Juan Pablo Núñez

Punto de vista

La sanidad del Partido Popular (PP) y los inmigrantes irregulares.

Guardar

Punto de vista

A punto de cumplirse tres años de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, por el que se excluyó a los sin papeles de la sanidad pública, el autor critica la ocurrencia del Gobierno del PP para que tales inmigrantes puedan recibir Atención Primaria en condiciones precarias y sin restaurar el principio de universalidad quebrado con una política sanitaria plagada de falacias.

El próximo 24 de abril se cumplirán tres años de la publicación y entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Mucho se ha escrito y debatido sobre el contenido de esta lamentable e improvisada norma, que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional y objeto de petición de derogación en numerosas ocasiones por la mayor parte de los grupos parlamentarios. Y todo ello ante la posición impertérrita del PP, que no sólo no lo ha tomado en consideración, como es su práctica habitual, sino que ha defendido su contenido con una cantinela repetida e insoportable por su falta de rigor y falsedad en los argumentos utilizados.

El RDL 16/2012, que significa una modificación estructural del SNS como incluso se reconoce en su extensa y falta de rigor exposición de motivos, pretendió sin debate alguno abandonar principios básicos del modelo vigente y por todos aceptados, al menos declarativamente, desde 1986. La universalidad, en primer y fundamental lugar, y, en gran medida, la gratuidad, especialmente en la prestación farmacéutica, que se incrementó de manera significativa al hacer extensivo el copago a los pensionistas que habían dejado de aportarlo desde finales de los años 70. Que el RDL 16/2012 modifica la universalidad y altera la sustancia del modelo, al sustituir al ciudadano residente en España por el de asegurado y beneficiario, a estas alturas no lo ponen en duda ni los niños de enseñanza primaria y, sobre todo, simplemente quien sepa leer.
Modificación de principios
 
No se han publicado números de los que se han acogido al “seguro” ofrecido a los sin papeles; pero alguna comunidad autónoma dio cifras que los cuantificaban en unidades
El RDL lo deja claro en su artículo primero, que modifica la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, cuyo artículo 3 se refiere ahora a la condición de asegurado y dice, claramente, quiénes son los asegurados:“Tendrán la condición de asegurado aquellas personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
  • a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta.
  • b) Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social.
  • c) Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por desempleo.
  • d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título".
Inmediatamente aclara quiénes son los beneficiarios.
  • “A los efectos de lo establecido en el presente artículo, tendrán la condición de beneficiarios de un asegurado, siempre que residan en España, el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, que deberá acreditar la inscripción oficial correspondiente, el ex cónyuge a cargo del asegurado, así como los descendientes a cargo del mismo que sean menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65%”.
El texto sigue ordenando lo que tienen que hacer aquellos que han dejado de ser ciudadanos con atención universal para volver a tenerla.
  • “Aquellas personas que no tengan la condición de asegurado o de beneficiario del mismo podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial”.
Vuelta al modelo de Seguridad Social
El PP, poniendo el retrovisor en el añorado modelo de Seguridad Social, al que nunca renunció, encarga toda la gestión del nuevo sistema de aseguramiento al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), al que dota de unos enormes poderes discrecionales en el uso de la información, a espaldas de los afectados, “sin el consentimiento del interesado” repite la norma insistentemente. Estamos de nuevo en 1986, antes de la Ley General de Sanidad que el PP no votó, pero que siempre ha dicho defender desde entonces hasta este momento y que, con su mayoría absoluta, quiso a los cuatro meses de gobierno poner las bases para intentar volver a un modelo que favorece sistemas de privatización, su programa máximo, y que no avala la inmensa mayoría de la sociedad española.

El remate de ese primer artículo del RDL que hoy nos ocupa no puede ser más hipócrita. Se añade un nuevo artículo a la Ley de Cohesión citada, que se denomina Asistencia sanitaria en situaciones especiales. Y que se transcribe porque es necesario saber claramente lo que el PP decidió, defendió y que ahora pretende suavizar.

“Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades:
  • a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica.
  • b) De asistencia al embarazo, parto y postparto.
  • En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”.
Obsérvese con claridad que estos extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, que ahora se denominan inmigrantes irregulares, son considerados en el RDL sujetos de una asistencia sanitaria en situaciones especiales.
Fracaso de la alternativa
Las intervenciones de Ana Mato en el Parlamento sobre este asunto ahí están, recogidas en las actas y los diarios de sesiones. Son un ejemplo de prepotencia, ignorancia y desprecio a la situación de estas personas
Estos son algunos de los hechos. Posteriormente, para seguir con la consolidación del modelo se ofreció, como la norma preveía, que estos irregulares pudieran suscribir un “seguro” con el INSS para tener derecho a la atención sanitaria a unos precios y en unas condiciones verdaderamente irreales, tratándose de colectivos claramente desfavorecidos. El éxito de la medida fue clamoroso: no se han publicado números de los que se han acogido a dicho “seguro”, pero alguna comunidad autónoma dio cifras que los cuantificaba en unidades.

