Punto de vista nuevos indicios de irregularidades a cuenta de la sanidad

La imputación de Esperanza Aguirre y Cía: un hecho nada inesperado

La aparición en el Auto del juez García Castellón de quienes fueran altos cargos de sanidad en el gobierno de Esperanza Aguirre, lleva al autor a insistir sobre las irregularidades detectadas que, además de beneficiar económicamente al PP, perjudicaron a la sanidad pública.

Conocido el auto emitido por el juez titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional citando a declarar como investigada a Esperanza Aguirre, a la expresidenta Cristina Cifuentes, a los ex-consejeros de Sanidad Manuel Lamela y José Güemes y a varios ex-altos cargos. entre ellos Almudena Pérez (ex-directora general del Servicio Madrileño de Salud) y Francisco Lobo (hasta hace unos días, en que fue destituido, Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad). A todos ellos se les imputa a todos la presunta comisión de algunos o todos de los siguientes graves delitos: cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad en documentos públicos y falsedad electoral, razón por la que creo oportuno efectuar una serie de consideraciones.

Debo expresar que, tal como recoge el título de esta columna, la imputación de la Sra. Aguirre, de varios exconsejeros y ex-altos cargos (que alguno de estos sea del campo sanitario en mi opinión no es casual, como luego explicaré), es un hecho que no me ha producido sorpresa alguna; no ha sido para mí, y creo también para muchos madrileños, un hecho inesperado. La forma de ejercer el poder político el Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid, particularmente desde la llegada al poder de la Sra. Aguirre tras el turbio y no suficientemente investigado TAMAYAZO, ha estado hasta hoy repleto de acciones de gobierno trufadas de opacidad, arbitrariedad, ausencia de rendición de cuentas en sede parlamentaria, irregularidades palmarias, falsedades evidentes y mentiras de enorme importancia, tras las cuales no era difícil intuir que pudieran existir cuestiones de mucha mayor gravedad.

Tras la lectura del auto parece ser que esas intuiciones que muchos madrileños y también ciudadanos del resto del Estado teníamos, no estaban desatinadas. Lo que hemos conocido a lo largo de los últimos quince años en la Comunidad de Madrid ha sido un cúmulo de tramas de corrupción que han creado en el territorio madrileño una atmósfera con un hedor insoportable como ya denuncié anteriormente.

La privatización sanitaria, objetivo estrella

El Plan de Infraestructuras Sanitarias (2004-2007) significaron un sobrecoste para las arcas públicas mediante un procedimiento indiciariamente constitutivo de delito.

Indicaba en los párrafos anteriores que la aparición entre los investigados (imputados) en el Auto del juez García Castejón de ex-altos cargos sanitarios no me parecía casual y, en mi opinión, ello se debe a que fue el sistema sanitario público madrileño y su salvaje privatización un objetivo estrella de los gobiernos del PP madrileño desde 2003 hasta hoy. El intento de criminalización de los profesionales del servicio de urgencias del hospital Severo Ochoa apoyándose en una denuncia falsa, para acusarlos de haber practicado 400 eutanasias fue en mi opinión una actuación con un doble objetivo: por un lado, desprestigiar un emblemático hospital público y, por otro, conseguir crear una cortina de humo para que pasara desapercibido el comienzo apresurado y opaco de la construcción de ocho hospitales.

Esas construcciones, los cánones a pagar durante treinta años, la enorme carga económica que suponían para el presupuesto de la sanidad pública madrileña junto a la falta de control sobre los contratos firmados con las concesionarias y empresas constructoras de los nuevos hospitales y la absoluta opacidad que rodeó todo aquel faraónico proceso que hipotecaba el futuro de los centros sanitarios públicos, eran elementos que permitían intuir que pudieran ser un terreno abonado para prácticas alejadas de las normas de funcionamiento limpio y transparente exigible a las Administraciones Públicas.

Cláusula del uno por ciento

El Auto del juez García Castejón cita a declarar como investigados (imputados) a Manuel Lamela, consejero de Sanidad y hombre de confianza de Aguirre; Almudena Pérez Hernando, directora general del Servicio Madrileño de Salud, y a Germán Rasilla, asesor del Consejero Sr. Lamela, por la participación de todos ellos en el plan preconcebido a principios de 2004 dirigido a desviar fondos públicos, en este caso del presupuesto del Plan de Infraestructuras Sanitarias (2004-2007) que contemplaba la construcción de nuevos hospitales y centros de salud.

Ese plan global, según el Auto del juez García Castejón, se habría pergeñado indiciariamente entre la Sra. Aguirre y los sres. Ignacio González, Francisco Granados y López Viejo. El plan contemplaría incluir en los pliegos de condiciones de los contratos que se licitaran desde algunas Consejerías (en Sanidad se incluyeron) una cláusula que obligaba a las empresas a abonar hasta un 1% del presupuesto total de la obra adjudicada como forma de desviar fondos públicos. El Sr. Lamela sería indiciariamente uno de los ideólogos de la introducción de la CLÁUSULA DEL 1% en los contratos públicos que licitaron y adjudicaron las Consejerías que dirigió en los gobiernos de la Comunidad de Madrid (Sanidad y Transportes), instrumento que permitiría el desvío de ingentes fondos de las arcas públicas de la Comunidad de Madrid. Asimismo, otra imputada, Almudena Pérez, en aquellas fechas directora general del Servicio Madrileño de Salud, como responsable del órgano de contratación aprobó y adjudicó las licitaciones que incluían la citada cláusula del 1% soslayando el obligado control de la Intervención de la Comunidad. La introducción de la citada cláusula supuso el incremento del precio de los contratos en perjuicio de las arcas públicas.

