Política y Sociedad Sanidad modificará el real decreto-ley 16/2012 pero tratará de evitar "abusos"

El Interterritorial monográfico de universalidad, histórico para el PSOE y demagógico para el PP

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha presidido su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), monográfico sobre universalidad en esta ocasión, en una reunión que los consejeros autonómicos de Sanidad del PSOE calificaron de histórica y los representantes del PP como demagógica.

Patricia Gómez y Jesús Fernández Sanz

Así, en las conclusiones previas a la intervención de Carmen Montón para resumir el contenido de la reunión, los consejeros de la Junta de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, y del Gobierno de Baleares, Patricia Gómez, celebraron asistir a un encuentro para debatir las condiciones en las que España, previsiblemente, recuperará la Sanidad universal.

«Es un día histórico para este país», aseguró Patricia Gómez, quien definió el Interterritorial monográfico como una muestra de «voluntad de regresar un derecho básico». «Estoy convencida de que las personas más vulnerables tendrán voz con esta ministra», celebró.

Además, Gómez hizo mención a un joven inmigrante que murió en 2013, a cuya familia y amigos conoció. «Es un día en el que merece la pena acordarnos de él y pensar que la universalidad es un derecho que tenemos la responsabilidad de ofrecer», expresó. «Espero que en este país no se vuelva a atrás», finalizó.

Serenidad con discrepancias

Por su parte, Jesús Fernández Sanz describió un «ambiente de serenidad pero con discrepancias» en el Consejo Interterritorial que en ese momento aún se estaba celebrando. De igual manera, felicitó a Montón por «la celeridad en la convocatoria y la documentación aportada» a la reunión monográfica.

El titular de la Sanidad de Castilla-La Mancha señaló que la decisión del Gobierno presidido por Pedro Sánchez es «el final de una injusticia a tres niveles»: para los ciudadanos más vulnerables, para el sistema sanitario y para quienes tienen que gestionar la Sanidad en el territorio español, entre los que se incluye.

«Todos estamos contentos de volver a lo que la Ley General de Sanidad de 1986 promulgó», expresó Fernández Sanz, a lo que añadió, con respecto al sistema sanitario, que si «se precia de ser uno de los mejores del mundo, no puede prescindir de la atención a un niño que precisa de insulina», por ejemplo. Con respecto a los gestores de la Sanidad, recordó que las autonomías, hasta ahora, han tenido que «hacer piruetas, trampas», para tener un reglamento y atender a quienes están en situación irregular.

«Nos ha sorprendido que el único punto del día fuera el de la universalidad», criticó, por otro lado, el consejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, quien aseguró que «a todas las personas en situación de irregularidad se les atendía» a pesar de estar en vigor el Real Decreto-ley 16/2012.

Enrique Ruiz Escudero y María Martín

«Nos gustaría contrastar esos datos» que hablan de unas 840.000 personas excluidas de la atención sanitaria en España, prosiguió el consejero madrileño, que cree que si fueran correctos, la documentación aportada por Montón debería ser más exhaustiva, que incluya cómo se define el concepto de universalidad, qué prestaciones se van a dar y el impacto económico que tendría su implantación.

Hay otras prioridades

A ello, la consejera de Sanidad del Ejecutivo de La Rioja, María Martín, quiso añadir que había «una serie de prioridades», más allá de la universalidad, para convocar un Consejo Interterritorial del SNS. Para ella, no hay «ni una sola persona» que no reciba asistencia sanitaria en estos momentos. «No es de los problemas más acuciantes, porque ya está resuelto», aseguró, en referencia a las leyes, decretos y demás parches puestos en marcha por las comunidades autónomas.

«Hemos recibido un documento que no concreta qué es universalidad», insistió la representante riojana, que añadió que «la solidaridad debe ir acompañada de responsabilidad». «Es más demagogia que fundamento», criticó, aunque afirmó estar de acuerdo en que «nadie se puede quedar sin asistencia sanitaria».

El consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez Almuíña, siguió esta misma línea marcada por los consejeros del PP. «Deberíamos haber tenido opción de tener un orden del día más completo», lamenta. «La pregunta que nos hemos hecho es si existía un problema real», agregó.

