Política y Sociedad Segundo estudio de La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)

La AIReF aboga por un nuevo sistema de precios de referencia y por la subasta de medicamentos

— Madrid 6 Jun, 2019 - 5:26 pm

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que preside José Luis Escrivá, ha dedicado a los medicamentos dispensados a través de receta médica el segundo estudio del Spending Review y asegura ver posibilidades de mejorar la gobernanza, los procedimientos, la eficiencia y la equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) en este campo.

En este segundo estudio, la AIReF concluye que hay aspectos mejorables que permitirían reforzar la sanidad pública en España y ofrecer más y mejores recursos a los ciudadanos. Además, considera fundamental desvincular esta partida de los vaivenes del ciclo económico. La sanidad, advierte, es una de las partidas más importantes del gasto público y su peso será cada vez más relevante en el futuro. Y recuerda que, en el año 2017, el gasto público en salud fue de 72.813 millones de euros, de los que alrededor de 16.264 millones, el 1,4% del PIB, se destinaron a medicamentos y más del 62%, alrededor de 10.171 millones, a gasto en recetas dispensadas en farmacias.

Aspectos considerados

La AIReF centra su atención en los aspectos tanto de oferta como de demanda que determinan este gasto y en los que las autoridades sanitarias tienen la capacidad de influir. Se considera una amplia variedad de cuestiones, como la autorización de medicamentos y su inclusión en la financiación pública, la fijación de sus precios, los procedimientos de compra y selección pública de medicamentos, así como otros aspectos de política farmacéutica que influyen en los profesionales sanitarios y en los pacientes, que son en última instancia quienes consumen los medicamentos.

En su análisis, la AIReF ha detectado varios elementos de mejora. En relación con la gobernanza, la institución considera que la representación de las comunidades autónomas en la determinación de qué medicamentos se financian y a qué precio no es acorde al impacto que estas decisiones tienen en sus presupuestos, puesto que cargan con este gasto en sus cuentas.

En cuanto a las cuestiones procedimentales, la AIReF constata una falta de sistemática para establecer el precio que el Sistema Nacional de Salud paga por los medicamentos. Además, considera que la evaluación coste-beneficio no se valora a la hora de determinar los precios y que la carencia de recursos humanos y tecnológicos necesarios para apoyar estas decisiones hace que el sistema se centre en la entrada y dedique menos esfuerzo a la reevaluación de los medicamentos en cartera.

Por otro lado, la institución cree que los esquemas de reembolso diferentes permitirían conseguir niveles de gasto público en medicamentos menores, al superar algunos de los inconvenientes derivados de que nuestro país sea comúnmente incluido en las cestas que sirven de referencia internacional para la fijación de los precios de financiación pública delos medicamentos.

Pautas de prescripción y copago

Desde el punto de vista de la eficiencia, la AIReF considera que el sistema de precios de referencia no ofrece una visión global del precio de los tratamientos y terapias financiadas, ya que solo considera la equivalencia en términos de principio activo y no de indicación terapéutica. Además, detecta una falta de contraste en las prescripciones realizadas y gran hetereogeneidad entre las CCAA en sus pautas de prescripción. Además, la AIReF cree que la superposición de las actividades de evaluación de medicamentos en las CCAA no favorece resultados óptimos desde el punto de vista de la eficiencia: la dispersión de criterios dificulta la labor de los prescriptores y no favorece la racionalidad en el uso de los medicamentos.

Finalmente, desde el punto de vista de la equidad, la institución observa que el actual modelo de copago penaliza a los trabajadores activos de bajos ingresos, frente a los pensionistas de ingresos similares y es desigual en el tratamiento de las personas especialmente vulnerables, como los perceptores de rentas mínimas de inserción.

Propuestas

Tras este análisis, la AIReF realiza una serie de propuestas, como modificar la composición actual de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios, corresponsabilizando a las CCAA de las decisiones que en ella se tomen. Además, se sugiere la creación de una autoridad independiente que apoye con los medios humanos y tecnológicos adecuados la toma de decisiones sobre financiación y que garantice la sistemática reevaluación de los medicamentos y seguimiento de las condiciones de financiación.

La AIReF plantea también la definición de un nuevo sistema de precios de referencia en el que, además del principio activo, se considere la indicación terapéutica y propone estudiar la posibilidad de aplicar de forma generalizada procesos de selección de medicamentos existentes a nivel regional, conocidos como las subastas, aunque con cambios para lograr los resultados deseados en beneficio de los ciudadanos y permitiendo la entrada a distintos operadores.

