Punto de vista temor a una huida hacia la atención privada

Los años de la crisis en Atención Primaria. (3) La opinión de la población

Con este artículo, dedicado a la opinión de los ciudadanos sobre la Atención Primaria (AP), se cierra la serie de tres en que, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), se ha analizado su evolución en los años de crisis económica.

La opinión de la ciudadanía es un factor clave a la hora de analizar el funcionamiento de la Atención Primaria (AP) y para ello hemos analizado la información que se recoge en el Barómetro Sanitario, sobre el que conviene hacer algunas matizaciones.

La primera de las cuales es que, aunque el número global de encuestados es bastante representativo (alrededor de 7.500 en todo el país, varía según los años), cuando se desagrega por Comunidades (CCAA) algunas, por su población, tienen pocos encuestados, la que menos La Rioja, 52 encuestas en 2018, por lo que en estas los resultados tienen que ser vistos con prudencia. Obviamente Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia tienen muestras muy importantes. La segunda es que algunas preguntas “desaparecieron” en los últimos Barómetros (probablemente porque los resultados no convenían a las autoridades sanitarias del momento). Y la última es que la formulación de algunas preguntas cambió, con lo que los resultados no son estrictamente comparables o debe de hacerse esta comparación con prudencia. Por otro lado, hemos utilizado, cuando era posible, la comparación entre 2010 y 2018 (el último Barómetro publicado) y, en algún caso, con años anteriores.

Valoración positiva

En general, y como sucede con todos los servicios analizados, la valoración de quienes utilizan la Atención Primaria (AP) es bastante buena y esta permanece casi igual en el tiempo, tal y como se observa en la Tabla siguiente en la que la consideración de que la atención recibida fue buena o muy buena creció en 0,23 y superaba en promedio el 86%. Los datos por CCAA evidencian que disminuyó la valoración en 8  ellas y que solo en un caso esta valoración baja del 84% en 2018, superando este año en tres comunidades el 90% (Aragón, Castilla La Mancha y Cantabria).

La puntuación que se realiza del servicio sanitario es también favorable (> 7) con excepción del tiempo que tardan en verlo desde que piden la cita (6,44) y el tiempo que tardan en realizarle las pruebas diagnósticas (5,45). Como era de esperar, de acuerdo con lo señalado anteriormente, estas dos últimas preguntas desaparecieron en Barómetros posteriores.

Otro asunto importante es la preferencia por la AP de la Sanidad Pública. La siguiente tabla recoge la comparación de los resultados de la pregunta “¿Si Ud. pudiera elegir, preferiría la AP de la Sanidad Pública?”. Como se ve, se sigue prefiriendo mayoritariamente la Sanidad Pública y esta preferencia ha crecido en 4,34 puntos en el conjunto del país. En este asunto las diferencias entre CCAA son mayores. En dos CCAA (Baleares y Canarias) esta preferencia en 2018 no alcanza el 55%, y solo en una (Asturias) supera el 80% (85,7%).

Sector público vs sector privado

Cuestión diferente es el resultado de analizar las veces que durante el último año acudieron las personas encuestadas al sistema público y al sector privado, produciéndose un crecimiento en ambos casos (un 4,87% más en el caso de la Sanidad Pública y un 26,47% en el de la medicina privada). Como siempre, con gran variabilidad interautonómica, pero llaman la atención los casos de Canarias (de 0,44 a 0,76), Murcia (0,07 a 0,69), Cataluña (0,44 a 0,64), Madrid (0,42 a 0,61) y Cantabria (0,20 a 0,57). Una deriva preocupante que demuestra que el deterioro del sistema público (en este caso, la mayor presión asistencial que ya señalábamos en el artículo anterior y las importantes demoras en las citas)  acaba “favoreciendo” la utilización del sector privado.

Durante el último año ¿cuántas veces acudió a un medico de cabecera de la Sanidad Pública, y cuántas a uno privado?

Congruente con esta situación son los resultados de la tabla siguiente que comparan la evolución de quienes pensaban que la AP había mejorado y empeorado en los últimos cinco años. (Utilizamos los resultados de 2010 y 2016 porque, a partir de este año, la pregunta “desapareció” del Barómetro).

