Derecho Sanitario Conclusión del último Foro de Derecho Sanitario del Hospital La Paz

Informar adecuadamente a los pacientes es parte inseparable de la Lex Artis médica

Informar adecuadamente a los pacientes es parte inseparable de la Lex Artis médica, lo que fue un  enunciado jurídico y sanitario recordado durante la última entrega del año del Foro de Derecho Sanitario, celebrado en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, y que llevó por título ‘A propósito de un caso’, aunque fueron cinco las sentencias comentadas.

Natalia Hormaeche

Ignorada autonomía del paciente

Como moderadora del encuentro, la letrada del madrileño Hospital Infanta Cristina de Parla y coordinadora del foro, Natalia Hormaeche, constató que, tras 16 años de la promulgación de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, son pocos los usuarios de la Sanidad y los profesionales sanitarios que la conocen suficientemente.

Se confirma así, según esta abogada, una ignorancia bastante generalizada sobre asuntos del mayor interés, como las diferencias entre la cirugía satisfactiva y la dictada por necesidades clínicas inevitables, el deber de informar sobre los riesgos infrecuentes, la posibilidad de optar a alternativas médicas, el entender qué es la firma por representación y el saber que existen otros factores que también confluyen en la necesidad de realizar bien el consentimiento informado y de consignar igualmente todos los datos necesarios en las historias clínicas.

De peritos y letrados

De todo lo anterior, la coordinadora dedujo que contar con una buena defensa legal inclina las sentencias en un sentido u otro, así como resulta clave la actuación del perito médico, dentro de los tres tipos que existen. El perito de juzgado, el de parte y el insaculado, o delegado por sorteo por parte de los colegios médicos; los tres con distinto grado de imparcialidad y credibilidad profesional ante el juzgador, según aclaró.

Cinco casos de interés

A continuación, Natalia Hormaeche presentó varias sentencias sobre casos controvertidos en los que las actuaciones de abogados y peritos resultaron clave. El primero de ellos versó sobre una segunda operación realizada a un menor con un tumor cerebral, cuya reclamación finalmente se desestimó en recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En el segundo asunto se relató cómo una paciente de edad madura sufrió cuatro operaciones oftalmológicas con escasa información por parte del centro que la intervino, de lo cual obtuvo una reparación moral y compensatoria, valorada en cerca de 5.000 euros.

En el tercer caso, se absolvió a la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid por un paciente al que se le aplicó una epidurolisis en espalda aquejada de dolor crónico por fibrosis, con el resultado de rotura de catéter y pérdida de un fragmento en el interior de su cuerpo.

En ese caso, el resultado fue la desestimación al final del proceso por parte del tribunal competente, mientras que el cuarto se debió al fallecimiento de una paciente muy mayor a la que se le realizó una ecoendoscopia con resultado de peritonitis y que, tras la sentencia número 246/2009 del Tribunal Supremo, se determinó una indemnización por daños morales a favor de su hija, en cifra próxima a los 40.000 euros.

María Luisa Albelda de la Haza

Más que certezas, casuística

La socia del despacho de abogados Asjusa la letrada María Luisa Albelda de la Haza prefirió hablar de información previa, antes que de consentimiento informado estricto, para que los médicos puedan asumir la conformidad del paciente ante las distintas actuaciones clínicas, dentro de un campo del Derecho que es muy casuístico y en el que es muy difícil anticipar tanto las condenas como las sentencias favorables a los sanitarios o los entes asistenciales.

En el primer caso, María Luisa Albelda de la Haza explicó que se trató de un menor de edad intervenido dos veces por el mismo tumor, un astrocitoma cerebral, con muy mal pronóstico vital, en el que la sentencia del Tribunal Supremo, con fecha del 9 de mayo de 2017, desestimó la pretensión de la familia de obtener una indemnización de 2.350.000 euros, mediante recurso de casación, argumentado en falta de consentimiento escrito entre la primera y la segunda operación, separadas por poco tiempo.

En la defensa se alegó una relación médica estrecha entre el facultativo y la familia, anotada en la historia clínica del menor, además de demostrar que el astrocitoma precisa casi siempre de dos operaciones para su eliminación o resección total.

Desestimado en casación

Como dificultad inicial, Albelda de la Haza encontró escasa jurisprudencia sobre el tema, lo que no impidió que el Alto Tribunal ratificara en casación el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en cuya sentencia, la información aportada por el médico antes de afrontar la segunda operación fue considerada suficiente.

En esta línea, aunque no hubo consentimiento escrito, sí se dio por válido que lo hubo verbal, a lo que ayudó que el facultativo pudo demostrar sus 35 años de experiencia quirúrgica, además de su trato habitual con las familias, por lo que se desestimó el recurso en casación presentado por la familia, ratificando la decisión del máximo órgano judicial de Murcia.

