Punto de vista la eliminación de los copagos, fundamental

La FADSP ante los temas relativos a Sanidad del programa de Coalición Progresista entre PSOE y UP

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), cuando ha pasado más de un mes del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, ha realizado un repaso de los compromisos en materia de Sanidad del nuevo gobierno, señalando cómo entendemos que deben de desarrollarse los puntos del acuerdo.

Comprendemos que la emergencia del problema del coronavirus Covid-19 y los nuevos nombramientos hayan producido una ralentización del abordaje de los problemas y una excesiva focalización en la epidemia, en gran parte impulsada por su gran repercusión mediática; pero, en todo caso, pensamos que hay que seguir avanzando en los temas pendientes para que no sigan postergándose asuntos que son de una gran importancia para la Sanidad Pública.

En este contexto, desde la FADSP consideramos que los puntos del acuerdo deben de desarrollarse en los siguientes términos:

  1. Eliminación progresiva de los copagos: es probablemente la medida que tiene mayor urgencia porque está limitando medicamentos prescritos a un amplio colectivo (1,4 millones de personas según el último Barómetro Sanitario) especialmente vulnerable y sobre cuyos previsibles efectos, en morbilidad y/o mortalidad, no se han realizado estudios por parte de las autoridades sanitarias. Entendemos que es una medida que debería  adoptarse en 2-3 meses y en todo caso antes de la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, habida cuenta que la previsión para los mismos se sitúa tras el verano.
  2. Introducción de la atención a la Salud Bucodental en la cartera de servicios del SNS: se trata evidentemente de una de las grandes carencias de nuestro sistema sanitario público. Y también lo es que debe realizarse de una manera progresiva comenzando por los sectores más necesitados. En todo caso pensamos que es fundamental que se haga mediante el aumento de los recursos públicos para garantizarla y no se busque una alternativa privatizadora que incrementará costes y favorecerá la inequidad.
  1. Blindaje de la Sanidad Pública, apostando por la gestión pública directa: revisando la ley 15/97, que en nuestra opinión directamente debería de derogarse. Dada la situación, entendemos que es urgente el trabajo de propuestas porque, si no se hace así, no parece probable que el plazo de 6 meses (30 de junio de 2020) pueda cumplirse.
  1. Incrementar los recursos del SNS en el marco del Consejo Interterritorial. Es obvio que precisa de la aprobación de los nuevos presupuestos, aumentando los del Ministerio de Sanidad. El objetivo del 7% del PIB de gasto sanitario público nos parece razonable siempre y cuando se contenga el crecimiento del gasto farmacéutico y se paralicen las privatizaciones, que son los causantes de los sobrecostes ineficientes.
  1. Impulsar la renovación de la tecnología sanitaria. Obviamente positivos, pero igualmente deben ponerse en funcionamiento grupos de trabajo que primero hagan un inventario de la tecnología existente y de su antigüedad, y también avanzar en la creación de un NICE español en el que se deberían integrar/coordinar las diferentes agencias de evaluación tecnológica existentes a nivel autonómico.
  1. Apostar por la digitalización sanitaria. En principio es algo necesario siempre que se tengan en cuenta las siguientes cuestiones: control de la Sanidad Pública sobre los datos de salud de la población impidiendo su utilización por empresas privadas con fines económicos, así como la necesaria adaptación a las características reales de la población. En este orden de cosas no puede sustentarse una estrategia de crónicos en la digitalización porque una gran parte de la población afectada (las personas mas mayores y/o con discapacidades) no pueden utilizar los dispositivos tecnológicos de una manera eficaz; por el contrario, hay que potenciar el papel de la enfermería y de la atención domiciliaria.
  1. Orientar las políticas relativas a la industria farmacéutica. Objetivo de notable ambigüedad e inconcreción. Desde la FADSP entendemos que el elevado gasto farmacéutico y su continuado crecimiento es un grave problema para la Sanidad Pública que hay que abordar con contundencia, y al menos deberían de considerarse las siguientes medidas:
    • Cancelar el actual acuerdo con Farmaindustria y fijar como objetivo el crecimiento del gasto farmacéutico al menos en 1 punto por debajo del aumento del gasto sanitario público.
    • Promocionar los medicamentos genéricos para asegurar que son el 60% del volumen consumido de medicamentos
    • Acabar con los desabasatecimientos mediante una política contundente de sanciones a las empresas responsables y el fomento de la producción pública de medicamentos
    • Elaborar una estricta regulación de los conflictos de interés
    • Transparencia en la fijación de los precios para asegurar una prestación farmacéutica coste eficiente.
    • Garantizar la formación de los profesionales sanitarios independiente de los intereses empresariales
  1. Garantizar la efectividad del derecho a la protección de la salud. Evidentemente, una necesidad una vez que se ha puesto de manifiesto las insuficiencias del RDL 7/2018 y la necesidad de una legislación más garantista que no pueda ser eludida por las CCAA de acuerdo con sus posicionamientos ideológicos. En la tramitación de esa ley que se propone para derogar el RDL 16/2012 deben de abordarse algunos otras cuestiones como la supresión de los copagos que impuso este RDL, no solo los farmacéuticos, sino también los que se establecieron sobre transporte no urgente, prótesis y ortesis.
  1. Avanzar en la implementación del Marco Estratégico de AP. Muy necesario para asegurarse de que la AP tiene capacidad de solucionar el 90% de los problemas de salud de la población. En este ámbito hay tres cuestiones urgentes: garantizar la cita de AP en un plazo máximo de 48 horas; potenciar en la oferta de plazas de formación MIR/EIR las especialidades de medicina de familia, pediatría y enfermería familiar y comunitaria; y fomentar un incremento de las plazas de profesionales de enfermería en la AP.
  1. Desarrollar un sistema de atención temprana integral, universal, gratuita y pública, evidentemente una necesidad importante a cubrir.
  1. Integrar las necesidades de las enfermedades raras en la planificación de la cobertura sanitaria, lo que obviamente debe realizarse conceptualizando con claridad las enfermedades que entran en esta categoría y los medios organizativos y profesionales mas adecuados para su abordaje.
  1. Actualizar la Estrategia de Salud Mental, que desde luego sigue siendo una de las “olvidadas” del sistema sanitario público y en la que es muy importante reforzar la provisión pública.
  1. Mejorar las condiciones del personal sanitario. Otro aspecto importante aunque definido en términos excesivamente inconcretos; habría que asegurar unas condiciones adecuadas de trabajo, retribuciones adecuadas, funcionamiento reglado y anual de las convocatorias de ofertas de empleo público, etc.
  1. Aumentar los recursos del Fondo de Cohesión Sanitaria. Uno de los objetivos del sistema sanitario tiene que ser, sin lugar a dudas, el reducir las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria y a la postre las desigualdades en salud entre las CCAA. Entendemos que para ello es necesario aprobar el Plan Integrado de Salud, pendiente nada menos que desde 1986, fijando objetivos comunes para todo el SNS y fondos específicos para el cumplimiento de los mismos.
Cuestiones relacionadas

Por otro lado, y fuera del apartado de Sanidad, aparecen algunas otras cuestiones íntimamente relacionadas con la salud como son la aprobación de una ley de regulación de la eutanasia (que está en marcha), la garantía del acceso a la prestación del aborto en el sistema sanitario público, el desarrollo y aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (de 2010) y la aprobación de un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, entre otras.

El cumplimiento de estos acuerdos en los términos señalados es muy importante para garantizar un funcionamiento eficaz y eficiente del SNS y para la calidad de la atención sanitaria de la población, reduciendo además las desigualdades en el acceso a las prestaciones asistenciales. Es obvio que la mayoría de ellos solo pueden ser efectivos si se consigue una estrecha colaboración entre el Ministerio de Sanidad y las CCAA, lo que no se ha logrado hasta el presente. Creemos que el trabajo del Ministerio de Sanidad y del Gobierno son fundamentales para impulsar legislación y políticas que avancen en este sentido.

 

Marciano Sánchez Bayle

Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

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