Política y Sociedad recurso contra la sentencia que ratifica el planteamiento municipal

La basura, con la aprobación municipal, cerca a una farmacia de Lorca (Murcia)

El titular de una oficina de farmacia de Lorca (Murcia), ante cuyo establecimiento el Ayuntamiento mantiene cuatro grandes contenedores de basura, ha decidido solicitar la nulidad de una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, en la que se desestima su recurso contra el gobierno municipal pues, entre otros aspectos, los testigos eran parte del ayuntamiento.

El conflicto que Alejandro Domínguez Lorente, el titular de la oficina de farmacia, mantiene con el Ayuntamiento de Lorca, gobernado por el Partido Popular (PP), surge a raíz de los cambios en el trazado urbano de la zona tras el terremoto de 2011, y que aprovecharon las autoridades municipales cuatro contenedores de basura ante su establecimiento. Lo llamativo es que, desde las instancias municipales, se ha pretendido dar a entender que los contenedores estaban incluso antes de que se hubiera establecido en tal lugar la oficina de farmacia, cuyo establecimiento data de 1957. Además, y forma parte del argumentario municipal, una oficina de farmacia no es un establecimiento sanitario.

Proceso legal

Agotado el procedimiento con el Ayuntamiento, con resultados siempre negativos, el farmacéutico presentó recurso contencioso administrativo que se saldó con la desestimación por parte del juez.

La sentencia, en la que abundan las consideraciones sobre el buen quehacer de las autoridades municipales por mantener limpios los contenedores e, incluso, con las actuaciones para que los ciudadanos cumplieran con el modo y tiempo de utilizar los contenedores, se fundamenta en las argumentaciones que desde el inicio se habían dado desde el Ayuntamiento para no modificar su postura.

Lo que llama la atención del fallo judicial, ahora recurrido, es que ni tuvo en cuenta un Informe técnico, elaborado por el arquitecto Simón Ángel Roso Perán, académico del la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca, que, entre otras cosas, señala: “El depósito indiscriminado de residuos, tanto orgánicos como no orgánicos, realizado a cualquier hora del día, fuera del horario establecido por la Ordenanza Municipal, junto a los contenedores instalados frente a la fachada de la farmacia, dejándolos fuera de ellos, directamente sobre la acera, no garantiza la adecuada salubridad frente a un establecimiento sanitario como es la farmacia; las múltiples manchas que presenta el entorno de los contenedores lo acreditan. En esas condiciones, que se repiten diariamente, resulta imposible mantener un estado de mantenimiento aceptable”.

Recurso de apelación

Contra la sentencia de lo Contencioso Administrativo, se ha presentado recursos de apelación a fin de que se vuelva a valorar la prueba practicada pues, en uno de los fundamentos de derecho, el juez señala que no cuenta doctrina jurisprudencial en que apoyarse, aspecto que recurrente niega y pone de manifiesto en sus alegaciones. Por otro lado, la sentencia ignora la Ley de 2011 y da por buena una ordenanza municipal de 2005.

Además, y después de referirse a los aspectos técnicos de la ubicación de los contenedores de basura, el recurrente advierte que no puede ser objeto de prueba documental la emisión por funcionarios públicos de informes técnicos elaborados “ex profeso” para producir efectos en un proceso judicial. Y es que, para ser testigo, es ser tercero ajeno a los hechos, “tanto la persona que declaró en juicio como testigo en representación de Limusa (empresa concesionario del Servicio de limpieza del Ayuntamiento de Lorca) como doña María Dolores Parra, que lo hizo como testigo en representación del Servicio de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Lorca, pueden ser cualquier cosa menos terceros ajenos y desinteresados en el pleito”.

Entre otras consideraciones, el recurso comenta que una de las razones esgrimidas por el juzgador para desestimar la pretensión de retirada de los contenedores es si su ubicación pone en peligro la salud de las persona y fundamenta su decisión en un informe del Servicio de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Lorca. Sobre este punto el recurrente manifiesta que “resulta sumamente llamativo que el mismo Juez tenga por ciertos los siguientes hechos afirmados en la sentencia: ‘Que han existido problemas con roedores’, ‘que en las cercanías retiraron más de 5.000 kilos de basuras y que había roedores’ y que se llevó a cabo ‘un tratamiento de desinsectación’ Y, tras estas afirmaciones, resulta asimismo sumamente llamativo que diga que no existen problemas de salubridad…”

 

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