Derecho Sanitario con el derecho a recibir una pensión

Un juzgado concede una gran invalidez a un trabajador que padece ELA

— Cáceres 7 Jul, 2021 - 2:07 pm

El Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres ha concedido una gran invalidez a un trabajador que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) de inicio espinal, dado que el avance de esta enfermedad, crónica, irreversible y progresiva, le hacen depender de una tercera persona.

El magistrado estima, de esta forma, la demanda interpuesta por el trabajador contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que le había concedido la incapacidad permanente absoluta, sostiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En la jurisprudencia citada, en la fundamentación jurídica, se hace referencia a la sentencia de 2 de septiembre de 2010, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en la que se define legalmente la incapacidad permanente como “aquella que inhabilita al trabajador para la realización de todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra cosa”.

Por su parte, el Tribunal Supremo, en numerosa jurisprudencia, (16 diciembre 1977, 17 de julio 1983, 10 de abril de 1989…) señala que “debe calificarse la situación de gran invalidez cuando sean de tal naturaleza las dolencias que impidan al que las padece bastarse por sí mismo, debiendo depender, aunque no sea de forma continuada, de una tercera persona”.

Informe presentados por los peritos

En este caso concreto, indica la sentencia, “no se trata ahora de precisar cómo estaba el enfermo de ELA cuando fue examinado por el INSS, sino de cómo está ahora”. Los informes presentados por los peritos durante el juicio muestran que “la situación del demandante ha empeorado de forma relevante, y que necesita una ayuda contante para su día a día”.

El Juzgado concede, por tanto, la gran invalidez al trabajador, con efectos desde el día de la incapacidad permanente absoluta, ya reconocida por el INSS, y el derecho a recibir una pensión resultado de sumar un 45 por ciento de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante y el 30 por ciento de la última base de cotización del trabajador.