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¿Hacemos lo suficiente ante las sospechas de parcialidad en procesos selectivos?

Más que responder a la pregunta, el director médico de la Revista Madrileña de Medicina, que edita el sindicato AMYTS, pretende una llamada de atención para que los responsables de los procesos selectivos adopten las medidas que impidan cualquier sospecha de parcialidad.

En estos días hemos tenido constancia de nuevas noticias acerca de las amenazas de parcialidad de los procesos selectivos de facultativos, amenazas que ya venimos haciendo públicas en las últimas semanas para que la Administración, responsable de la transparencia y del respeto de los principios básicos de cualquier proceso selectivo, tome las medidas necesarias.

Un obstáculo para la justicia del proceso selectivo puede venir de la utilización fraudulenta de dispositivos electrónicos por algunos opositores

Por un lado, en el proceso selectivo de facultativos de Castilla y León, similar al que ahora está en curso en Madrid, se han producido posibles irregularidades en el examen de medicina interna, por las que un buen grupo de afectados tiene la intención de presentar un recurso ante los tribunales. En concreto, sorprende que la relación de aprobados esté dominada por facultativos de un hospital docente de Valladolid o relacionados con él a lo largo de su proceso formativo, lo que da pie a sospechar la posibilidad de la filtración de información privilegiada. El hecho refuerza la necesidad de tomar precauciones al respecto, dificultando al máximo la filtración de contenidos del examen, analizando a posteriori la distribución de notas y llevando a los tribunales, si es necesario a través de la vía penal, cualquier irregularidad que se pueda presentar, como así se ha hecho saber al Consejero madrileño, y así ha sido aceptado por él.

Dispositivos electrónicos

El tráfico ilegal de puestos de trabajo en la Administración, el tráfico de plazas en la sanidad pública, tiene que ser evitado a toda costa

Otro obstáculo para la justicia del proceso puede venir de la utilización fraudulenta de dispositivos electrónicos por algunos opositores. Se ha detectado esta situación en diferentes medios docentes, incluidos los universitarios, habiendo sido denunciadas situaciones de este tipo en varias ocasiones, y han sido detenidas varias personas por ello. Tenemos constancia, además, de que un grupo de opositores ha solicitado formalmente a los tribunales de las oposiciones del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que tomen las medidas necesarias para evitar este tipo de fraude, mediante la colocación, por ejemplo, de inhibidores de frecuencias en las salas de examen, grabación continua con videocámaras… Las medidas, desde luego, parecen totalmente procedentes y, desde nuestro punto de vista, totalmente exigibles, dada la importancia del proceso.

Ante estas situaciones, no nos valen las proclamas el consejero de Sanidad culpando a AMYTS de poner sobre la mesa este tipo de situaciones. En realidad, estas situaciones existen y son posibles, y si alguien ha de disculparse, en todo caso, por su actuación, sería aquel consejero que no sea capaz de tomarse en serio un proceso selectivo de estas características. Y si no quiere tener que disculparse, tendrá que promover las medidas necesarias para garantizar los principios constitucionales en el proceso selectivo, algunas de las cuales ha comenzado a asumir. El tráfico ilegal de puestos de trabajo en la Administración, el tráfico de plazas en la sanidad pública, tiene que ser evitado a toda costa. Y él es el máximo responsable en este caso.

Miguel Ángel García Pérez

Médico de Familia, doctor en Medicina, máster en Bioética y Derecho. Secretario CESM de Estudios Profesionales

6 Comentarios

  1. Pero ¿sospechas? ¿Qué sospechas? ¿Acaso hay alguien que dude de que los procesos de selección de médicos especialistas, las OPEs, de todas las CC.AA. han estado regidas por tribunales cuyos miembros han PREVARICADO? No seamos ingenuos, los Colegios de Médicos y sus comisiones deontológicas saben perfectamente que es una práctica habitual elegir y puntuar a los candidatos a dedo…. y miran para otro lado.

  2. ADR says:

    No se comenta nada del tribunal que decide las preguntas, corrige los exámenes y decide quién aprueba. Esos tribunales son ilegales pues están compuestos por jefes que son colegas o incluso amigos y familiares de los opositores. Yo recurrí, incluso vía sindical, la composición del Tribunal y el abogado del sindicato me respondió que el Tribunal era “soberano” y que iba contra los intereses del sindicato impugnar un proceso selectivo de creación de empleo estable que se viene celebrando vergonzosamente cada 20 años. Decepcionante labor la de los sindicatos y de la administración sanitaria de este país bananero.

  3. Jose J Santonja Lucas says:

    Los tribunales se diseñan para que salgan los que quiere el poder que tienen que salir. La cultura del esfuerzo en este país esta destruida, el clientelismo y amiguismo es lo que funciona.

  4. Jesús Seguí Gregori says:

    Nadie que se haya presentado a oposiciones, al menos en sanidad, pude dudar de la parcialidad de los exámenes.
    Se puede hacer la lista de aprobados en cada especialidad viendo la lista de miembros de los tribunales y la lista de opositores, antes de realizar la prueba, con probabilidad mínima de error.

  5. Ana says:

    Hubo una vez una OPE extraordinaria… en el año 2001 en que la nota media y la mediana de los que se presentaron no diferían lo más mínimo, eso hizo que aprobaran dicha OPE quienes tenían tiempo trabajado y méritos suficientes. El resto de las OPEs gestionadas por cada reino de Taifas han seguido el mismo esquema aprueban los amigos-SÚBDITOS del tribunal… Por no hablar de aquellas en que alguno de los casos del exámen estaba publicado por alguno de los opositores que se presentaban a ese exámen… ES INTOLERABLE… Las autoridades responsables conocen estos casos, al menos el que yo comento y no hacen nada al respecto … ¿ No tienen estos hechos descritos una denominación desde el punto de vista legal punible?…

  6. ADR says:

    Ana, la única opción es meterte en un contencioso-administrativo (abogado, procurador, unos miles de euros…), recurrir las sentencias en contra (más dinerico) y, finalmente, el Tribunal Europeo te dará la razón 15 años después. Así va la “justicia”. Más vale emigrar de este miserable país.