Política y Sociedad

Madrid avanza en la privatización de la gestión en la sanidad pública

Javier Fernández Lasquetty
Javier Fernández Lasquetty
Ignacio González 
Ignacio González 

El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, explicó el jueves en rueda de prensa las medidas sanitarias avanzadas el día anterior por el presidente del gobierno regional, Ignacio González, en la presentación de los presupuestos autonómicos para 2013. Y empezó justificando la necesidad de adoptarlas por la «situación brutal de crisis económica, unida al déficit de financiación autonómica». Con todo, el consejero admitió con orgullo a lo largo de su presentación que se trata de reformas que buscan la eficiencia y que la comunidad madrileña ya lleva poniendo en práctica en mayor o menor medida desde 2003 con la gestión público-privada de algunos hospitales. «Tenemos experiencia en reformas y sabemos que no perjudican a la calidad de la asistencia», afirmó.

 

Igual calidad a coste menor

 

La sanidad madrileña contará en 2013 con 7.108 millones de euros, un 7% menos que en el presente ejercicio. Al haber disminuido otras partidas, el peso de este capítulo pasa del 40 al 45% de los presupuestos de la comunidad. Según expresó el consejero Fernández Lasquetty, el objetivo es ahorrar: que siga funcionado con altos niveles de calidad, pero a un coste inferior. El conjunto de reformas se engloba como un Plan de Garantía para el futuro de la sanidad madrileña.

 

Una de las primeras medidas anunciadas es la privatización de la gestión en seis hospitales madrileños, los centros Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo, que se unirán a las experiencias de otros tres, en especial al de la localidad de Valdemoro, con gestión privada íntegra desde hace un lustro. Según Fernández Lasquetty, los informes de los que dispone la Consejería -y que no se han hecho públicos- muestran que los resultados en salud son equiparables a los de otros hospitales públicos y a un coste menor: 441 euros de media por paciente al año, frente a 600 en la gestión pública. La concesión capitativa por licitación será de 10 años.

 

Servicios no sanitarios

 

En el resto de los hospitales madrileños está previsto externalizar, es decir, privatizar, todos aquellos servicios no sanitarios, como cocina, almacén, o mantenimiento; también abrir la jornada por las tardes, vieja aspiración de casi todos los gobiernos, pero esta vez, contratando personal expresamente para ello. Se harán pruebas diagnósticas, consultas e intervenciones quirúrgicas, no de forma extraordinaria «sino como jornada laboral normal». También afectará a la reestructuración hospitalaria la concentración de los laboratorios clínicos en los centros con mayor capacidad tecnológica, aunque el resto mantenga los servicios de análisis para su propia rutina interna.

 

En este mismo capítulo hospitalario, el consejero anunció que dos hospitales, el de la Princesa, en pleno centro de Madrid y con una población de referencia de 300.000 ciudadanos, y el Carlos III, especializado en enfermedades infecciosas, cambiarán de perfil. Sin explicar muy bien cómo, el primero «está llamado a ser un referente europeo» para el tratamiento agudo de enfermedades prevalentes en personas mayores, y el segundo en un centro especializado en tratamientos de media y larga estancia, también para este grupo de población.

 

Cooperativas en los centros de salud

 

El segundo tramo de asistencia pública que pasará a experimentar la gestión privada serán los centros de salud, un 10% de los cuales, hasta 27, también saldrán a licitación para ser gestionados preferentemente por los propios profesionales del centro que quieran constituirse en sociedades o cooperativas como en Cataluña, y, si no hay ofertas, por empresas privadas. Fernández Lasquetty entiende que este modelo «es más eficiente en el uso de los recursos y más motivador para los profesionales».

