Política y Sociedad

La no-privatización hospitalaria comportará 2.000 millones de ahorros a la sanidad pública de Madrid

José Manuel Freire
José Manuel Freire

Con motivo de la paralización del proceso de privatización hospitalaria madrileña, José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del Grupo Socialista (PSM-PSOE) en la Asamblea de Madrid, ha elaborado un estudio en que analiza punto por punto todos los datos facilitados hasta ahora por los responsables del gobierno autonómico y llega a una conclusión totalmente diferente a la oficial. El estudio es el siguiente:

 

Frente a la versión del Gobierno del PP de Ignacio González, la paralización de la privatización ahorrará dinero a los madrileños. Privatizar hubiera salido más caro: exactamente 98,5 millones de Euros más al año durante 10 años. A los que hay que añadir el pago 111.2 millones/año del canon a las constructoras, incluido en los presupuestos de estos hospitales. Por tanto, la paralización de la privatización nos va a suponer un ahorro de 209,7 millones al año. Lo que a lo largo de esos diez años supone un ahorro de 2.097,5 millones de euros de las arcas públicas.

 

Y ello sin contar que, gracias a la trampa contable de la ‘financiación intercentros’, se adelantarían a las empresas concesionarias unos 225 millones de Euros por unos servicios que iban a seguir prestando los hospitales públicos…y cuya liquidación se haría un año después (¡excelente negocio financiero adicional para las concesionarias!). ¿Alguien veía esto lógico? ¿A esto lo llaman gobernar para todos?

 

1. Antecedentes

 

El 31 de octubre de 2012, cuando sólo había transcurrido un mes después de la dimisión de Esperanza Aguirre, el actual Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al presentar los presupuestos de 2013, conmovió a la sociedad y a la sanidad madrileña con el anuncio de la privatización de 6 hospitales: Sureste-Arganda, Henares-Coslada, Tajo-Aranjuez, Sur-Parla, Norte-SS de los Reyes y Vallecas).

 

De la trascendencia de esta privatización dan cuenta estos datos: el presupuesto conjunto de los 6 hospitales es de unos 400.000.000 €/año, atienden a 1,2 millones de habitantes (18% de la población de la Comunidad), emplean a unas 5.400 personas y el precio total del contrato a 10 años es superior a los 4.600 millones de €.

 

Estos 6 hospitales, todos construidos en los últimos años por el Gobierno PP de la Comunidad de Madrid, funcionan con un modelo mixto público-privado: los servicios médicos (el hospital propiamente dicho) constituyen una empresa pública, y todos los servicios no-clínicos son de la empresa privada que construyó el hospital (con una versión temeraria del controvertido sistema PFI-Iniciativa de Financiación Privada), y tiene un contrato para 30 años.

 

A pesar de este diseño tan disfuncional del que no existe precedente alguno, estos hospitales, superando no pocas dificultades iniciales, han logrado funcionar con un alto nivel de calidad y de eficiencia como hospitales públicos en su parte clínica. Este hecho es reconocido por el Gobierno del PP de Madrid… hasta días antes de que el 31 de octubre de 2012 anunciara su privatización total en 2013.

 

Como antecedente de este intento de privatización de los 6 hospitales mencionados, hay que señalar que en 2005, sin explicación ni justificación alguna, el Gobierno del PP-Aguirre abandonó la fórmula de ‘hospitales mixtos público-privados’ para los hospitales de nueva construcción, optando por entregar también la gestión de sus servicios médicos a la empresa privada concesionaria. Primero en el Hospital de Valdemoro y luego en los de Torrejón, Móstoles-RJC y Collado-Villalba, que desde un principio son de gestión totalmente privada.[1] Así que actualmente el gobierno de I. González plantea privatizar estos 6 hospitales-empresa-pública según el modelo de privatización existente en los 4 hospitales nuevos de la segunda hornada (Valdemoro, Torrejón, Móstoles-RJC, Collado-Villalba). Esta fórmula privatiza no solo la gestión del hospital concesionado, sino también la ‘caja sanitaria’ de la población. En realidad es una subcontratación parcial del aseguramiento sanitario de la Seguridad Social a la empresa concesionada, cosa para la que la Comunidad de Madrid carece de competencias, como ha argumentado el PSM-PSOE ante el Tribunal Constitucional.

