Derecho Sanitario se les acusaba de prevaricación administrativa

Absueltos los empleados del INSS que denegaron una incapacidad por intoxicación de mercurio

— La Coruña 8 Jun, 2021 - 2:10 pm

El Juzgado de lo Penal número 3 de La Coruña ha absuelto a tres personas que, en 2014, formaban parte del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en dicha ciudad, de un delito de prevaricación administrativa por revocarle la incapacidad absoluta permanente a un trabajador que sufrió una intoxicación por mercurio.

La Sala relata que el denunciante, según consta en la sentencia, prestaba sus servicios en una empresa con la categoría de operario de fabricación de rótulos, desde el año 2003, y, debido al trabajo realizado en el montaje de tubos fluorescentes, estuvo expuesto a mercurio.

El afectado cursó baja por incapacidad laboral temporal con posteriores recaídas, las cuales derivaron en un expediente de incapacidad permanente en grado total, con fecha 10 de marzo de 2011, y, posteriormente, en una incapacidad permanente absoluta, desde junio de 2012, con diagnóstico de intoxicación por mercurio a estudio, tal y como indica el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ).

Inicialmente, según consta en la resolución, se le denegó la declaración de las contingencias de enfermedad como profesionales. “En el presente caso, no se ha practicado prueba alguna que permita tener por probado que se haya dictado por los acusados una resolución arbitraria”, indica la sentencia, al tiempo que subraya que los tres investigados explicaron “las razones que motivaron la adopción de las resoluciones impugnadas y el procedimiento que se siguió en su elaboración”.

Calificados de delictivos

Esos aspectos, según el mencionado fallo, “pueden ser criticados o incluso considerados erróneos o irregulares por el denunciante, pero en ningún caso pueden ser calificados de delictivos”.

Así, la Sala destaca que la revocación de las resoluciones administrativas en la vía jurisdiccional “no implica que estas sean delictivas”. Además, recalca que, en este caso, “no existe prueba alguna de que los acusados pretendiesen causarle al denunciante perjuicio alguno”. Por tanto, asegura que “no se ha acreditado que actuasen a sabiendas, con la intención deliberada y plena conciencia de estar ocasionando un resultado materialmente injusto y al margen del ordenamiento jurídico”.