Política y Sociedad Solo seis comunidades tiene la medida en marcha

Las 35 horas semanales para sanitarios siguen lejos de ser una realidad

La reducción de la jornada semanal de los profesionales sanitarios públicos de 37,5 horas a 35 no se ha convertido, al parecer, en la medida estrella de los Gobiernos autonómicos, puesto que tan solo Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Asturias y Andalucía pusieron hasta ahora en marcha los procesos para recuperar este derecho.

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado el pasado mes de julio de 2018, tras un acuerdo estatal con los sindicatos en marzo, trajo consigo una norma más laxa en cuanto a la posibilidad de reducir la jornada de los funcionarios.

Hasta junio, el Gobierno ‘popular‘ presidido entonces por Mariano Rajoy había tumbado todas las decisiones de los Ejecutivos regionales en este sentido, entre ellas la del País Vasco. Que esta jornada de 37,5 horas semanales “no fuera un mínimo”, por tanto, es “uno de los logros de los sindicatos” en los últimos tiempos, según recuerda a Acta Sanitaria la secretaría de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), Gracia Álvarez.

Condicionado al déficit

Según este acuerdo al que se refiere la sindicalista, cada Administración pública podría establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general, “siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto”.

Así lo afirmó igualmente la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, tras una reunión en julio con los sindicatos. En sus conclusiones, recordó que la adopción de esta jornada está supeditada al nivel de cumplimiento del objetivo del déficit por parte de las comunidades autónomas y así seguiría hasta que se tratase en las mesas de negociación correspondientes.

Es decir, que por entonces no había intención de modificar aún más la Ley de Presupuestos y el único criterio para adoptar o no este tipo de jornada es el económico, al menos hasta la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Objetivo cumplido

En este sentido, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre el grado de cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto de las comunidades autónomas en 2017, un total de 11 de ellas podrían afrontar esta medida: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias y Baleares. Faltaría esperar a los datos de 2018 para conocer la situación actual en cuanto a la adecuación a los objetivos económicos.

De todas estas regiones, solo tres llevaron durante el año 2018 a las negociaciones con sindicatos y a buen término la jornada de 35 horas semanales para funcionarios, incluidos los sanitarios: La Rioja, Andalucía y Cantabria. La primera de ellas, que lo anunció el 13 de julio, se encuentra en estos momentos en una situación incierta ante el cambio de Gobierno, aunque tiene aplicada la jornada reducida completando las horas restantes con formación.

Cantabria, por su parte, acordó incluir esta medida en los presupuestos de 2019 y 2020 y está previsto que a partir del 1 de mayo de 2019 las hora semanales bajen a 36, mientras que sería el 1 de mayo de 2020 cuando finalmente alcanzarían las 35. La Rioja también concretó un calendario de implantación de la reducción de jornada. Así, en 2019, los sanitarios de esta región también trabajarán 36 horas semanales y ya en 2020 será cuando recuperen la jornada que se les arrebató con los recortes del año 2012.

Asturias anunció su intención de negociar la implantación de las 35 horas, aunque todo ello condicionado al cumplimiento “de la legislación básica”, es decir, al objetivo de déficit que en 2017 sí que cumplió. Según UGT, en abril o mayo será cuando se produzcan novedades en este aspecto.

Ya es una realidad

Por otro lado, Extremadura cuenta desde el 1 de octubre con esta jornada de 35 hora semanales, aunque, como Andalucía, completa las 37,5 horas con formación. Fue el primer acuerdo firmado con un Ejecutivo autonómico en la nueva etapa de Gobierno socialista con Pedro Sánchez para la recuperación de las condiciones laborales.

Las 35 horas de jornada laboral son en esa región “una realidad para todos los empleados públicos, para el sector de la Administración General de la comunidad autónoma, para el Servicio Extremeño de Salud (SES) tanto del sector sanitario como de gestión y servicio, y para todos y cada uno de los centros de 24 horas”, según explicó la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) en su momento.

El País Vasco fue la autonomía más precoz en la recuperación de las 35 horas semanales para los sanitarios, y también una de las que más polémicas trajo consigo. En 2016, el Ejecutivo vasco anunció la devolución de este tipo de jornada al personal de Osakidetza y al resto del funcionariado.

Tras un recurso del Ejecutivo de Mariano Rajoy por considerar que la decisión iba más allá de las competencias autonómicas, el Tribunal Supremo confirmó en febrero de 2018 la anulación de este decreto. El Gobierno Vasco aseguró entonces que mantendría su postura ya que creía que la Administración estatal iba a hacer modificaciones en la normativa. Esto ocurrió, efectivamente, justo antes de que se suprimiera la obligatoriedad de las 37,5 horas semanales tras el acuerdo con los sindicatos, con lo que es de suponer que cumplieron con su intención.

Por último, Castilla-La Mancha ya anunció el 20 de septiembre de 2018 que iba a implantar a partir del 1 de enero de 2019 la jornada laboral de 35 horas semanales que, por lo tanto, ya es “una realidad definitiva” para los empleados públicos de esta comunidad, mientras que Ceuta y Melilla cuentan con este derecho plenamente implantado.

Regiones sin noticias

El resto de comunidades o no se han pronunciado en los últimos tiempos o directamente rechazan su implantación por saber que no pueden cumplir los objetivos de déficit. Es el caso de la Región de Murcia, por ejemplo. En algunas regiones, como Castilla y León y Comunidad de Madrid, además, los profesionales sanitarios están llevando a cabo movilizaciones para exigir recuperar estos derechos perdidos.

Deja un comentario