Punto de vista

Las soluciones a la Sanidad están escritas hace 20 años

A juzgar por su comentario, el autor se ha visto sorprendido por el hecho de que las medidas que ahora se anuncian para la reforma sanitaria ya estaban contenidas, casi textualmente, en el conocido como ‘Informe Abril’, elaborado hace ya más de veinte años.

Si uno busca en Wikipedia “Informe Abril” se encuentra con esto: “El informe Abril fue un análisis en el que se juzgaba y evaluaba el sistema sanitario público español, con una serie de recomendaciones para su planificación posterior. Redactado en 1991 por una comisión presidida por Fernando Abril Martorell, apellido del que tomó su denominación. El informe estuvo terminado y presentado al ministro el 25 de julio de 1991 y fue presentado en el Congreso de los Diputados por Abril Martorell el 25 de septiembre, siendo presidente del Gobierno Felipe González Márquez. En él se consideraba que existía “un cierto agotamiento del sistema sanitario”. Este informe fue muy criticado en su momento y quedó relegado aparentemente en el olvido. En marzo de ese mismo año se había producido el relevo en el Ministerio de Sanidad de Julián García Vargas, impulsor del informe, que fue sustituido por Julián García Valverde. Sin embargo muchas de las recomendaciones del mismo se han ido adoptando en la primera década del siglo XXI por el Estado y las comunidades autónomas“.

 

Resulta alarmante que aquel informe, discutido y negado, siga teniendo 20 años después buena parte de las soluciones para hacer viable nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), y que aún no se hayan querido, sabido o podido aplicar.

 

La financiación como eje

 

Uno de los apartados más importantes en ese informe es de la financiación. “El gasto tenía una tendencia a crecer en la siguiente década de forma inexorable dadas las fuertes inercias que se daban en el contexto sociocultural de Europa Occidental. La atención sanitaria se comporta como un bien superior, es decir, aumenta a un ritmo mayor al proporcional con la renta per cápita. Con la previsión de un crecimiento en los próximos diez años (1992-2002) de entre 2,5 y el 3,5 %, el sanitario oscilará entorno al 8% del Producto Interior Bruto (PIB). Se tendrá que valorar si los recursos públicos pueden financiar la totalidad de dicho incremento. En caso de que no se pudiera atender con recursos públicos el incremento, cabrá pensar en actuaciones restrictivas (colas, etc.), de carácter limitativo o por vía de precios. La primera crearía una gran insatisfacción social y redundaría en una insuficiencia global. La segunda, “delimitativa”, requiere un debate sobre la concreción de las prestaciones básicas, subvencionadas, de otras complementarias pagadas en gran parte por los usuarios y, finalmente, las libres.”

 

Y en este debate seguimos estando en estos días de preocupación, recortes y medidas difíciles de aplicar. Añadía este informe que “se consideraba que la participación del usuario en el coste de las prestaciones básicas, con las excepciones que la equidad requiera, debían ser una fuente adicional de financiación. En relación con las prestaciones básicas, debería ser pequeña, prácticamente simbólica. De los 40 millones de españoles potenciales beneficiarios, unos 2 millones optaron por un sistema distinto, y unos 4 millones una doble cobertura. La opinión pública en la “encuesta Blendon” considera que es mejor la asistencia privada (57%) que la pública, o que es análoga (33 %). Influyendo en la misma factores subjetivos, entre ellos la facilidad de acceso y la libertad de elección. Se debe constatar que en los sistemas privados, con independencia de las primas, es frecuente la participación en el pago de actos sanitarios y la ausencia de prestación farmacéutica. En resumen, la frontera de la gratuidad como regla general habrá que atravesarla para lograr un mayor grado de satisfacción general”. Y seguimos con los mismos problemas que entonces aunque agravados por la deuda y por el incremento de usuarios. Nada o casi nada se ha hecho.

 

Cartera de prestaciones

 

En estos momentos el ministerio de Ana Mato está decidiendo la cartera de prestaciones básicas y el contenido de esas prestaciones que serán las que mayoritariamente se atenderán con recursos públicos. La introducción de nuevos servicios básicos debería ser reglado con dotación presupuestaria; también hay que crear el concepto de “prestación adicional” y “complementaria”, cofinanciadas por el usuario, y, además, debería establecerse un mecanismo estable para evaluar cualquier nueva tecnología.

 

José SantosPor lo que hace al gasto en farmacia también está escrito desde 1991 y en un cajón. Se deben adoptar medidas que limiten la “sobreprescripción” de fármacos. Reconociendo que la medida sería impopular, aconsejando la participación en el coste, compensando con otras cuantías en pensiones o de tipo fiscal. La regla general es la participación en el coste, exceptuando los grupos que se consideren precisos. En los pensionistas se incrementaría la pensión, pues la medida no tiene un fin recaudatorio, sino de concienciación del coste y eliminación del fraude. Por lo mismo se darían ayudas específicas a pensionistas no contributivos y enfermos crónicos.

 

Si por razones de oportunidad política no se estimase conveniente generalizar la participación en el coste, se podría analizar el pago, con reembolso posterior del 40%. Enfatizar a los médicos el conocimiento farmacológico, incluyendo información económica, comunicándoles los gastos originados por sus prescripciones. Debería separarse el hecho de inscripción de un nuevo medicamento en el registro farmacológico de su inclusión automática en el sistema.

 

Todo esto, y mucho más, está en el ‘Informe Abril’. ¿Alguien se atreverá a aplicarlo o seguirá durmiendo el sueño de los justos?.

 

José Santos ([email protected]) es periodista

 

Acta Sanitaria