 

Consecuencias económicas de la paralización de la privatización

 

El objetivo de esta nota es explicar las consecuencias económicas de la paralización de la privatización de estos 6 hospitales. Para ello es imprescindible entender el modelo económico de la misma. En segundo lugar se exponen los números que figuran en el Presupuesto 2013 de la Comunidad Autónoma para estos hospitales, que el Gobierno del PP preveía privatizar en el último trimestre de 2013. Finalmente, a partir de la información sobre el modelo económico de la privatización que pretendía el gobierno del PP y de lo que preveía el presupuesto 2013, se llega a la conclusión, muy obvia por otro lado, de que la no-privatización, manteniendo mantener la actual gestión pública, es mucho más barato que la privatización que pretendía el gobierno del PP.

 

En definitiva, con la no-privatización la sociedad madrileña ahorra dinero, además de conservar como pública su sanidad, que es el gran logro a celebrar.

 

2. El modelo económico de privatización sanitaria que pretendía el gobierno PP de Ignacio González

  • Qué se contrataba. El objeto del contrato era “La Asistencia Sanitaria Especializada de la población correspondiente a los hospitales…”, o lo que es lo mismo: se contrataba toda la cartera de prestaciones de la sanidad pública definidos en el RD 1030/2006, excepto los Centros de Salud. Pero lo que realmente se contrataba era la gestión económica por parte de la empresa concesionaria de la ‘caja sanitaria’ [2] de toda la atención especializada-hospitalaria de millón doscientas mil madrileños atendidas por estos 6 hospitales. Es decir: se subcontrataba su ‘aseguramiento’ sanitario de población ‘protegida’ y cubierta por asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
  • Los servicios de atención especializada-hospital que precise la población concesionada pueden ser prestados en dos ámbitos: (1) en el hospital cuya gestión se ha privatizado a la empresa concesionaria y, (2) en otros hospitales del SERMAS (o privados), debiendo el concesionario pagar la tarifa pública de estos servicios (‘facturación intercentros’), de modo que ‘el dinero siga la paciente’. Así pues, el contrato incluye dos componentes (1) la gestión por la empresa concesionaria del hospital que le hubiera sido adjudicado y (2) la gestión económica de los costes hospitalarios que la población concesionada genere en otros hospitales.
  • Precio del contrato y sistema de pago a la empresa concesionaria. El Servicio Madrileño de Salud pagaría a cuenta en doce mensualidades a la concesionaria una suma anual resultado de multiplicar el número de habitantes del territorio atendido por el hospital por una cantidad/persona/año llama ‘cápita’ de alrededor de 500 €/persona/año, diferente para cada hospital, sometida a licitación (la oferta más baja gana) y anualmente revalorizada por contrato un 85% del IPC.

Para la construcción de la cuantía de la ‘cápita’ la Administración ha tenido en cuenta dos costes:

  •  
    • el coste (conocido) de gestionar del Hospital cuya gestión se privatiza;
    • el coste (estimado/inventado) de los servicios que los hospitales del SERMAS prestarían a esta población a cargo de la empresa concesionaria y que ésta debería pagar a la Administración (‘facturación intercentros’) según las tarifas de precios públicos.
  • La trampa de la ‘facturación intercentros’. La Tabla 1 muestra los cálculos de la Consejería de Sanidad sobre la distribución de estos dos componentes del coste de los contratos: 491,9 millones gestión directa del hospital, y 285,7 millones para servicios en otros hospitales (34%).

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La trampa económica de la privatización que pretendía el gobierno del PP de Ignacio González se llama ‘facturación intercentros’, los 285,7 millones/año de la Tabla 1: (1) porque se basa en los ‘precios públicos’ de servicios sanitarios de 2009 (¡actualizados en septiembre 2013!), más altos que los de estos mismos servicios cuando son concertados y que los costes reales en el sector público; (2) pero sobre todo porque no existe información fiable del flujo y coste de pacientes entre territorios hospitalarios de Madrid.