Recuperó la visión normal

En lo tocante al caso de la paciente de Oftalmología, la abogada considera que la cirugía satisfactiva, o voluntaria, como fue la del caso, tiende a los mismos estándares que el intervencionismo reparador. En este caso, se sucedieron cuatro operaciones oftalmológicas de correcta ejecución técnica y resultados, salvo la falta de un consentimiento bien definido, para una paciente que esperaba liberarse de las gafas.

En el caso en cuestión, se falló una indemnización de 2.000 euros por daños morales a favor de la demandante, debidos a una información previa deficiente, y a compensar hasta completar casi  5.000 euros en concepto de los días de baja que soportó la paciente, persona que, finalmente, recuperó la visión normal, después del problema de hipertensión ocular que se le había provocado.

Aún aceptando la sentencia, esta ponente discrepó con su exigencia de información completa ya que, en su opinión, la modificación de la Ley General de Sanidad (1986), transformó dicho requisito de información completa por el de información adecuada.

Sin garantías de resultados

Este caso dio pie a que Albelda de la Haza comentara que algunos documentos de consentimiento informado que se usan en la Medicina Privada no cuentan con el aval de sociedades científicas, como es habitual en el sector público. Además, también le sirvió para afirmar que la garantía de resultados no cabe en ninguna técnica médica.

Riesgos muy infrecuentes

En el caso del catéter perdido, esta letrada relató que concernió a un paciente que fue atendido simultáneamente en tres centros públicos con la conclusión de que, tras practicarle una epidurolisis, quedó un fragmento de catéter en su organismo, cuya dificultad de localización se debió a ser paciente con obesidad. Tras respaldar la cartera sanitaria del Ejecutivo madrileño la actuación de su centros, el caso llegó a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que dictó sentencia.

Este órgano judicial, a pesar de que encontró bastante zafio el comportamiento de los centros denunciados, no atendió la petición de 200.000 del paciente. Según su fallo, no pudo haberse informado previamente sobre el riesgo de rotura de un catéter porque eso es algo que solo se documentó en 20 pacientes de todo el mundo. De esta forma, sentenció que los médicos actuaron de acuerdo a la Lex Artis.

María Rodríguez de Alba Galofre

Desde la Lex Artis

La directora Médica de PROMEDE, María Rodríguez de Alba Galofre, presentó a esta firma como entidad dedicada a la elaboración de peritaciones médicas. Dicho esto, centró su intervención en valoraciones sobre el cumplimiento o incumplimiento de la Lex Artis por parte de los médicos demandados en los procesos comentados y no tanto sobre la realización o no de correctos consentimientos informados.

Desde el punto de vista principalmente médico, esta ponente estima que, en el caso del menor con un tumor cerebral, se recurrió a un perito de parte muy solvente, ya que se trató de un neurocirujano en activo bastante reputado en su campo. En lo tocante a la necesidad de operar dos veces, también argumentó que quedó clínicamente fundada, aunque no pudo añadir más porque la pericial no estuvo accesible para ella por razones de protección de datos personales. De esta forma, no pudo precisar, tampoco, si existieron riesgos añadidos o no en la segunda intervención.

Hipertensión ocular inesperada

En el segundo caso, correspondiente a la mujer sometida a cuatro operaciones de Oftalmología para dejar de usar gafas, María Rodríguez de Alba Galofre reparó en que ya había tenido otras dos previas, una de miopía por láser y otra de implantación de lentes intraoculares. La demandante argumentó una deficiente ubicación de las nuevas lentes y la aparición de una hipertensión ocular de la que no fue convenientemente informada, aunque en la valoración del daño, hubo de reconocer que fue solventado con la última operación.

Pericial acertada

En el caso del catéter, Rodríguez de Alba señaló la dificultad que existió para la continuidad asistencial entre los tres centros por los que pasó el paciente. En cuanto a la actuación sobre el lado no dolorido del paciente, estima que la pericial dejó claro que tampoco fue error médico, además de no acreditarse daño derivado del mal funcionamiento del catéter. PROMEDE es una firma sobre derecho y salud de la que es consejero delegado el doctor Juan Abarca Cidón, quien también es presidente del grupo sanitario HM Hospitales.

Álvaro Sardinero García

Casos para todos los gustos

El abogado Álvaro Sardinero García confirmó que el artículo 10 de la Ley General de Sanidad, en el que se define el consentimiento informado, ha ido evolucionando con el tiempo.

Sobre los cinco casos comentados en el foro, este ponente estima que no siempre fueron concluyentes sobre el carácter condenatorio ante la inexistencia de consentimientos informados, ya que unas sentencias fueron adversas, a pesar de haber consentimiento, mientras que en otras se afirmó que la actuación médica fue correcta, aunque no se consignara dicho consentimiento.

Álvaro Sardinero García elogió la defensa realizada por Albelda de la Haza en el caso del tumor cerebral pediátrico. No obstante, considera necesario saber si la segunda operación comprendía mayores riesgos que la primera, lo que habría justificado la necesidad de hacer un nuevo consentimiento, debido también a que considera la frase «familia informada», que consta en la historia clínica, como algo vago y necesitado de una información más exhaustiva.