El resultado, nunca desmentido por el Gobierno, es que se quedaron fuera de la atención universal en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos con residencia normalizada en España, casi 850.000 personas. Ese calificativo que tanto le cuesta reconocer al PP cuando ser refiere a los inmigrantes irregulares: “personas”.
Un discurso falaz
¿Pero cuál fue a partir de ese momento el discurso? Que el PP había conseguido una mayor universalización de la sanidad pública en España, más que todos los gobiernos anteriores: se habían dado 900.000 tarjetas sanitarias más, que era únicamente el fruto de un nuevo sistema burocrático-administrativo de ajustar asegurados y beneficiarios. Que España tenía la mayor cobertura sanitaria de Europa para estos colectivos de inmigrantes irregulares. Que nadie de estos colectivos había dejado de tener atención sanitaria. Que éramos, una vez más, envidia y vanguardia del mundo en derechos humanos y prestaciones.

No decían eso los colectivos afectados, ni las Sociedades de Atención Primaria (AP), todas, que reclamaban la atención completa para estos colectivos, en primer lugar por razones humanitarias y, a continuación, por evidentes razones de salud pública. La OMC reclamó la vuelta al sistema anterior, por idénticas razones. Los partidos políticos, prácticamente todos, no han dejado de hacer preguntas, interpelaciones, proposiciones no de Ley y de Ley, reclamando la atención para este colectivo; se han constituido grupos específicos de médicos y personal sanitario para atender gratuitamente a estas personas con la dificultad de no poder darles una atención continuada en las áreas especializadas precisas y menos aún de hospitalización y con acceso muy limitado a la dispensación de medicamentos, que en muchos casos se han reunido de forma colectiva para poderlos poner a disposición de las personas necesitadas. Ha habido muchos casos graves de desasistencia e incluso de muerte.
Comunidades Autónomas en contra
Y lo que es más importante, fueron distintas CCAA las que se opusieron directamente a la aplicación de estas medidas discriminatorias e injustas para los inmigrantes irregulares y siguieron atendiéndoles como antes, como ciudadanos residentes en España y, que sean o no irregulares, viven con nosotros y pagan sus impuestos, al menos los indirectos. Asturias, Galicia, País Vasco, Andalucía y Navarra. En este último caso el asunto llegó al TC y este reconoció que no se puede supeditar el derecho humanitario que la atención sanitaria representa a un interés económico de ahorro presupuestario y dio con ello la razón al gobierno navarro para la continuidad de la asistencia a este colectivo, a la vez que reconocía la idoneidad del nuevo copago farmacéutico.
El discurso de Ana Mato
Las intervenciones de Ana Mato en el Parlamento sobre este asunto ahí están, recogidas en las actas y los diarios de sesiones. Son un ejemplo de prepotencia, ignorancia y desprecio a la situación de estas personas, además de insistir en lo del falso e interesadamente utilizado turismo sanitario, la repetida argumentación sobre la imposibilidad de que pudieran disponer de tarjeta sanitaria por imperativo comunitario y ello a la vez que insistía, una vez y otra, en que todos eran atendidos en las mejores condiciones de Europa en todo el dispositivo sanitario español. Lo decía, “como no podía ser de otra manera”, con la misma convicción demostrada hasta el último momento de que tampoco fueron financiados algunos de sus gastos personales por la trama Gürtel.
Acontecimientos recientes
Pero han pasado muchas cosas en estos tres años, sobre todo en el último y más aún en los últimos meses y semanas.
El anuncio, que no decisión, es simplemente cínico: puede ser mejor ahora que los inmigrantes irregulares tengan atención primaria en vez de únicamente la atención en urgencias
Gürtel existió. Aunque parezca pesarle al PP, está todavía en ejercicio el juez Ruz. Existe un sumario y una responsabilidad patrimonial del PP y de Ana Mato. Como el PP no parece que sepa quién tiene que dimitir de entre ellos, si son algunos o todos, mientras lo aclaran dimitió Ana Mato. Llegó un nuevo ministro que había tenido que oír, como portavoz del PP, todo lo relacionado con este asunto de los inmigrantes y defender lo indefendible, lo que ha seguido haciendo con tenacidad y disciplina de acero inoxidable como ministro, pero que ahora ha visto más de cerca la realidad y ha podido hablar con los expertos en salud pública y, sobre todo, observar lo que está tan cerca de la dignidad humana cuando de asistencia sanitaria se trata.

