Política y Sociedad debe ser aprobada en el pleno del congreso y, después, tramitada por el senado

Nuevo paso adelante de la ley de eutanasia, que permite su práctica en domicilios e incluye 5 requisitos

— Madrid 11 Dic, 2020 - 11:38 am

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al texto de la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, con la aprobación del informe de la ponencia, un dictamen que garantiza que esta práctica se lleve a cabo en domicilios y que establece cinco requisitos a cumplir por el paciente que desee recibir “la prestación de ayuda para morir”.

Con la incorporación de las enmiendas aprobadas en el citado órgano de la Cámara Baja y las que ya incluía el propio informe de la ponencia, este salió adelante con 22 votos a favor y 14 en contra. Ahora, este documento debe ser votado en el Pleno del Congreso, donde necesita el respaldo de la mayoría absoluta de los diputados para su aprobación y continuar así su tramitación en el Senado. Dado que enero es un mes inhábil, se espera que la tramitación no comience antes de febrero de 2021.

Esta Proposición de Ley Orgánica, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista (GPS), introduce en el ordenamiento jurídico la eutanasia como un nuevo derecho individual. Con esta iniciativa, se reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos previstos en esta Ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.

Así, en su capítulo IV, esta norma establece “los elementos que permiten garantizar a toda la ciudadanía el acceso en condiciones de igualdad a la prestación de ayuda para morir, incluyéndola en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y garantizando así su financiación pública, pero garantizando también su prestación en centros privados o, incluso, en el domicilio de la persona solicitante. Hay que destacar que se garantiza dicha prestación sin perjuicio de la posibilidad de objeción de conciencia del personal sanitario”.

Condiciones a cumplir

Para poder recibir la prestación de ayuda para morir, será necesario que la persona cumpla cinco requisitos. En primer lugar, “tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud”.

En segundo lugar, “disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a Cuidados Paliativos”, muestra este texto. Además, “haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de, al menos, 15 días naturales entre ambas. Si el médico responsable considera que la pérdida de la capacidad de la persona solicitante para otorgar el consentimiento informado es inminente, podrá aceptar cualquier periodo menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas”, explica.

El solicitante también debe “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el médico responsable”, sostiene la norma. Por último, será necesario “prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir”, indica. Sin embargo, la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia contempla excepciones.

En concreto, no será de aplicación lo previsto en los requisitos segundo, tercero y quinto “en aquellos casos en los que el médico responsable certifique que el paciente no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar las solicitudes”, siempre que el cuarto requisito sí se cumpla y se “haya suscrito con anterioridad un documento de instrucciones, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento. En el caso de haber nombrado representante en ese documento será el interlocutor válido para el médico responsable”, describe este texto.

Incluida en el SNS y de financiación pública

La solicitud para recibir la eutanasia deberá obtener una resolución positiva, tras la cual “la prestación de ayuda para morir debe hacerse con el máximo cuidado y profesionalidad por parte de los profesionales sanitarios, con aplicación de los protocolos correspondientes, que contendrán, además, criterios en cuanto a la forma y tiempo de realización de la prestación. En el caso de que el paciente se encuentre consciente, este deberá comunicar al médico responsable la modalidad en la que quiere recibir la prestación de ayuda para morir”, describe la ley.

Asimismo, se explica en esta norma que “la prestación de ayuda para morir estará incluida en la cartera de servicios comunes del SNS y será de financiación pública”. El Consejo Interterritorial del SNS deberá elaborar, en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, un manual de buenas prácticas que sirva para orientar la correcta puesta en funcionamiento de esta norma.

Objeción de conciencia

Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir tendrán el derecho de ejercer su objeción de conciencia sanitaria, según el dictamen, que señala que “el rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito”.

Las Administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, que se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal.

“La Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias, adscrita a la Comisión de Recursos Humanos del SNS, abordará, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, la coordinación de la oferta de formación continua específica sobre la ayuda para morir, que deberá considerar tanto los aspectos técnicos como los legales, formación sobre comunicación difícil y apoyo emocional”, tal y como aclaran desde la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, que añade que “se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la ayuda para morir a las personas con discapacidad al apoyo que pueden necesitar en el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico”.

Comisión de Garantía y Evaluación

La nueva regulación establece que existirá una Comisión de Garantía y Evaluación en cada una de las comunidades autónomas, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La composición de cada una de ellas “tendrá carácter multidisciplinar y deberá contar con un número mínimo de siete miembros entre los que se incluirán personal médico y juristas”, ordena. El Ministerio de Sanidad y los presidentes de las Comisiones de Garantía y Evaluación de las regiones “se reunirán anualmente, bajo la coordinación del Ministerio, para homogenizar criterios e intercambiar buenas prácticas en el desarrollo de la prestación de eutanasia en el SNS”, según esta norma.

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá ahora el dictamen con, en su caso, los votos particulares y las enmiendas al articulado no incorporadas y que los grupos parlamentarios decidan mantener vivas. Además, al tratarse de una Ley Orgánica, se deberá votar en su conjunto y con todas las modificaciones hechas durante la tramitación, con mayoría absoluta para su aprobación. “Si la obtiene, el Proyecto de Ley pasará al Senado, donde seguirá un proceso similar. Si este modifica el texto, deberá volver al Congreso, que debe decidir si valida o no estas modificaciones”, explican desde la Comisión de Justicia.