Política y Sociedad Hecho que implica penas de entre cuatro y seis años de cárcel

Medios jurídicos califican de «impresentable» la retención de la doctora de El Garrobo

En declaraciones realizadas a Acta Sanitaria, Ricardo de Lorenzo, quien es especialista en Derecho Sanitario, ha calificado de «actuación absolutamente impresentable» los hechos ocurridos el pasado 24 de agosto en la localidad sevillana de El Garrobo, cuando su alcalde, Jorge Jesús Bayot, y un grupo de personas participaron en la retención durante varias horas de la médica de Familia que acababa su guardia en el consultorio de este municipio, unos hechos que pueden implicar «penas de entre cuatro y seis años de prisión».

Jorge Jesús Bayot

Dicho letrado señala que, bajo su punto de vista, «se cometieron dos delitos, como son los de coacción y de detención ilegal, que son los que aparentemente se han producido en este caso». A este respecto, explica que ambos delitos se producen «cuando un particular encierra o retiene a otro privándole de su libertad».

Así, con base en el Código Penal, Ricardo de Lorenzo comenta que «las penas por estos delitos pueden elevarse a entre cuatro y seis años de prisión». Ante esta situación, lamenta que «lo que no se ha cumplido son los protocolos de los planes de agresiones a sanitarios».

Además, dicho especialista en Derecho Sanitario indica que «se deben habilitar esos protocolos para el acompañamiento de la profesional sanitaria en todo momento, el asesoramiento jurídico y psicológico, en caso necesario», unas acciones que «en absoluto» se produjeron y que «no se cumplieron en ningún momento».

Acciones legales

En este sentido, De Lorenzo denuncia que «lo que no se puede permitir es que problemas de planificación o problemas de precariedad de medios tengan que asumirlos los profesionales sanitarios por la vía de la coacción o de la detención ilegal».

Respecto a las acciones legales que se están realizando, el letrado resalta «el posicionamiento firme y contundente de proceder a denunciarlo por parte de la Organización Médica Colegial (OMC)», una institución que manifestó «su apoyo y solidaridad con la médica tras la coacción sufrida, así como el respaldo al Colegio Oficial de Médicos de Sevilla por sus actuaciones en el mismo sentido».

Asimismo, De Lorenzo matiza que este tipo de actuaciones requiere de una «participación conjunta de denuncia» a la que se deben sumar «las actuaciones de forma directa de quienes tienen la legitimación activa para ello, es decir, la Organización Colegial que lo ha notificado al Colegio competente, que es el de Médicos de Sevilla, lo mismo que los sindicatos médicos de la zona a la que corresponde El Garrobo».

Reacción de los sindicatos

En su momento, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) presentó una denuncia contra el alcalde de El Garrobo, «como representante legal de este municipio y máxima autoridad administrativa», y contra aquellas personas que participaron en la retención de la médica que se encontraba realizando su labor en el consultorio de la localidad el pasado 24 de agosto.

También, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) manifestó su «más enérgica condena y repulsa de estos hechos, delictivos a todas luces, que ponen en entredicho el Estado de Derecho, el libre ejercicio de las libertades públicas y la práctica serena y segura del ejercicio profesional, que deteriora gravemente la relación médico-paciente, la salud laboral y la seguridad de los pacientes».

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