Y se han celebrado elecciones autonómicas en Andalucía, esa región que para el PP está tan cerca de África y que, según ellos, tiene la peor de las posibles asistencias sanitarias de España por voluntad propia, sin que nada tengan que ver los recortes de personal, de presupuesto y copagos impuestos por el gobierno del PP. Los resultados han sido para el PP devastadores. Su gran descubrimiento, Moreno Bonilla, mano derecha de Ana Mato durante casi tres años, ha sido vapuleado a pesar de todo el apoyo recibido por Rajoy y el completo de su gobierno. Y han tenido que ver cómo ascienden Podemos y, para su preocupación especial, Ciudadanos, ese grupo de catalanes con nombres extranjeros.
Ciudadanos, en la línea del PP
¿Y qué ha dicho Ciudadanos sobre este asunto? Curiosamente lo mismo que el PP: que los inmigrantes irregulares están muy bien como están y como los trata el PP. Que no se pueden dar las mismas prestaciones a quien no tiene los mismos derechos, ni hace las mismas aportaciones. Es un discurso claro que pone de manifiesto, en este caso concreto, la realidad: Ciudadanos como “marca blanca” del PP y que hace un guiño a esos colectivos extensos, pero que no quieren significarse en su rechazo a los inmigrantes y que en determinadas zonas de Cataluña tienen importante presencia, que bien conocen los responsables de Ciudadanos. Por poner un ejemplo, en Badalona.

Y, finalmente, todo esto se produce a menos de dos meses de unas elecciones municipales de extraordinaria importancia y de unas elecciones autonómicas en 13 territorios donde todo lo relacionado con la sanidad es de especial sensibilidad dado el trato que en estos tres años ha dado el PP al SNS.
Anuncio, no decisión
No vale que ahora se refugien para aprobar su ocurrencia en el Consejo Interterritorial del SNS, al que no consultaron el RDL 16/2012
El resultado ahí lo tenemos. Un anuncio, no una decisión. ¿De quién? Del ministro; seguida inmediatamente por Rajoy, esta vez directo y presuroso a contestar, apoyando la iniciativa en una conferencia de prensa con un mandatario comunitario de máximo nivel. El anuncio es simplemente cínico: puede ser mejor ahora que los inmigrantes irregulares tengan atención primaria en vez de únicamente la atención en urgencias, a la vez que mantienen su precaria situación anterior. ¿Y por qué? En primer lugar, porque es de sentido común, ese que parece que les ha faltado durante tres años. En segundo lugar, porque si sólo van a las urgencias, las pueden colapsar. Y el anuncio se convierte en noticia para que todo el mundo pueda opinar.

Así no deben hacerse estas cosas. ¿Quieren que este importante asunto sea una ocurrencia electoralista o una decisión?

Si se quiere que esto no sea una ocurrencia, sino una decisión con lo que significa para los afectados, ahí tienen la mayoría absoluta y su facilidad para hacer normas. Han hecho decenas de RDLeyes en estos años. Modifiquen por RDL el funesto RDL 16/2012 y digan, simplemente, que los inmigrantes irregulares van a ser atendidos en AP, y digan en qué condiciones, con qué requerimientos, con qué papeles, con qué derechos temporales, si podrán ser derivados a diagnósticos y tratamientos especializados y si dispondrán de prescripción y dispensación, sometida al copago general o particular, de la prestación farmacéutica. Y digan también, claramente, por qué no pueden disponer de tarjeta sanitaria y de qué documento pueden disponer en su lugar para hacer realidad, de forma sencilla, esos nuevos derechos. Y digan a continuación, si quieren, que su sistema sigue siendo el más universal de Europa y que no existe en él la figura del asegurado y del beneficiario; que eso solo es una lectura inclemente y rencorosa de una oposición aguafiestas que no sabe leer.

No precisan más que unas horas para hacerlo y no lanzar, como han hecho, un globo sonda, observar las reacciones, descolocar, en parte, a Ciudadanos y a partir de ahí decidir o esperar. Mientras eso no ocurra los inmigrantes siguen sin tener acceso a la atención primaria. Solo a urgencias. No tienen derecho a medicamentos, ni atención especializada. No vale que ahora se refugien para aprobar su ocurrencia en el Consejo Interterritorial del SNS, al que no consultaron el RDL 16/2012 y al que han desoído sobre sus contenidos y desarrollos a lo largo de estos años.

Que el ministro se deje de opiniones e intenciones y la próxima semana el Gobierno conceda a los inmigrantes irregulares todos los derechos que les quitaron ahora hace 3 años y que vuelvan a ser considerados simplemente como personas. Esa decisión, si se considera electoralismo, bienvenida sea.