 

También como en Cataluña, la Comunidad de Madrid implantará desde enero lo que denomina una «tasa por acto administrativo», es decir el pago de un euro por cada receta, hasta un máximo de 72 euros al año. Estarán exentos los mismos grupos de población que no están sujetos a copago. El euro se abonará por aquellos medicamentos con precio superior a 1,67 euros, igual que se estableció en la comunidad catalana que desde junio lleva recaudado (en sus notas oficiales se denomina recaptación) por este concepto 33,6 millones de euros y ha registrado una disminución del 20,61% en el número de recetas (un 0,07 no han sido abonadas). Madrid espera recaudar hasta 83 millones de euros con esta tasa que, según el responsable de Sanidad, sólo tiene un fin disuasorio frente a un consumo excesivo de fármacos.

 

Jubilación flexible

 

Presentación de los presupuestoEn el capítulo de recursos humanos, además de la ya citada contratación de nuevas plantillas para el funcionamiento de los hospitales por la tarde, la Consejería se propone aplicar, «de forma selectiva», el estatuto marco en cuanto a la jubilación de los profesionales sanitarios, permitiendo continuar en el ejercicio a aquellos que lo deseen, previa evaluación. El consejero calcula que un tercio de los sanitarios se acogerá a esta fórmula.

 

También dio explicaciones Fernández-Lasquetty sobre el futuro del personal estatutario cuyo puesto de trabajo pase a manos privadas. «Se les va a ofrecer la alternativa de pasar a la plantilla de otros hospitales», explicó, en el caso de que no quieran aceptar las nuevas condiciones de trabajo y recordó que en Madrid existe un régimen especial de excedencia que permite a estos trabajadores reingresar en el sistema público, manteniendo su carrera profesional y antigüedad.

 

El consejero madrileño se comprometió ante los medios de comunicación a ofrecer información «periódica» de los resultados de estas medidas ante los profesionales del sistema, la asamblea regional y los propios periodistas.

 

Reacciones sindicales y políticas

 

CSIT UNIÓN PROFESIONAL informó de que, en la reunión de la Mesa Sectorial celebrada el miércoles, la Dirección General de RRHH de Sanidad les puso al corriente de las cuestiones relativas al Proyecto de Presupuestos 2013 que afectan al personal del SERMAS. Este sindicato manifiesta su frontal oposición a las medidas impuestas y declara que la negociación se ha roto ya que las mismas se imponen unilateralmente a los trabajadores del SERMAS. La Organización considera que la Administración inicia «un proceso de deterioro brutal en el servicio público sanitario para favorecer la iniciativa privada, en este caso y en concreto, de las empresas concesionarias que vienen gestionando los nuevos hospitales de la región, lo que repercutirá en un deterioro de la calidad del servicio público al ciudadano».

 

El mismo jueves, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, publicaba un comentario en Facebook considerando que las medidas anunciadas por el gobierno madrileño «demuestran una vez más que el PP utiliza la crisis como coartada para imponer el programa máximo de la derecha; lo que siempre habían querido, pero no se habían atrevido a hacer». Rubalcaba anuncia que el PSOE no tolerará el nuevo copago y la privatización de hospitales, «otro golpe de piqueta en la demolición del Estado del Bienestar».

 

El diputado y portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, por su parte, emplazó tanto al Gobierno central como a la Defensora del Pueblo a frenar el «tripago» decidido por el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, decisión que tachó de «escándalo». El parlamentario de IU afirmó que ni antes el Ejecutivo de la Generalitat de Artur Mas ni ahora el del PP de la Comunidad Madrid «tienen competencias para implantar ese ‘tripago'», tal y como establece el artículo 149 de la Constitución, que deja este tipo de competencias en manos exclusivas del Estado.

 

A juicio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, que critica la tasa por receta «por inconstitucional», las privatizaciones de servicios no mejorarán la eficiencia del sistema sanitario. «Todos los datos señalan que en Madrid los hospitales de gestión privada y semiprivada suponen unos sobrecostes entre 7 y 8 veces a los ciudadanos madrileños. La privatización es la opción ideológica del PP a un coste exorbitante que van a acabar pagando los enfermos y los pensionistas con el copago farmacéutico».

 

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