 

De ello existen pruebas documentales. La ‘facturación intercentros’, la auténtica piedra angular de la arquitectura financiera de la privatización sanitaria es virtual y no está operativa; se basa en un sistema de información no desarrollado y lleno de fallos, por lo que no refleja la realidad y no es fiable. Sin embargo el gobierno del PP la utiliza porque su opacidad permite inflar artificial y virtualmente el coste actual de la facturación intercentros, para luego ajustar los pagos más bajos, para luego aplicar un conveniente descuento (en este caso del 20%) y dar la impresión de que privatizando se gasta menos y se estaría ‘ahorrando’.

 

En resumen: los costes de la ‘facturación intercentros’, que presentan el 34% del precio del contrato, 285,7 millones/año (2.857,4 en 10 años) son virtuales, ‘inventados’, y son la base de las trampas económicas y contables de la privatización que pretende el Gobierno de Ignacio González.

 

En este complejo y extraño esquema, teóricamente (solo teóricamente) ‘el dinero sigue al paciente’: si el hospital concesionado atiende a pacientes de fuera de su ‘área’, la Administración tendría que pagar (reembolsar) al empresario por esta atención el 90% del coste de la asistencia según la tarifa de precio público. Por su parte, el empresario debería pagar el 100% de dicha tarifa por cada paciente ‘protegido’ de su área que sea atendido en un hospital distinto al que tiene concesionado. Este flujo de pagos no son facturas reales que se produzcan al ser dados de alta o atendidos los pacientes: son apuntes contables que la Consejería llama ‘facturación intercentros’, cuya liquidación tendría lugar, en el primer semestre del año siguiente. Es decir: durante varios meses (9 de media), los empresarios de estos hospitales así privatizados recibirían y retendrían millones de euros en sus cuentas bancarias obteniendo una interesante rentabilidad bancaria y financiera… Como las empresas concesionarias reciben anualmente un nuevo monto en concepto de ‘facturación intercentros’, podrán retener en su banco durante la duración del contrato, 10 años, una parte muy importante de lo entregado a cuenta el primer año por la Administración (los 285,7 millones de la Tabla 1).

 

El gobierno del PP de Ignacio González argumenta que ‘privatiza para ahorrar’. Dejando a un lado lo insólito de este auto reconocimiento franco de la incompetencia propia, es igualmente escandaloso que no haya sido capaz de dar una cifra oficial de ‘ahorro’ ni de presentar estudio alguno que avale las presuntas ventajas/beneficios de privatizar… La necesidad, justificación, ventajas para los madrileños de esta privatización nunca ha sido argumentada con datos mínimamente serios y contrastables, y los jueces lo han valorado.

 

3. Reflejo de los planes de privatización en los presupuestos 2013 de la Comunidad de Madrid


Como se ha comentado arriba la privatización de la Atención Especializada de 1, 2 millones de Madrileños tiene dos componentes económicos: (1) el gasto que se realiza en los hospitales cuya gestión se privatiza, y (2) el gasto que se realiza en otros hospitales, fuera del área ‘protegida’ por las empresas concesionarias.

 

El gasto (1) de los hospitales cuya gestión se entrega al empresario concesionario figura en los presupuestos 2013 de la Comunidad de Madrid. Sin embargo el gasto (2) correspondiente a la ‘facturación intercentros’ no figura en lugar alguno del presupuesto 2013: no existe presupuestariamente, no está recogido en partida presupuestaria alguna a pesar de que la Memoria económica de los Pliegos de la privatización prevé pagos por este componente del contrato como muestra la Tabla 1.

 

De este modo solo se puede analizar el impacto de la no-privatización en uno de los componentes económicos de ésta: en lo presupuestado para la gestión de los hospitales, que supone solo una parte de la totalidad de los contratos de privatización. ¿Cómo explicar-entender esto?

 

El presupuesto 2013 de los hospitales cuya gestión se preveía privatizar. La Tabla 2 muestra el presupuesto de estos hospitales en 2012 y para 2013. Este último está divido en el Programa 750 de Atención Especializada (Hospitales) en dos partes: la correspondiente a 9 meses de gestión pública (en el artículo 89), y a 3 meses de gestión privada (en el artículo 25). Esto es así porque el gobierno del PP preveía que de enero a septiembre de 2013 el gasto fuera gestionado por la empresa pública y a partir de octubre entrara la empresa concesionaria correspondiente, gestionando los últimos tres meses.