Germán Rasilla, asesor técnico del entonces Consejero de Sanidad Sr. Lamela, según el Auto del juez validaba las facturas que presentaba el también imputado Daniel Horacio Mercado dando por ejecutados trabajos no realizados, a sabiendas de que las facturas presentadas por este empresario eran mentirosas pues recogían trabajos no realizados o sobrevalorados.

Perjuicio de la sanidad pública

La corrupción es estructural en el seno del PP madrileño y todos los procesos judiciales abiertos hasta hoy lo van corroborando

Desde hace 15 años he venido denunciando en diferentes medios las irregularidades, arbitrariedades y despilfarro que los gobiernos del PP madrileño han llevado a cabo en el sistema sanitario público madrileño que han conducido a la situación de desmantelamiento que hoy sufren nuestros hospitales públicos, el abandono de nuestra atención primaria, así como el obsceno desvío cada vez mayor de presupuesto sanitario hacia el sector privado. En los artículos escritos en estos años, recientemente recogidos en un libro (DEFENSA DE UNA SANIDAD PÚBLICA) denunciaba la enorme opacidad que presidía la gestión de los responsables sanitarios madrileños. Ahora el Auto del juez apunta a que los contratos y licitaciones que el Servicio Madrileño de Salud llevó a cabo dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias (2004-2007) significaron un sobrecoste para las arcas públicas mediante un procedimiento indiciariamente constitutivo de delito.

Constatar que la reacción del Partido Popular ante el auto emitido por el juez García Castejón ha sido una repetición de la mantenida siempre cuando son imputados e incluso condenados algunos relevantes personajes de su formación. Por un lado, reiterando que son cosas pasadas que no interesan a los ciudadanos; en esta línea se ha manifestado la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Sra. Díaz Ayuso, que casualmente se encuentra actualmente envuelta en un asunto (Avalmadrid) que, cuanto menos, proyecta sombras de sospecha respecto a su comportamiento y que ya ha supuesto la constitución de una Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid. Y, por otro lado, apelando al derecho constitucional a la presunción de inocencia, cargando al unísono contra los medios de comunicación e incluso contra las instituciones judiciales, en esta línea se ha manifestado la actual portavoz en el Congreso, Sra. Álvarez de Toledo.

Presunción de inocencia e indicios de delitos

La portavoz popular en el Congreso manifiesta una cosa cierta cuando indica que la Sra. Aguirre y resto de imputados gozan en la actualidad de la presunción de inocencia, eso es indiscutible. También lo es que sobre la Sra Aguirre y resto de investigados el auto expone, de manera en mi opinión convincente, una serie de hechos que indiciariamente apunta a que hubiesen podido cometer actuaciones constitutivas de delitos muy graves.

Me han parecido excesivamente altisonantes las declaraciones efectuadas a diferentes medios por parte de la Sra. Aguirre indicando que, en todo lo referente a ella, lo que el auto del juez García Castejón expone es falso. Es absolutamente lógico que personas investigadas (imputadas) se defiendan, pero las palabras de Aguirre poniendo en tela de juicio las investigaciones de la Guardia Civil, los informes y la petición de imputación de la Fiscalía Anticorrupción y, por último, la resolución del juez emitiendo el Auto donde se la llama a declarar como imputada, me parecen excesivamente arriesgadas. Conocidas ya por los ciudadanos todas las tramas de corrupción aparecidas en la Comunidad de Madrid durante los años en que la Sra. Aguirre fue la máxima responsable del Partido Popular y del Gobierno regional y que siempre fueron en principio negadas por la expresidenta del PP madrileño, parece ciertamente que la palabra de la Sra. Aguirre está muy devaluada.

Funambulismo dialéctico

Para ir concluyendo, los madrileños llevamos soportando muchos años gobiernos del PP que aparecen enfangados en la corrupción. Esto no es un problema de aparición de algunas ranas, es un problema de mayor calado, la corrupción es estructural en el seno del PP madrileño y todos los procesos judiciales abiertos hasta hoy lo van corroborando. Las últimas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid y sus resultados daban la posibilidad a sus ciudadanos de poder contar con un gobierno limpio y el Partido Popular en la oposición tras haber sido castigado en las urnas. Una de las formaciones políticas que representaban la nueva política, la formación de Albert Rivera, lo impidió enviando al baúl de los recuerdos la seña de identidad que había presentado ante la sociedad española como emblema, la regeneración política. Formó un gobierno de coalición con el partido que representa genuinamente la corrupción y, además, aceptando el apoyo imprescindible de Vox. En mi opinión, esa elección no beneficiaba a la mayoría social madrileña y además no servía para afrontar una lucha decidida para limpiar la vida política madrileña. Sólo han transcurrido pocos meses y las sombras de sospecha de actuaciones poco edificantes se extienden ya sobre la nueva presidenta del PP de la Comunidad de Madrid. Debemos prepararnos para deleitarnos con los funambulismos dialécticos que el Sr. Aguado nos va a proporcionar próximamente.

Carlos Barra Galán

Médico Especialista Jubilado. Licenciado en Derecho

Deja un comentario