La institución también plantea una modificación del esquema actual de copago para mejorar su equidad y eficiencia, con mejorasen las condiciones de compra para la parte de la población activa con menos ingresos y dificultades para acceder a los medicamentos. Asimismo, propone incorporar los sistemas de copago evitable para concienciar al ciudadano del impacto de sus decisiones de consumo y obtener mejoras en los precios de facturación del Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, la AIReF sugiere vincular las prescripciones a las resoluciones de la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento, introducir programas generalizados de seguimiento de su consumo, incrementar la cooperación entre las Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y las Agencias de Evaluación Regionales en la evaluación de medicamentos y la elaboración de guías clínicas y desarrollar planes de educación sanitaria para fomentar el uso racional de los medicamentos y la adherencia a los tratamientos, con la participación del farmacéutico de atención primaria y las oficinas de farmacia

Crítica del Consejo General de Farmacéuticos

Jesús Aguilar

Conocido el estudio de la AIREF, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que representa a los profesionales de la oficina de farmacia, ha advierte de que el modelo de subastas incluido en el informe puede generar graves perjuicios en la salud de los ciudadanos. En concreto alerta de la falta de equidad de la propuesta, de los riesgos de desabastecimiento, y del perjuicio en la adherencia a los tratamientos de los pacientes.

Asimismo, la corporación farmacéutica lamenta profundamente que el modelo de subasta propuesto solo atienda a objetivos de ingeniería financiera energética, y no a las necesidades sanitarias reales de los ciudadanos. Es importante dar valor al medicamento como un bien social y no como un producto de consumo. En este sentido, Jesús Aguilar, presidente del citado Consejo General, manifiesta “que esos efectos, que a priori no se ven, acabarán deteriorando la prestación farmacéutica que reciben los ciudadanos. Subasta y salud es un binomio difícil de entender para nuestros pacientes y nuestros mayores con enfermedades crónicas. Ningún paciente entendería, ni aceptaría, que su medicación dependa del mejor postor en cada momento, porque la salud y los tratamientos farmacológicos no pueden depender del código postal de los pacientes”.

Por otra parte, el Consejo General denuncia que el informe no estima con ninguna precisión el ahorro económico y extrapola datos de una autonomía concreta al conjunto del Estado. Asimismo, recuerda que en la actualidad, el 48% de los medicamentos que no están disponibles en las farmacias son fármacos incluidos en las subastas andaluzas, única comunidad en la que se ha aplicado y que ha anunciado su retirada por la complejidad y los problemas provocados.

Por otra parte, en cuanto al desarrollo de servicios asistenciales por el farmacéutico, que menciona AIReF, el Consejo General cree que supone un avance en el reconocimiento de la Farmacia Asistencial, si bien no podría paliar el efecto negativo del resto de medidas.

Reacción de Farmaindustria

Martín Sellés, presidente de Farmaindustria

Desde el punto de vista de la industria farmacéutica innovadora, su patronal, Farmaindustria ha reafirmado su corresponsabilidad con la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario público, el acceso de los pacientes a los tratamientos más adecuados para ellos y el fortalecimiento de la I+D biomédica y el tejido investigador en España. Y tras reafirmar su disposición al diálogo para buscar solución a los problemas, en relación al estudio de AIReF, Farmaindustria indica que, a falta de un análisis detallado del mismo y sin entrar por lo tanto a analizar cada una de las medidas que propone, realiza una serie de consideraciones.

Según la patronal farmacéutica, el estudio deja de lado los aspectos relacionados con la salud, la calidad de vida y el interés de los pacientes, para centrarse de forma exclusiva en la reducción de costes a corto plazo, sin reconocer los beneficios que los medicamentos innovadores. Por otro lado, las medidas de ahorro a corto plazo que plantea el documento no tienen en cuenta la reducción que ha experimentado el gasto farmacéutico público en receta (en oficina de farmacia), que ha pasado de representar el 1,13% del PIB y una cuantía de 260 euros per cápita en 2010 al 0,87% del PIB y 228 euros per cápita en 2018.  Asimismo, el estudio ignora un indicador clave para medir la eficiencia del modelo farmacéutico español: el tamaño del mercado fuera de patente. Tampoco tiene en cuenta el informe el Convenio entre Gobierno y Farmaindustria, que implica la colaboración para el uso adecuado del medicamento.

Además, Farmaindustria asegura que el estudio recoge un cúmulo de medidas que pretenden afrontar un mismo problema y se acaban solapando e incurriendo en incompatibilidades entre ellas, sin hacer una evaluación comparativa de las mismas y sin respetar el principio de proporcionalidad que debe presidir toda regulación. Asimismo, al plantear las medidas de ahorro, los autores del informe no han tenido en cuenta su impacto sobre el tejido productivo e innovador del país.

 

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