Con riesgo para la vista

Sobre la mujer con el problema oftalmológico, Sardinero García detalló que quedó recogido en una sentencia del juzgado de primera instancia número 58 de Madrid, debido a que fue operada con manifiesta ignorancia de los riesgos que corría y, dado que los consentimientos que informó no incluyeron secuelas graves y potencialmente irreversibles, aunque ese no fue su caso, debido a que, a pesar de que aumentó su presión intraocular, se le pudo implantar una válvula exprés en otro centro, con buenos resultados.

Sin embargo, el fallo condena no haber informado del riesgo de glaucoma o hipertensión ocular en la primera intervención, debido a que la página 14 de la sentencia lamenta que solo hubiera información verbal, aspecto que corroboró una testigo del centro, auxiliar de clínica, sin que tuviera valor exculpatorio, porque no supo precisar los supuestos riesgos de los que se le había informado a la paciente.

Sobre el caso del catéter, este abogado se mostró partidario de cambiar la carga de la prueba, con la conclusión de pedir una explicación razonada al médico, de cara a descubrir si el catéter fue defectuoso en origen.

Ecoendoscopia mortal

En el cuarto caso, relativo a una ecoendoscopia que derivó en perforación en duodeno, peritonitis y muerte posterior, este letrado encontró inadmisible que se presentara el consentimiento informado a la hija de la paciente cuando esta ya estaba en quirófano.

Todo ello en colisión directa con la propia Ley de derechos y deberes de los pacientes en Castilla-La Mancha, al tratarse de una prueba programada de la que se pudo informar con suficiente antelación. Estima también Sardinero García que la ecoendoscopista obró muy mal al no girar el endoscopio en la curva del duodeno, lo que produjo la fatal perforación.

Concluyó este letrado con la afirmación de que no cabe obligación de resultados en las actuaciones médicas, debido a que todo empieza y termina en la Lex Artis, incluso cuando se trata de cirugía satisfactiva o voluntaria, ratificó. Y recordó que su primer caso se centró en una intervención de cirugía estética que llevó por primera vez a un cirujano plástico a la cárcel, aunque no fue por falta de información, sino por intervenir en un «cuchitril» a una joven de 18 años, que falleció a resultas de la operación.

Alejandro Iván Superby Jeldres

Poner los medios necesarios

El médico y perito médico Alejandro Iván Superby Jeldres recordó que el consentimiento informado es parte de la Lex Artis, con la puesta en juego de los medios adecuados por parte del médico, según el estado técnico que exista en cada momento de la atención.

Estima también este ponente que, en el caso del niño aquejado de un tumor cerebral, la primera hipótesis podría haber sido no operarle, dado el pronóstico negativo. En cualquier caso, aseguró que la segunda operación fue parte de la misma, no cabiendo en medio riesgos distintos.

En el caso segundo, coincidió Alejandro Iván Superby Jeldres en que no hubo información válida sobre el riesgo de glaucoma. De esta forma, las cirugías electivas y prescritas convergen, como refleja lo acertado de la  sentencia, en su opinión, debido a que no se pusieron medios al alcance del paciente para comprender los riesgos.

En el caso del catéter, Superby Jeldres estima que la epidurolisis es una técnica clásica, aunque la dificultad para su valoración en el caso fue saber si el problema con el catéter derivó o no en un daño concreto.

Como especialista en Medicina Interna y Aparato Digestivo, este ponente cree que en el caso de la ecoendiscopia, no se optó por otras tres pruebas alternativas y menos invasivas para una paciente de 88 años. De esta manera, la perforación del duodeno por un grosor similar al del endoscopio denotó una brutal impericia por parte de la persona que la realizó.

María Asunción González de la Viuda

Desde los asistentes

Desde el público, un anestesista confirmó que no es posible operar un tumor cerebral del tipo comentado en una sola sesión, por los propios tiempos que requiere la anestesia, a lo que añadió que insistir en la misma información en la segunda intervención hubiese supuesto una fuerte carga emocional para la familia.

Otro clínico del público, cirujano cardíaco, estima que el comportamiento del médico fue correcto, aunque lo hubiese hecho perfecto si hubiera redactado ese segundo consentimiento informado. Como ejemplo de ello, citó una reintervención realizada ese mismo día en el hospital en el que trabaja, naturalmente mediando un nuevo consentimiento.

Desde las butacas, un abogado se quejó de que muchos médicos piensan que el consentimiento informado es solo una moda pasajera, al tiempo que algún juez que otro también le quita valor por verlo como un mero acto administrativo.

También consultó a los ponentes la enfermera y abogada Asunción González de la Viuda, además de coordinadora del foro, sobre una posible mayor demanda de información por parte de los pacientes, tras los casos de implantes defectuosos.

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