró Gálvez, quien detalló que entre 2001 y 2016 solo se emitieron 100, una de ellas en Europa. «El dilema que nos presenta el sistema de patentes es entre el derecho a la salud de los pacientes y el interés de las farmacéuticas en conseguir el máximo beneficio posible», concluyó.

Fernando Lamata, por su parte, recordó que, a pesar de que en principio el aumento de precios de fármacos motivados por la exclusividad de las patentes solo afectaba a países menos desarrollados, estos precios ya afectaron a España. En el caso de la hepatitis, se retrasó la comercialización del fármaco porque se estaba negociando su precio con el Ministerio de Sanidad.

Ante ello, se preguntó Lamata si este medicamento costaba 20.000 euros por tratamiento. Según sus datos, la investigación total costó 900 millones de euros, mientras que el precio final por cada tratamiento era de entre 200 y 300 euros. «La diferencia es mucha», constató, pero «la ley permite poner ese precio». La empresa es, pues, quien tiene el poder negociador, según afirmó el otro autor del documento. «La empresa no quiere comercializar el medicamento si no es al precio que ella marca», insistió.

Recomendaciones para acabar con el monopolio

El documento de la Fundación Alternativas expone una serie de recomendaciones para acabar con este monopolio que denuncia con un «enfoque integral y a largo plazo». El fin último sería prohibir las patentes de medicamentos con un convenio internacional, tal y como ocurría en España hasta antes de 1992.

Las distintas ideas serían fortalecer la capacidad de negociación de los Gobiernos, con informes concretos sobre dificultades de acceso a los medicamentos y sobre desabastecimientos; rechazar el pago por valor mientras existan patentes; fijar los precios por costes de fabricación e I+D; exigir transparencia en costes, beneficios y gastos en márketing; y aumentar el rigor en la concesión de patentes.

También se debería preparar la legislación para el uso de licencias obligatorias; favorecer la compra conjunta; recuperar la inversión en ayudas públicas en I+D que usualmente se destina al márketing; mejorar la eficacia en prescripción con formación independiente; asegurar la competencia en la industria farmacéutica; aumentar el uso de genéricos y biosimilares; y apoyar a los Gobiernos para que sean capaces de tomar estas medidas, ya que normalmente «tienen miedo».

2 Comentarios

  1. ADR says:

    En la India, Sudáfrica o Brasil se han aprobado las licencias obligatorias basadas en los acuerdos de Doha. Muchos otros países de África y Centroamérica también han aprobado importaciones paralelas de laboratorios precualifcados por la OMS de otros países fabricantes de copias. ¿Por qué en España no se hace lo mismo? ¿A qué se debe ese «miedo»? ¿Dónde quedan el interés común y las políticas de Salud Pública en beneficio de todos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que este lucro incesante de la industria farmacéutica se base en el sufrimiento de los enfermos? Quizás la explicación sea que parte del «marketing» de la Big Pharma se base en «comprar» a políticos, expertos, sociedades científicas, sociedades académicas, asociaciones de pacientes, jefes de servicio y otros decisores. Me avergüenzo del gremio médico-científico-industrial-político.

  2. Antonio Arbelo Lopez de Letona says:

    Gracias a la Fundación Alternativas, a Fernando, y a Ramon por seguir luchando por lo socialmente justo.

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