Política y Sociedad Ante la sentencia contra el IVA reducido

Los sectores afectados siguen esperando una respuesta final sobre el IVA en productos sanitarios

Desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Europea dictó una sentencia en enero del año pasado en la que dictaminaba que  nuestro país incumplía una directiva comunitaria al aplicar un tipo de gravamen reducido del IVA a una serie de productos sanitarios, que no estaban incluidos en la normativa comunitaria, no se han producido novedades. Al menos que se sepa. Así que el tema de la extensión del IVA general del 21 por ciento a productos sanitarios que ahora tributan al 10 por ciento solo es noticia porque estamos en el aniversario de la infausta sentencia y no porque se hayan producido novedades.

Este es el contexto general en que se mueven las organizaciones sanitarias que se verán muy afectadas cuando se aplique la medida y que aseguran que no se pronunciarán al respecto hasta que no tengan la información del propio Ministerio de Hacienda, que ha trabajado junto con  patronales sanitarias y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para tratar de minimizar el estropicio

 

Manuel Vilches

Manuel Vilches

En caso de que la jurisprudencia europea se tuviera que aplicar desde este mismo mes de enero sería adentrase en el peor de los escenarios posibles, tanto para la ya maltrecha sanidad pública como para la privada que ya echó números en su día y que, según el director general del IDIS, Manuel Vilches, que se lo tiene muy estudiado, supondría una pérdida del Ebitda (el resultado operativo del negocio) del 11 por ciento, un riesgo para el empleo  (solo en el sector privado hay  más de 20.000 profesionales) y un incremento de los costes y de los ingresos de facturación de más de un 1 por ciento. Todo ello llevaría, calcula, a que al menos un 18 por ciento de los hospitales privados se vieran seriamente afectados.

Todos saben que deberán aplicarlo, aunque esperan rebajar la intransigencia de Bruselas

Los cálculos de la sanidad pública, en caso de que  IVA afectara a todos los productos sanitarios que marca Bruselas, son casi más desalentadores puesto que algunas de  nuestras CCAA dedican casi el 50 por ciento a esta partida  y en los momentos presentes están haciendo malabares para cumplir con proveedores y evitar más despidos en el sector. Los afectados están convencidos de que la normativa hay que cumplirla, puesto que  el no aplicarla va acompañada de fuertes sanciones económicas, más el escarnio de la divulgación del incumplimiento, pero todos entonan “el pase de mi este cáliz”.

Manuel Vilches sigue argumentando con resignación que la actual alerta no es otra cosa que la crónica de una muerte anunciada, si bien al igual que el resto del sector, argumenta que no es lo mismo que la subida se aplique en enero, en junio o a final de este mismo 2014. También alberga la esperanza de rescatar algunos  productos de la estricta lista presentada por Bruselas. Son esperanzas fundamentadas en un grupo de trabajo en el que están  la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Secretaría General de Sanidad, la Dirección General de Tributos y la patronal Fenin, que aglutina a 500 empresas (entre las que están IDIS y la FNCP que preside Cristina Contel).

La  principal misión de esta agrupación ha sido tratar de mitigar el impacto de esta subida fiscal y rescatar al mayor número de productos de ir gravados al 21 por ciento. Por cierto que nuestros interlocutores hablan muy bien del comportamiento de las autoridades sanitarias e impositivas, por la comprensión  que están mostrando en todo momento a los problemas que plantea la infausta medida. Uno de los escollos a los que pretende asirse el informe elaborado por  funcionarios y empresarios es que las diferencias en el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) son “abismales” entre los países de la propia UE.

Grandes esperanzas

El informe que salió del trabajo  de esta agrupación ya fue enviado a Bruselas y, según Vilches, se pidió  que se reevaluara el alcance de la medida,   para lo que envió una lista alternativa con los productos que creen que pueden quedar exentos del 21 por ciento y tributar  en la modalidad reducida. Ahí es donde están puestas las grades esperanzas, tanto de las habitualmente autoridades impositivas como por parte de las sanitarias públicas y las privadas. Todos a una, ya que “nos afecta a todos”, incide Vilches, que introducía el dato de que necesitan tiempo para poder acoplar el modelo de las nuevas facturaciones. Y el meollo de la cuestión está en que la directiva comunitaria establecía que tan solo se puede aplicar un IVA reducido a los productos farmacéuticos para el cuidado de la salud y la prevención de las enfermedades, así como  a los equipos médicos e instrumental para aliviar o tratar enfermedades para uso personal y exclusivo de minusválidos.

Ante el panorama  que se presentaba, el gobierno anterior  hizo una interpretación mucho más amplia de esos dos conceptos. En el caso de los productos farmacéuticos extendió el tipo reducido a los principios activos y en el de los equipos traspuso lo que fijaba la normativa nacional del IVA. En esta última se incluían las gafas graduadas, las lentillas y todos los equipos y productos “que solamente puedan utilizarse para prevenir, tratar, diagnosticar o curar enfermedades o dolencias del hombre o de los animales”. Aquí entraban los costosísimos aparatos de rayos X, escáneres; además de vendas, camillas, tiritas o mobiliario sanitario.

Ministerio de Empleo

El director general del IDIS apunta a que el incremento  de un 11 por ciento de la alta tecnología, “cuando ya estamos con grandísimos problemas para aplicar la renovación tecnológica en el ámbito público, imagínate ahora; va a ser prácticamente imposible renovar. La renovación que se estaba dando en el sector privado se nos pone difícil. Porque es todo. Se junta el incremento de las cuotas de la seguridad social, de las pólizas de los seguros de salud de empresa, según la normativa emitida el 21 diciembre por el Ministerio de Empleo. (Se refiere al  decreto que aumenta desde esa fecha los conceptos retributivos que deben incorporarse a las nóminas y, por tanto, cotizar a la Seguridad Social. Entre ellos están los pluses de comida, los seguros de salud o las aportaciones a planes de pensiones. Las aseguradoras y empresas de vales de comida ya han  alertado sobre el daño que esto hará a sus negocios y al empleo). Así que continúa planteándose que si las luces que parecían que se empezaban a ver al final de túnel son verdad, ” para nosotros va a comenzar un nuevo túnel con esto”.