Política y Sociedad Balance de un año de la nueva legislatura

Para el Observatorio Madrileño de Salud la privatización pasó a ser ‘soterrada’ con este Gobierno

Un año después de las últimas elecciones autonómicas, el Observatorio Madrileño de Salud ha efectuado un balance de lo realizado en materia sanitaria en la Comunidad de Madrid, del que se desprende el hecho de que «las privatizaciones se mantienen y de alguna manera continúan, lo que pasa es que quizá muchísimo más soterradamente», como afirmó la secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid, Rosa Cuadrado.

Según el documento presentado por el Observatorio, «la realidad es que la deriva privatizadora ha continuado, aunque de una manera más silenciosa y menos visible» y «la Consejería no solo incumple su compromiso de revertir a la gestión pública el Centro de llamadas, sino que sigue sacando a Concurso Publico la limpieza de la mitad de los hospitales de Madrid» y «sin las garantías necesarias y suficientes para garantizar los recursos necesarios para la prestación de un servicio de calidad por parte de las empresas adjudicatarias».

Asimismo, destaca el informe que «también está en fase de adjudicación a entidades privadas, 448 camas de hospitalización de Cuidados Continuados» y «continúa la privatización total de la extracción de sangre periférica, en manos de Cruz Roja, y de programas preventivos como el DEPRECAM (prevención del cáncer de mama), en el que no se permite una alternativa pública en aparente contradicción con la propia ley de libre elección».

En palabras del representante de la Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad de Madrid (CECU Madrid), Antonio López, todo lo expresado por el Observatorio demuestra que «el ánimo privatizador permanece». Por ello, en el texto se destaca que «el hecho de que Madrid ocupe el primer lugar como la comunidad autónoma mas privatizada, con un elevado porcentaje de camas privadas (el 33,5% del total), de recursos de alta tecnología en centros privados (el 30% en centros privados), de gasto sanitario público en conciertos (10,6%, a pesar de que es un dato infraestimado)».

Sobre este mismo aspecto, pero en relación con la atención en Salud Mental, Rosa Cuadrado afirmó que los centros de salud mental «han ido perdiendo paulatinamente parte de su plantilla, quizás porque la Comunidad de Madrid ha optado, como política sanitaria, a incrementar el número de camas de media y larga estancia de hospitalización psiquiátrica que se dan siempre a hospitales privados».

El área única, «hecha para facilitar la privatización»

El informe hace referencia a la ley 6/2009 y al decreto 51/2010, que establecen y regulan la libre elección de médicos, de profesionales de enfermería y centro sanitario, y establece el área única para el conjunto de la región, sobre la cual reitera que produce «efectos muy negativos sobre la necesaria integración territorial de los recursos asistenciales y la coordinación entre niveles asistenciales».

Según expuso el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), Marciano Sánchez Baile, la citada normativa «rompió la integración y la coordinación» y «fue hecha para facilitar la privatización». Al respecto añadió que, si bien el número de movimientos acogiéndose a la libre elección ha sido de 538.831, la mayoría se han llevado a cabo dentro del mismo centro (410.885) y un alto porcentaje de los demás corresponden a cambios de domicilio, por lo que los cambios no amparados por la legislación anterior no llegan al 1 por ciento de la población, detalló.

Una tasa de temporalidad de un 33% que se mantiene

Con respecto a los recortes y el personal sanitario, el informe señala que, además de que «la Sanidad de la Comunidad de Madrid se ha caracterizado por una infrafinanciación crónica», los recortes «desde 2009 han sido muy importantes (un -18,5% menos de presupuesto per capita en 2013 respecto a 2009). Los últimos años (2015 y 2016) los presupuestos han tenido un ligero incremento, pero muy lejos de recuperar los niveles de 2009».

Estos recortes, añade el texto, han tenido como consecuencias la reducción de las plantillas y la precarización de las condiciones laborales, que, como explicó Rosa Cuadrado, en la actualidad revelan una «tasa de temporalidad del 33 por ciento», lo que se traduce en que alrededor de «25.000 profesionales son personal temporal». Situación que se agravará, según explicó, debido a que «el 50 por ciento de los trabajadores tienen entre 60 y 65 años». Al respecto, explicó que sólo se van a cubrir 1.090 vacantes a pesar de que «ahora mismo tendríamos que tener una Oferta Pública de Empleo para 25.000 vacantes».

Además, la representante de CCOO señaló que si bien «la tasa de reposición este año está en un 100 por ciento, de ese 100 por ciento lo único que se saca a concurso es de personas que se jubilan», apuntó Cuadrado, pero no se recuperan los 8.000 puestos perdidos, complementó.

Ahondando en la temporalidad y ante una pregunta de Acta Sanitaria, Cuadrado informó que en la Mesa Sectorial se está adelantando «un proceso para hacer interinos al personal temporal de Atención Primaria», es decir al «personal eventual, que ha tenido contrato de un mes, de dos meses», para que «cuando acabe este proceso se le oferte un contrato de interinidad». «Pero un contrato de interinidad entra dentro de ese concepto de empleo temporal», lamentó, y agregó que «esa plaza tiene que ser cubierta reglamentariamente por personal fijo que acceda a esa plaza mediante una OPE».

Las mociones que aprueba el PP y que el propio PP no cumple

Relacionado también con el tema del personal sanitario, se recordó el incumplimiento ante la Moción, aprobada por la Asamblea de Madrid con el voto favorable del propio PP, Ciudadanos y PSOE, en la que se instaba al Gobierno madrileño, entre otras medidas, a Incrementar las plantillas del SERMAS de forma gradual a lo largo de la legislatura, a favorecer la estabilidad en el empleo reduciendo la tasa de temporalidad al 10 por ciento y a convocar con periodicidad anual ofertas públicas de empleo y concursos de traslados.

Al respecto, el Observatario expone en el informe, con respecto a las mociones y proposiciones no de ley aprobadas por la Asamblea de Madrid, que «el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue su camino, desoyendo estas resoluciones en la mayoría de los casos (por ejemplo la desprivatización del hospital de Collado-Villalba o la no prorroga de la concesión al ‘centro de llamadas’, etc)».

Una circular para paliar la exclusión sanitaria

Con la aprobación del RD 16/2012, según datos de la Comunidad de Madrid y como destaca el informe, 55.792 personas se quedaron sin tarjeta sanitaria en la región, tras lo que se presentaron numerosos casos de desatención, incluyendo algunos que estaban contemplados en las excepciones del citado RD. Con el nuevo Gobierno, como explicó Marciano Sánchez, la situación ha cambiado, aunque no de la manera adecuada.

Como explicó el presidente de la ADSPM en la presentación, la solución de la Consejería de Sanidad madrileña fue enviar una circular a los centros sanitarios, en la que señalaba la necesidad de garantizar la atención sanitaria en todos los casos, pero no se ha desarrollado una normativa de rango legal apropiada y tampoco se ha dado tarjetas sanitarias a la población inmigrante no regularizada, por lo que estas personas se encuentran en un limbo legal. No obstante, el documento del Observatorio reconoce los avances en este aspecto, conseguidos, según señala, gracias a la presión en la Asamblea de Madrid y a pesar del incumplimiento de sus resoluciones por parte del Gobierno regional.

 

 

 

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