Derecho Sanitario La Audiencia Nacional justifica no especificarla si es de demasiada complejidad

La técnica quirúrgica «no es de elección del paciente» pese al consentimiento informado

— Madrid 15 Jul, 2019 - 5:50 pm

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso contencioso administrativo número 299/16 contra una resolución del Ministro de Hacienda y Función Pública de 8 febrero 2016 en materia de responsabilidad sanitaria de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), al considerar que «la técnica quirúrgica no es de elección del paciente», ni de lo que se haya establecido o no con anterioridad en el consentimiento informado.

Según figura en la sentencia, la parte recurrente impugna, por un lado, una desestimación presunta de una sentencia responsabilidad patrimonial ante el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y, de otro lado, la resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 8 febrero 2016 desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial, para que se proceda a indemnizar por los daños derivados de asistencia sanitaria e intervención quirúrgica por mala praxis de la Fundación Jimenez Diaz.

La resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas destaca que la recurrente es mutualista de Muface con concierto sanitario con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Así, la Audiencia Nacional recoge en su fallo que «el 27 noviembre 2014 la actora presentó solicitud de responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento anormal de los servicios sanitarios, basada en los daños ocasionados a la reclamante por una supuesta deficiente asistencia sanitaria prestada en la Fundación Jiménez Díaz (FJD) dependiente del SERMAS».

Los hechos se producen como consecuencia de la extirpación de un mioma a la actora que llegó a tener 10 centímetros y que se iba a realizar mediante laparotomía y sin embargo, se realizó mediante laparoscopia. En la intervención se produjo un accidente quirúrgico que requirió la intervención del equipo de cirugía vascular que procedió a la extracción de vena safena en la pierna derecha para reparar la rotura de la arteria iliaca exterior derecha.

Referido al consentimiento informado

Posteriormente, durante el postoperatorio se debió realizar una segunda intervención urgente por aparecer un trombo en dicha pierna. Como consecuencia de ello, la operación duró más de 11 horas y el postoperatorio fue complicado y se extendió a los seis meses. Por este motivo, la paciente solicitó una indemnización de 150.621,24 euros de daño moral derivado de la privación del derecho a decidir y desglosa: por asumir los riesgos inherentes a una intervención de la que no fue debidamente informada 100.000 euros, por baja médica 10.621,24 euros y daños morales a sus padres, marido e hijos 40.000 euros.

La sentencia de este Tribunal recoge que «la primera cuestión que suscita la actora está referida al consentimiento informado que considera no tiene la información adecuada de la intervención quirúrgica a la que se sometió la recurrente. Añade que no la informaron adecuadamente y que no determina de manera precisa la técnica quirúrgica a la que se iba a someter, no respetando su deseo de que fuera laparotomia».

Para la parte actora, basándose en el informe del perito que acompaña, existe «una vulneración de la lex artis evidenciada en que no se informó de manera adecuada a la paciente, ni el consentimiento informado era adecuado», a lo que la Audiencia Nacional responde que, «respecto al consentimiento informado, ya hemos manifestado que la técnica quirúrgica no es de elección del paciente».

Por su parte, la sentencia emitida por el Tribunal Supremo, el 2 enero 2012, señala que «cierto es que la paciente tiene y debe conocer tanto la finalidad de la operación como también cómo se va a realizar la misma y que posibilidades y riesgos hay, pero, entrando ya en la técnica concreta quirúrgica, en cómo se va a abordar la intervención, se adentra en un campo de extraordinaria complejidad médica y que determina en el paciente que va a recibir la información una capacidad de entendimiento y comprensión propia de profesionales médicos al poder suponer una información excesiva y disuasoria en función de los factores concurrentes».

Sin infracción de la lex artis

En este punto, el Supremo concreta que «el deber de información previa, según lo previsto en aquel entonces por el artículo 10.5 de la Ley General de Sanidad, no determina que la información haya de comprender ya la técnica quirúrgica compleja, salvo que la misma resulte relevante para los riesgos o complicaciones que se puedan producir, puesto que ello corresponde al profesional médico y que difícilmente puede explicarse en términos sencillos y profanos. Por tanto, no podemos apreciar en este punto error alguno en la sentencia de instancia».

Por consiguiente, la Audiencia Nacional estima que «no es posible atribuir la lesión o secuelas a una infracción de la lex artis, y no cabe apreciar la infracción, aunque las consecuencias o el resultado producido no era el querido. Los servicios médicos actuaron según los cánones generalmente considerados correctos para ese tipo de supuesto».

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