Punto de vista

Los nuevos hospitales de Madrid: opacidad y despilfarro

El presente comentario se fundamenta en un reciente informe de la Cámara de Comercio de Madrid (que recogemos como documento en esta edición) en donde se ponen de manifiesto distintas irregularidades detectadas en el proceso de actuación de los nuevos hospitales gestionados de acuerdo con la fórmula de concesión de obra pública.

Los madrileños recuerdan cómo en 2003 la ya Presidenta Sra. Aguirre les explicaba las bondades que tenía la construcción de hospitales mediante la colaboración público-privada que iba a llevar a cabo; parecía que el recién estrenado Gobierno Aguirre había descubierto algo novedoso e innovador, que iba a suponer una mejora sustancial en la sanidad pública madrileña, pero ocultaba el ejecutivo regional que en el Reino Unido la Sra. Thacher ya había puesto en marcha un procedimiento idéntico y ello había significado una pérdida en la calidad de las prestaciones y un encarecimiento grande de los costes en el Servicio Público de Salud británico.

 

Ciertamente la agresiva campaña de marketing que, con información incompleta y sesgada llevó a cabo el Gobierno Regional de Madrid, consiguió que un número importante de ciudadanos creyese en la bondad de la medida y no percibiera el peligro que entrañaba para el futuro de la sanidad madrileña, toda vez que, abusando de la mayoría absoluta. se hurtó el obligado debate político y social que una medida de esa naturaleza exige en un sistema democrático maduro. No obstante lo anterior, frente a la euforia de Aguirre y sus correligionarios, el sorprendente silencio de las organizaciones profesionales del sector y la sorpresa paralizadora de sindicatos y partidos de oposición, hubo asociaciones sanitarias, movimientos vecinales, colectivos sociales y profesionales a título individual, que desde el primer momento manifestaron su posición crítica, avisando de los peligros que la introducción en tromba del sector privado en la sanidad pública madrileña significaba. Denunciábamos ya entonces que la construcción de esos hospitales se iba a realizar sin ningún estudio previo de planificación, obviando cualquier análisis de estudio de necesidades y asignación de recursos, todo ello contraviniendo las normas elementales de cualquier política sanitaria seria y responsable. Sabíamos también que en este modelo es habitual que las empresas concesionarias reclamen una renegociación al alza transcurrido un breve periodo desde su puesta en marcha, con el argumento de haber realizado más actividades de las pactadas.

 

Asimismo manifestamos entonces que el mecanismo elegido era muy gravoso desde el punto de vista financiero e iba a hipotecar acciones necesarias en el futuro para garantizar el adecuado funcionamiento del conjunto del sistema sanitario público madrileño; también pusimos en tela de juicio las afirmaciones que desde el gobierno regional se realizaron, al asegurar que estos nuevos centros iban a ser trascendentales para conseguir la reducción de las demoras asistenciales existentes (hoy, a pesar del enorme incremento de derivación de actividades al sector privado y del funcionamiento de estos nuevos hospitales, ese problema no ha sido resuelto).

 

En mi opinión, lo que sí se ha producido ha sido un importante encarecimiento de los costes, una precarización de las condiciones laborales de los profesionales y trabajadores del sector, un caos en la ordenación de las prestaciones y una ausencia absoluta de cualquier indicador fiable que permita constatar se haya producido mejora alguna en la calidad asistencial.

 

En estos días tales hospitales han vuelto a ser noticia y precisamente en un sentido nada favorable respecto a su funcionamiento y control del mismo. Me explicaré:

 

Hemos conocido por determinados medios de comunicación de la existencia de un informe de la Cámara de Cuentas (órgano fiscalizador) de 24 de setiembre 2012, en el que el citado organismo afirma que el gobierno regional aprobó la entrega de más de seis millones de euros para rescatar a las empresas concesionarias (acuerdo del Consejo de Gobierno de septiembre 2010); al parecer, éstas habían remitido también una carta al gobierno regional pidiendo 80 millones más, advirtiendo que de no recibirlos existía un peligro de su colapso financiero; asimismo el informe desvela la existencia de recursos contencioso-administrativos interpuestos por las empresas concesionarias contra la Administración, reclamando diferentes cantidades y que esperan su fallo en vía judicial.

 

También refleja el informe la falta de cumplimiento de la obligación de liquidación de ejercicio presupuestario 2009 en todos los hospitales aludidos, incumpliendo la exigencia marcada en los pliegos de los respectivos contratos, lo que genera inseguridad respecto a las cantidades finales a abonar a las empresas concesionarias. Asimismo el informe indica que sólo un hospital ha aportado documentación justificando controles periódicos en todos los servicios que las concesionarias tienen que realizar, éste hecho es particularmente grave si tenemos en cuenta que un informe de la Inspección de Trabajo fechado en 2009 indicaba la existencia de deficiencias en los servicios. Podemos concluir que el informe de la Cámara de Cuentas muestra un escenario muy preocupante que obliga a realizar varias preguntas:

 

¿ Cuál ha sido el funcionamiento de la Unidad Técnica de Control (UTC) creada por Orden del Consejero de Sanidad(2073/2007) con la función de llevar a cabo la monitorización, control y evaluación de los servicios de explotación de los referidos hospitales?.

 

Carlos BarraSi la citada unidad ha funcionado en la práctica, ¿cuántos informes ha emitido, a qué responsable político los ha remitido, cuántos incumplimientos contractuales ha constatado y quá medidas ha propuesto para subsanarlos? ¿Qué control ha efectuado sobre la actuación de los responsables de los hospitales citados constituidos en empresas públicas?

 

En el contexto del escenario reflejado en el informe de la Cámara de Cuentas cabría preguntarse:

 

¿Existen más reclamaciones económicas, aún no conocidas, de las empresas concesionarias?. Si éstas existiesen, ¿qué nivel de fundamentación tienen? ¿Podrían afectar a la cifra real de déficit de la Comunidad de Madrid?.

 

En mi opinión, las cuestiones planteadas merecen respuestas rápidas, veraces y públicas, toda vez que en el contexto de la crisis se está exigiendo un sacrificio brutal a una mayoría de los ciudadanos, que no entienden que pueda existir tal falta de control y rigor en la gestión de los dineros públicos.

 

Carlos Barra es médico especialista del Sistema Nacional de Salud

 

Acta Sanitaria

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