El titular de la Sanidad gallega aseguró que ese problema, si existía, está resuelto, pero que si no lo estuviera habría que presentar una memoria económica. Una memoria que,como recordaron los consejeros socialistas, no presentó el PP cuando, de manera unilateral, publicó el Real Decreto 16/2012.

Un ataque a la ética

Este real Decreto-ley sí que «ocasionó un problema», a juicio de la consejera de Sanidad de la Administración de Cantabria, María Luisa Real, pero «no es un problema de financiación». Además, afirmó que fue «un ataque a la ética y a la dignidad humana», por lo que es necesario derogarlo o, como va a ocurrir en esta ocasión, modificarlo.

«No es un tema económico, es un tema político», apuntó la titular de la cartera sanitaria de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, que recordó que si a esas personas en situación administrativa irregular no se les atiende de manera preventiva, habrá que atenderles en Urgencias, lo que resulta mucho más caro. Además, su media de edad es de 30 años, por lo que no utilizan el sistema sanitario en muchas ocasiones.

Antonio María Sáez Aguado

Por parte de la Sanidad de Castilla y León acudió su máximo responsable, Antonio María Sáez Aguado, que se mostró muy crítico con la actitud de los consejeros socialistas. Recordó que cada región había tratado de resolver la no asistencia a los inmigrantes, cada una de una manera, y que Montón había presentado «una propuesta muy inconcreta».

«Hay que proceder a que esa asistencia se haga de manera homogénea», concedió Antonio María Sáez Aguado, con atención a las diferencias entre las condiciones de empadronamiento, de criterios de evaluación de situación económica y otras cuestiones. «Algunos han descubierto que no se ha producido exclusión sanitaria», insistió, tras lo que cifró en 1.250 millones de euros el impacto económico de incluir a los inmigrantes en situación irregular en la asistencia sanitaria.

Tono de construcción

Frente a todo ello, Montón aseguró que el tono de la reunión había sido «de construcción» y señaló las tres semanas que había tardado en «establecer un diálogo» sobre universalidad después de haberlo pedido durante tres años en su sillón como consejera de la Sanidad valenciana.

Esta decisión «tiene que ver con la decencia de un país que no quiere dejar a nadie atrás», aseguró Montón, que también cree que «incluso puede tener una razón sanitaria». «Ahora es el momento de dar un paso hacia adelante y dar una respuesta unitaria», declaró la ministra de Sanidad, que prometió «ser muy ágiles» para llevar a término esta promesa.

Carmen Montón

Principios básicos

Así, se propusieron en el Consejo Interterritorial «los principios básicos de la modificación normativa», que no derogación, del Real Decreto 16/2012, que concederá la misma situación frente a la atención sanitaria a irregulares y ciudadanos, que desligará esta atención del concepto de «asegurado» y lo ligará al de «ciudadanía» y que supondrá «englobar todo el articulado que habla de exclusión y sustituirlo por universalidad».

Entre las medidas que se tomarán para ello, se encuentra la creación de una Comisión mixta que realizará el seguimiento del cumplimiento de estos principios básicos y los posibles «abusos» que se puedan producir. La idea sigue siendo que, a fecha de 31 de julio, el decreto quede modificado.

Además, la ministra de Sanidad anunció que se elaborará un «informe social» que mostrará que aquellos inmigrantes en situación irregular que no pueden acreditar que tienen 90 días de permanencia en España están en riesgo de exclusión y deben, por tanto, acceder al sistema sanitario. Por otro lado, la cuestión del copago queda por el momento sin abordar, aunque Carmen Montón no desecha la idea de eliminarlo.

1 Comentario

  1. Maria Navarro Bella says:

    Muy bien que se incluya a los inmigrantes ilegales o no , muy mal que se rechace la tarjeta sanitaria única, así esta muy bien que un cotizante de la SS, tenga que desplazarse en ambulancia 240 Km para ser visitado de urgencia grave en Guadalajara, estando a 30 Km de Teruel. De haber sido emigrante hubiese sido atendido en Teruel, lo cual habría sido mucho mas barato para todos. Felicidades a todos nuestros representantes!!!

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