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Sumando los dos componentes del presupuesto de 2013, se ve que el gobierno del PP, para dar la impresión de que la privatización ahorraba, ha presupuestado para estos 6 hospitales 81,7 millones de € menos en 2013 que los presupuestados y gastados en 2012.

 

Estos hospitales funcionan ya con un alto nivel de eficiencia (reconocido por la Consejería) y van muy ajustados de presupuesto. Es muy dudoso que pudieran funcionar a un nivel adecuado con un 17.7% menos de presupuesto. Pero lo importante para el gobierno del PP era transmitir su tramposo mensaje de que ‘privatización = ahorro’.

 

4. El coste real de la privatización sanitaria reflejado en las resoluciones de adjudicación de los contratos

 

Durante el mes de agosto de 2013 la Consejería adjudicó los lotes (hospitales) a las empresas. Las Resoluciones de adjudicación incluyen los compromisos de pagos. En estos se distinguen tres periodos: el semestre 1º, el semestre 2º y los años sucesivos. Para la comparación de costes entre gestión pública de estos hospitales y la privatización que pretende el gobierno del PP hay que comparar años enteros. La Tabla 3 de abajo muestra la comparación del presupuesto de 2012 con los pagos comprometidos a las compañías licitadoras en las Resoluciones de adjudicación.

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De estos datos se deduce que, el ahorro defendido por el Gobierno del PP no solamente no existe, sino que la privatización de los hospitales nos iba a costar más a todos los madrileños: exactamente 98, 5 millones de Euros más cada año, durante los 10 años que tendrían de vigencia los contratos. Es decir cerca de 1.000 millones de Euros más a lo largo del contrato.

 

Pero esto no es todo. Falta añadir el gasto, de 111,2 millones/año, que debe pagar la Administración en concepto de ‘canon’ a las empresas concesionarias que construyeron estos 6 hospitales, y que prestan todos los servicios no asistenciales de los mismos. Este gasto, que está incluido en el presupuesto de 2012, no es contabilizado por el gobierno PP como coste de la privatización sanitaria pero debe ser computado para comparar el presupuesto de 2012 con el coste anual en el escenario de la privatización.

 

Teniendo esto en cuenta el sobrecoste de la privatización es la suma de 98,5 millones del importe anual de los contratos, más los 111,2 millones de € del ‘canon’: es decir, 209,7 millones más al año, todos los años, durante 10 años. Serían pues en total unos 2.097,5 millones más, a lo largo de esos 10 años del contrato de privatización de la atención especializada de 1,2 millones de madrileños.

 

5. Implicaciones presupuestarias de la paralización de la privatización

 

La paralización judicial de la privatización ahorra dinero a la sanidad pública de Madrid. El gobierno del PP falta a la verdad al decir que la privatización permitiría ahorros y menores costes; prueba de ello es que ha sido incapaz a lo largo de 2013 de presentar ningún informe que lo demuestre. Intoxicando a la opinión pública el Gobierno de Ignacio González trata de prepararla para nuevos recortes sanitarios argumentando que la paralización de la privatización le obligará a hacer ajustes presupuestarios (recortes adicionales). Es falso como se puede ver en los datos presentados en esta nota.

 

La no-privatización implica que el gobierno de la Comunidad deberá hacer dos modificaciones presupuestarias. La primera es cambiar de lugar, dentro del ‘Programa 750 Atención Especializada’, las partidas presupuestarias que estaban en el Artículo 25 (gestión privada) pasándolas al Artículo 89 (gestión de empresa pública). En segundo lugar, puesto que han infra presupuestado en 81.7 millones el conjunto del presupuesto de estos hospitales en 2013 para dar la impresión de que la privatización ahorraría dinero, deberían reponer el presupuesto de estos hospitales a sus niveles normales con la correspondiente modificación presupuestaria. En el propio Programa 750 hay una partida, la “899 Gastos inaplazables, imprevistos e insuficiencias”, dotada con 53 millones de Euros que podría ser utilizada para este fin. De este modo quedaría un descuadre de 28.7 millones respecto a 2012, muy lejos de los 170 millones [3] de los que habla el gobierno del PP. Por otro lado, el gobierno de la Comunidad de Madrid hace de continuo todo tipo de modificaciones presupuestarias, por lo que no debiera tener especiales problemas en encontrar fondos para dotar adecuadamente estos hospitales en lo que queda de 2013.

