Juan Pablo Núñez

Tribuna de opinión

Europa advierte a Rajoy que las reformas de Mato no son legales

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Punto de vista

A finales de enero, el Consejo de Europa rechazó públicamente el decreto de Ana Mato que niega a los inmigrantes en situación irregular el acceso a la sanidad universal. Estrasburgo recordaba a España que está obligada a ofrecerles cobertura sanitaria, "sea cual sea su estatus de residencia": "La atención sanitaria es un prerrequisito para la preservación de la dignidad". Se publicó en varios medios de comunicación escrita, en ninguna televisión estatal y en varios diarios digitales. Las radios lo emitieron sin titulares. Eldiario.es le dio amplitud informativa varios días. Una vez más el Gobierno del PP está utilizando la crisis económica para imponer su ideología de derechas rancias antisociales. Lo viene haciendo desde finales de 2011 y es lo que realmente tenían en su programa (no escrito), en caso de ganar. Se trata de incomodar a la inmigración en todos los aspectos de bienestar hasta que, individualmente, decidan marcharse de un país que ya no les necesita después de la enorme caída de la vivienda. Es una manera de reducir la vergonzosa tasa de paro que nos rodea.
La decisión de dejar sin sanidad a los inmigrantes en situación irregular va en contra de las normas europeas, asumidas por España hace décadas al ratificar la Carta Social Europea.
El Consejo de Europa ha vuelto a reprender a España; en esta ocasión, le avisa de que la decisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de dejar sin sanidad a los inmigrantes en situación irregular va en contra de las normas europeas, asumidas por España hace décadas al ratificar la Carta Social Europea. "Los estados que forman parte de la Carta tienen obligaciones en términos de acceso a la atención sanitaria para los migrantes independientemente de su estatus de residencia", señala el Comité Europeo de Derechos Sociales en sus conclusiones recientemente publicadas. "Los estados deben asegurar que todos los ciudadanos tienen el derecho a acceder a la atención sanitaria y que el sistema sanitario es accesible para toda la población", continúa el comité, que recuerda que esto es un "prerrequisito para la preservación de la dignidad humana" y esta es un "valor fundamental" para que se respeten los derechos humanos. Además, reprocha al Gobierno español que utilice la "crisis económica como pretexto": "Hay alternativas menos costosas en términos financieros y respecto al impacto de la medida en la salud pública de la población en su conjunto", dice el informe. El punto 12 de ese Carta Europea Social dice literalmente “Todos los trabajadores y las personas a su cargo tienen derecho a la seguridad social.”. Son o han sido trabajadores. Es ilegal. La carta se puede leer en su totalidad en este enlace: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/presentation/escrbooklet/Spanish.pdf

No obstante, el Consejo de Europa reconoce que no puede llevar a cabo medidas respecto al "desarrollo legislativo regresivo en relación al acceso a la sanidad de los extranjeros", ya que este informe solo valora los aspectos producidos en el periodo 2008-2011 y el decreto de medidas de acceso al sistema de salud es de abril de 2012. Aún así, advierte de que, si el Gobierno no da marcha atrás, estará incumpliendo los estándares fijados por el organismo internacional del que forma parte: "Si la legislación se mantiene, no habrá otra cosa que mostrar en el próximo informe la no conformidad con la Carta".
El organismo también destaca la importancia de que el derecho de acceso no debe encontrar "retrasos innecesarios" y... pide a España datos sobre el tiempo medio de espera para los tratamientos hospitalarios y para las consultas de atención primaria.
En materia sanitaria, el organismo también destaca la importancia de que el derecho de acceso no debe encontrar "retrasos innecesarios" y, aunque se hace eco de la legislación adoptada en este sentido, pide a España datos sobre el tiempo medio de espera para los tratamientos hospitalarios y para las consultas de atención primaria. Otro de los asuntos en los que España incumple el tratado social que comparte con los países europeos es el relativo a las prestaciones por enfermedad. En este sentido, indica que se queda en el 60% del IPREM -el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples que se toma como referencia para la concesión de ayudas o subsidios- lo que sitúa los ingresos que se obtienen por estas bajas en 4.473 euros. Esto significa que en este país se cobran unos 2.000 euros menos que en el resto de Europa en estos casos. "El nivel mínimo de las prestaciones por enfermedad es manifiestamente inadecuado", denuncia. También reprocha que no se hayan alcanzado acuerdos bilaterales con ciertos países europeos para que los residentes en España tengan igualdad respecto a los derechos en materia de seguridad social, algo a lo que obliga la ratificación de la Carta Social Europea. En concreto, los ciudadanos de Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Turquía, Georgia y Moldavia no tienen garantizado el derecho a la seguridad social cuando residen en España. Y no hay acuerdos bilaterales, porque no se quieren hacer. Hacerlos implica que lleguen más personas de países económicamente débiles en sus arcas y que implicaría asumir severos riesgos de pago aplazado a lustros o impago. Ya que la voluntad de Montoro es cerrar el grifo aunque nos muramos desde, evitar estos acuerdos económicamente poco rentables a corto plazo. Al igual que si los 15 muertos en la valla de Melilla hace unas fechas hubieran sido blancos y alemanes (y no negros y pobres), ya estaría todo aclarado, estos acuerdos bilaterales, si hubieran sido con Alemania y Suiza, ya estarían cerrados. De vergüenza.