Ya se ve que en estos años el porcentaje que piensa que había mejorado la AP disminuyó en 21,83 puntos y quienes piensan que había empeorado aumentó significativamente (+13,3 puntos). Las situaciones más llamativas en cuanto a quienes piensan que había empeorado la AP se dan en Cataluña (+18,84), Andalucía (+18,07), Madrid (+16,92), Castilla La Mancha (+16,48) Baleares (+ 14,85) y Castilla y León (+14,61). Como se ve (y con la limitación de que no se analiza el mismo periodo), coinciden bastante con aquellas CCAA donde más aumentaron las consultas de AP en el sector privado.

Demoras en las citas

Por fin vamos a revisar las demoras en las citas de AP, un caso este en que las preguntas concretas han cambiado con el tiempo, pero teniendo en cuenta esta limitación hemos elaborado la tabla siguiente en la que se ve la evolución de las demoras en las citaciones.

En 2010, el 44,5% señalaba que le daban cita “siempre o casi siempre” en 24 horas y, en el 2018, el 47,5% decía que le atendieron “ese día o el siguiente”, por lo que parece que la situación no ha cambiado mucho a nivel global, aunque la distribución en 2018 ofrece una gran variabilidad (entre el 82,8% y el 21,3%).

Hemos recogido también el porcentaje que dice que fue citado con más de seis días de demora: nada menos que el 24%, situación presente en todas las CCAA, en algún caso con porcentajes muy escandalosos (el 48,2% en Cataluña, 22,7% en Baleares y 20,8% en Valencia). Por otro lado se detectan citas con más de 10 días de demora en un 6% en todo el país. De nuevo, con la peor situación en Cataluña (el 18,1%).

Lógicamente, la mayoría de la población (66,1%) se muestra disconforme con la fecha en la que le dieron la cita y solo en Galicia hubo mayor porcentaje de personas que le pareció bien el día que le atendieron (51,2%).

Como era de esperar existe una relación inversa entre el porcentaje de personas a las que atendieron ese mismo día o el siguiente con el número de consultas anuales en el sector privado (que supera el promedio de consultas privadas en el 75% de las CCAA con menor porcentaje de citas en 48 hs, frente al 15,38% en el caso de las que tienen un mayor porcentaje, diferencia significativa p = 0,022). Es decir las mayores demoras en las citaciones favorecen la mayor utilización del sector privado. Se podría decir que “expulsan” a la población hacia la privada porque, cuando una persona recibe cita para 4-5-6 y no digamos 11-12 días en AP,  tiene tres opciones: esperar a que su problema de salud se solucione espontáneamente o que empeore; acudir a la urgencia (generalmente hospitalaria, que ha crecido un 13,65% entre 2010 y 2016); o, si su economía se lo permite, irse a la medicina privada.

A modo de conclusión

La ciudadanía tiene en gran aprecio la AP pública, a la que elige de manera preferente sobre el sector privado, elección esta que se ha incrementado con la crisis. Asimismo, porcentajes muy amplios refieren que su atención ha sido buena o muy buena y dan un notable a la actuación de los profesionales. De todas maneras detectan que la AP ha empeorado en los últimos cinco años.

El principal problema está en las demoras en las citas, que cuestionan seriamente la accesibilidad y la continuidad y que, probablemente, son la causa del aumento de las urgencias hospitalarias, y del crecimiento de las consultas al médico general en el sector privado durante este tiempo.

La accesibilidad y la continuidad son dos de las principales características de la AP. Para garantizarlas hay que asegurar que más del 95% de la demanda se atiende en 48 horas. Nos tememos que, si esto no se asegura, seguirá el aumento de la utilización del sector privado, generador de exclusiones y desigualdades, y abriría paso a la liquidación de la Sanidad Pública. Por supuesto y como ya señalamos en artículos anteriores, para evitarlo hay que incrementar de manera sustancial los presupuestos y los recursos profesionales de la AP, porque dotación presupuestaria y de personal, demoras en la atención y huida hacia el sector privado están interrelacionadas.

Carlos Sánchez Fernández, Fernando Villaverde Espinosa y Marciano Sánchez Bayle

Miembros de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

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