 

6. En conclusión

  • El Gobierno del PP de Ignacio González iba más allá de la privatización de la gestión de estos 6 hospitales. Lo que de verdad quiere privatizar es la gestión de todo el presupuesto sanitario para atención especializada de la población incluida en el territorio de referencia de cada hospital. Esta extraña privatización daría al empresario dos negocios: la gestión del hospital y la intermediación financiera, parasitaria y sin aporte de valor, en la atención especializada que reciba su población fuera del área del hospital que tiene concesionado, cuya liquidación ser realizaría al año siguiente, con dos meses adicionales para efectuar los pagos.
  • Privatizar hubiera salido más caro: exactamente 98,5 millones de Euros más al año durante 10 años. A ellos hay que añadir el pago 111.2 millones/año del ‘canon’ a las constructoras, que estaba incluido en los presupuestos de estos 6 hospitales, pero no en los contratos de privatización. Por tanto, privatizar saldría 209,7 millones más caro al año que no privatizar. Lo que a lo largo de esos diez años hubiera supuesto un sobrecoste de unos 2.097,5 millones a las arcas públicas.
  • Además, la trampa contable de la ‘financiación intercentros’ adelantaría a las empresas concesionarias unos por unos servicios que iban a seguir prestando los hospitales públicos…y cuya liquidación se haría un año después (¡excelente negocio financiero adicional para las concesionarias!).
  • En resumen. es totalmente falso que esta privatización suponga ahorro alguno; el gobierno del PP continuará intentando engañar a la opinión pública con este tema pero ha sido incapaz de presentar informes o datos que cuantifiquen el presunto ahorro, totalmente inexistente. Es igualmente falso que la no-privatización descuadre los presupuestos de 2013.

 


[1] Con esto el Gobierno del PP de Madrid copia el llamado ‘modelo Alzira’, desarrollado por los gobiernos del PP de Valencia. En él la empresa concesionaria construye el nuevo hospital, lo equipa y gestiona durante 30 años en su totalidad, servicios clínicos incluidos y también Centros de Salud. La Administración paga una suma anual resultado de multiplicar una cantidad determinada (cápita) por el número de habitantes de la zona de influencia del hospital (el Hospital de Torrejón tuvo una ‘cápita’ inicial en 2011 de 571.5€, que para la población asignada sumaban 76 mill. €/Año). Este sistema cede el aseguramiento a una entidad mercantil con evidentes conflictos de interés y por ello no existe en ningún país desarrollado; en España solo existe en Valencia (20% de la población) y ahora en Madrid; el sistema nunca ha sido evaluado y no se conocen sus costes reales. Además, supone la subcontratación (privatización) del aseguramiento sanitario de la Seguridad Social para la que las CCAA no tienen competencias.


[2] Para un desarrollo más completo de esta argumentación ver: Informe I AFEM-López Rodó&Cruz Ferrer http://www.asociacionfacultativos.com/images/comunicados/inconstitucional.pdf e Informe II AFEM-López Rodó&Cruz Ferrer http://www.asociacionfacultativos.com/images/comunicados/ilegalidad.pdf


[3] Como ejemplo ver: El País 20sep 2013 (1424h) “Madrid prevé rebajar su presupuesto en 470 millones de euros” “Son 170 millones en el caso de mantenerse la paralización de la privatización sanitaria. El resto, son otros 300 de una menor cuantía en la financiación autonómica”.
La falta de rigor de estos cálculos es evidente a la vista de las distintas cifras que da el Gobierno del PP: “Madrid cifra ahora en 200 millones lo que ahorraría privatizando los hospitales” (Portavoz S. Vitoria) El País 22dic2012 (recuérdese que el presupuesto conjunto de los 6 hospitales en 2011-12 fue 492 millones -Tabla 1-); posteriormente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la Comunidad de Madrid evalúa, durante el primer año, en 149,6 millones ‘los perjuicios económicos que sufriría la Administración de adoptarse la suspensión cautelar” (Auto del TSJM, Recurso 787/2013, pág. 9)