Política y Sociedad Según informa el Consejo General de Enfermería

Más de 1.200 ataques contra sanitarios en 2019 causaron la muerte a 150 de ellos en el mundo

— Madrid 15 Jun, 2020 - 5:21 pm

Un nuevo informe, publicado por la Coalición para preservar la salud en los conflictos, de la que forma parte el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), estando en este último integrado el Consejo General de Enfermería, muestra que, en 2019, se cometieron más de 1.200 ataques y amenazas contra trabajadores sanitarios, instalaciones y transportes médicos y de pacientes en 20 países afectados por conflictos armados, lo que provocó que, al menos, 150 trabajadores sanitarios perdieran la vida, 90 fueran secuestrados y, al menos, otros 500 resultaran heridos en ataques a la atención sanitaria.

Dicho informe, que representa la evaluación más detallada de los actos de violencia y amenazas contra la atención sanitaria en regiones que están experimentando conflictos armados y violencia política, revela que estos ataques continuaron en 2019 con “total impunidad, menoscabando la Salud Pública y denegando a los civiles el acceso a servicios sanitarios que salvan vidas”.

Los datos de 2019 reflejan un incremento “alarmante” en el número de denuncias de actos violentos en comparación con 2018, año en que la Coalición para preservar la salud en los conflictos denunció 973 actos de este tipo en 23 países objeto de estudio, lo que supone un incremento del 23,6 por ciento.

Sin embargo, el Consejo General de Enfermería indica que “el alcance real de la violencia contra la atención sanitaria en los conflictos podría ser muy superior, puesto que se denuncian muchos menos casos de los que se producen”. Estas agresiones se llevaron a cabo en los meses previos a la pandemia de la Covid-19, en la cual “la fortaleza de los sistemas de salud y la protección del personal sanitario es más esencial que nunca en todos los países del mundo”, añade.

Bombardeo de hospitales

El año pasado se caracterizó por el bombardeo aéreo de hospitales en Libia, Siria y Yemen, así como por los disparos efectuados a médicos mientras atendían a manifestantes heridos en Irak, el territorio ocupado de Palestina y Sudán, y por el secuestro de trabajadores sanitarios en Burkina Faso, la República Democrática del Congo (RDC) y otros lugares.

“En Afganistán y Siria hace muchos años que continúan los ataques a la atención sanitaria a niveles muy elevados. El 2019 no ha sido una excepción, con más de 100 actos de violencia denunciados en cada uno de ellos”, indica el Consejo General de Enfermería.

El informe anual de la Coalición para preservar la salud en los conflictos cubre el año civil 2019, pero la violencia contra la atención sanitaria también dificultó la respuesta a la pandemia de la Covid-19 en países tanto en situación de conflicto como de paz.

Insecurity Insight, que es miembro de esta Coalición, denunció 265 actos de ataque y amenaza contra la atención sanitaria desde enero y hasta mayo de 2020 en 61 países como respuesta a las medidas de salud adoptadas contra la Covid-19, como, por ejemplo, respuestas violentas a la realización de test y a las medidas de cuarentena, así como ataques a los trabajadores sanitarios por miedo a que pudieran propagar la infección.

Poner fin a la violencia

“Nuestros alarmantes descubrimientos revelan una vez más que los compromisos para poner fin a la violencia contra la atención sanitaria siguen siendo débiles, más retórica que acción”, afirma el fundador y presidente de la Coalición para preservar la salud en conflictos y profesor en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la estadounidense Universidad Johns Hopkins, Leonard Rubenstein.

Este informe realiza recomendaciones detalladas para prevenir y responder a los ataques a la salud, en particular dirigidas a los Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ministerios de defensa, ministerios de salud, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sociedad civil y los donantes.

Entre sus consejos, se encuentra priorizar las mejoras y las inversiones en recopilación de datos, vigilancia y mecanismos de presentación de informes en relación con los ataques a la salud; y fortalecer los mecanismos nacionales para la realización de investigaciones exhaustivas e independientes sobre presuntas violaciones; así como garantizar la rendición de cuentas de los autores por las violaciones cometidas.