Política y Sociedad

Hospitales privados de Madrid denuncian a Tomás Gómez (PSM), por ‘amenazas’ y ‘coacción’

Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la CHCHP
Isidro Díaz de Bustamante,
presidente de la CHCHP

La denuncia, presentada ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, incluye el burofax remitido por Tomás Gómez a todos los miembros de la Confederación el pasado 24 de mayo de 2013 en el que se muestra de manera rotunda «la firme oposición» del Partido Socialista de Madrid «a la autorización al SERMAS para adjudicar contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada en 6 Hospitales y en 27 Centros de salud madrileños.»

 

La Confederación considera que Tomás Gómez amenazó y coaccionó a sus miembros, al afirmar que «me he comprometido, pública y solemnemente, si los ciudadanos nos otorgan su confianza para formar Gobierno, a una completa y exhaustiva revisión de la legalidad e interés público de las privatizaciones resultantes de este concurso y, en su caso, proceder a la resolución de los contratos y reversión de las mismas.» Además, Tomás Gómez amenazó a las empresas con que «perderán el lucro cesante» y los «derechos económicos que puedan tener.»

 

Para Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la CNCHP, «el Sr. Tomás Gómez no tiene derecho a remitir a nuestros asociados una carta que, por su contenido, constituye una amenaza, un verdadero aviso a navegantes, tendente a impedir la presentación de ofertas al concurso para la gestión de 6 hospitales madrileños».

 

La Confederación también ha denunciado ante la fiscalía las supuestas presiones hacia el Grupo HIMA, único grupo empresarial no español que ha concurrido a dicho concurso, según recogieron algunos medios de comunicación el pasado 14 de junio, y que estarían afectando a la decisión a adoptar por el Grupo.

 

Díaz de Bustamante considera que la actuación de Tomás Gómez supone, además de una amenaza, un daño irreparable al sector sanitario, a sus profesionales y un grave perjuicio a la ciudadanía. De esta forma, potenciales inversores extranjeros habrían desechado concurrir a la licitación y aquellos que lo han hecho sopesarían su retirada.

 

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