Punto de vista el acceso a la función pública no debe generar sospechas

Ofertas públicas de empleo en los servicios de salud: algo huele a podrido

A partir de la reciente dimisión irrevocable del consejero de Sanidad del gobierno vasco, el autor trae a colación una serie de irregularidades denunciadas en diversos concursos-oposición de Comunidades Autónomas y reclama la máxima contundencia contra quienes vulneran principios consagrados en la Constitución.

Estos días hemos conocido  la dimisión del Consejero de Salud del gobierno vasco como consecuencia de las fundadas sospechas sobre filtraciones de exámenes en varias especialidades médicas  en el contexto de la última oferta pública de empleo del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Las presuntas irregularidades detectadas fueron denunciadas, la Fiscalía abrió una investigación de la que se derivó que se extendía a ocho especialidades médicas más las sospechas de irregularidades en relación a las tres especialidades en primer lugar afectadas (Anestesiología, Angiología y Digestivo). Asimismo el Juzgado nº 2 de Vitoria ha citado como investigados a los jefes de servicio de estas tres especialidades como presuntos responsables de las filtraciones.

Conviene recordar que estos hechos habían supuesto ya el cese de la Directora General de Osakidetza y del Director de Recursos Humanos. La posterior dimisión del Consejero de Salud supone la asunción de responsabilidades políticas y ello es muy loable teniendo en cuenta que en nuestro país esto no es habitual.

Gravedad manifiesta

Los hechos ahora denunciados pueden suponer, de confirmarse, la vulneración de principios consagrados en nuestra Constitución en relación al acceso a plazas de la Función Pública

Los hechos ahora denunciados revisten una gravedad indudable pues ponen en alto riesgo la credibilidad y el funcionamiento de las Instituciones Públicas y pueden suponer, de confirmarse, la vulneración de principios consagrados en nuestra Constitución en relación al acceso a plazas de la Función Pública y muestran una falta de control del desarrollo limpio y transparente de los procesos selectivos por parte de la Administración Pública que los convoca. Como consecuencia de lo anterior se sitúa en una posición de inferioridad y práctica indefensión a la gran mayoría de opositores que acuden a tratar de conseguir una plaza en un proceso limpio, sin trampas y sin enchufes.

Dicho esto creo oportuno efectuar una serie de reflexiones:

  • Los hechos denunciados ahora en el proceso selectivo del País Vasco no son por desgracia un hecho aislado. El Principado de Asturias convocó en diciembre de 2008 proceso selectivo para las especialidades médicas, ese proceso se desarrolló en 2011 y en él se denunció una posible filtración en el examen de la especialidad de Medicina Interna; posteriormente el Tribunal Supremo anuló  la resolución del concurso oposición en esa especialidad.

Más recientemente en enero de 2017 el diario El Norte de Castilla se hacía eco de la decisión adoptada por 50 médicos especialistas en Medicina Interna que, habiendo opositado a la OPE convocada por Castilla y León, se constituían en asociación y presentaban una denuncia en relación al examen de dicha especialidad por entender se había favorecido en esa prueba a opositores médicos del hospital Rio Hortega de Valladolid  que aprobaron en un alto porcentaje y además obteniendo puntuaciones de examen muy superiores a la media. En el tribunal compuesto de cinco miembros, dos de ellos eran profesionales del citado hospital Rio Hortega. En ese mismo proceso selectivo castellano-leonés los medios recogieron que opositores en otras especialidades manifestaron sospechas de posibles irregularidades, aunque no parece hubiera habido más denuncias.

En esta misma Comunidad Autónoma el concurso–oposición de Medicina de Familia y Comunitaria y la decisión de la Consejería de adjudicar a los opositores que superaron la prueba un tipo de plaza inexistente en el resto del Estado y de características imprecisas y contrarias al espíritu de la propia especialidad, supuso una movilización de los afectados que tuvo gran repercusión en la prensa regional e incluso llegó a las Cortes de Castilla y León

  • Entre quienes hemos trabajado muchos años en el sistema sanitario público existe la impresión bastante generalizada de que en los sucesivos procesos selectivos que se convocan hay opositores que acuden dopados, es decir que han recibido algún tipo de filtración sobre las cuestiones que se abordarán en los exámenes. Incluso se comenta que determinadas plazas parecen tener candidato ya asignado previamente. Estas sospechas en muchos casos son de muy difícil comprobación, pero ello no implica que las irregularidades no existan y se produzcan, desvirtuando así las condiciones legales que una convocatoria de una Administración Pública tiene que cumplir.
Exigencia de actuación

Es en los procesos de concurso-oposición donde es exigible el máximo de transparencia y rigor, garantizando una igualdad real de oportunidades

Todo lo anterior exige en mi opinión que se actúe con prontitud y eficacia desde las diferentes administraciones públicas para garantizar que se cumpla lo que nuestra legislación contempla en esta materia y que sucintamente expongo a continuación:

-La Constitución Española  (art.103) establece que el acceso a la función pública se hará de acuerdo a los principios de mérito y capacidad.

-El Estatuto Marco del personal sanitario de los servicios de salud (art. 29) establece que los criterios generales de la provisión de plazas se regirán por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección, promoción y movilidad del personal de los servicios de salud.

-El Estatuto Marco (art. 30)  establece también que las convocatorias y sus bases vinculan a la Administración y Tribunales calificadores.

Es en los procesos de concurso-oposición donde es exigible el máximo de transparencia y rigor, garantizando una igualdad real de oportunidades, pues su resolución final supone la adjudicación de plazas fijas, objetivo por el que se esfuerzan y sacrifican muchos cualificados y honestos profesionales.

La configuración territorial del Estado en Comunidades Autónomas, con plena capacidad para ordenar y gestionar sus sistemas de salud, exige a todas ellas salvaguardar la legalidad vigente y, como hemos visto, ello no siempre se produce y existen indicios y hechos que permiten pensar que, con más frecuencia de la deseada, se producen irregularidades y es imperativo garantizar que no se produzcan más. Quizá en aras a lo recogido en la Constitución Española (art. 149 .16), el Ministerio de Sanidad debiera liderar un proceso de análisis sobre los procesos de selección y, en todo caso, instar a que se cumpla escrupulosamente la legalidad, no se vulneren derechos de profesionales que acuden con limpieza a los distintos procesos selectivos, se asuman responsabilidades políticas y, sobre todo, se actúe sancionando con firmeza y contundencia, en el marco de la legalidad, a quienes ejecutan acciones que vulneran principios consagrados en nuestro ordenamiento jurídico.

 

Carlos Barra Galán

Médico Especialista Jubilado. Licenciado en Derecho

1 Comentario

  1. ADR says:

    ¿Qué se puede hacer cuando recurres y hay silencio administrativo o te envían al contencioso-administrativo o los sindicatos ni colegios quieren saber nada? ¿Por qué se consiente que los tribunales opositores estén compuestos por jefes de servicio que luego deciden qué plazas salen después de haber aprobado sus colegas?

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