Según expone este órgano, el acuerdo fue firmado por el Ejecutivo nacional el 8 de octubre de 2012, tras lo que lo ratificó el 5 de agosto de 2013. Además, fue rubricado por 23 países de Europa, África y Asia, y fue también ratificado por "Guinea, Hungría, Moldavia y Ucrania", añade al tiempo que declara que "supone la aplicación de un instrumento internacional".Este último está centrado "en aspectos relacionados con la prevención, la protección de las víctimas, la promoción de la cooperación nacional e internacional, y la inclusión en el derecho penal de los delitos relativos a la falsificación de productos médicos que supongan una amenaza contra la salud", continúa la AEMPS.
A juicio de la Agencia, la falsificación de medicamentos y productos sanitarios "constituye un riesgo grave, muchas veces con daño irreversible, para la salud y por ello es preciso tipificar las conductas asociadas con estas falsificaciones como delictivas". "Esta amenaza global hace precisa la cooperación, coordinación y comunicación entre las autoridades de distintos países en la lucha contra estos delitos", subraya.
Por último, la AEMPS manifiesta que "se ha trabajado para la incorporación del contenido del convenio al derecho español, que se ha producido hace pocos meses mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal". Así, "se han introducido y tipificado nuevas conductas y se han incrementado las penas", concluye.