Política y Sociedad Según un análisis de Yo Sí Sanidad Universal

Las recomendaciones a las comunidades «confirman el gran engaño» sobre la Sanidad Universal

— Madrid 9 Jul, 2019 - 12:21 pm

La asociación Yo Sí Sanidad Universal ha hecho una valoración acerca de las recomendaciones que las comunidades autónomas recibieron para la implementación homogénea del Real Decreto Ley (RDL) 7/2018 de Sanidad Universal, sobre las que considera que «han aumentado las restricciones de acceso al sistema sanitario de forma grave», crean «más situaciones de exclusión» y «no restauran la Sanidad Universal», con lo que se «confirma el gran engaño que ha supuesto para la ciudadanía la ley de Universalidad».

«La exclusión sanitaria que comenzó en 2012 sigue más que vigente con el RDL 7/2018 del PSOE, a pesar de su título, que sugería una vuelta a la universalidad de nuestro sistema sanitario. Durante meses, Yo Sí Sanidad Universal advirtió al Gobierno y a todos los partidos interesados que la redacción de la norma mantenía, y en algunos casos profundizaba, la exclusión sanitaria», expone esta asociación.

A juicio de esta organización, tras haber analizado las recomendaciones enviadas a las regiones para poder implementar de manera homogénea esta norma, «el documento definitivo que se ha publicado el 1 de julio de 2019 es aún más restrictivo que el Decreto 7/2018». «Las organizaciones sociales que hicimos aportaciones a la ley y al documento de recomendaciones hemos comprobado con indignación que ninguna de ellas se ha tenido en cuenta en la redacción fin», asegura.

El documento de recomendaciones tiene 12 páginas en las que se desarrolla «un procedimiento complejo y burocrático, para el que hay que cumplir requisitos que van a dificultar la asistencia de múltiples colectivos y a dejar fuera del sistema a otros tantos que, paradójicamente, venían siendo atendidos incluso con el decreto de exclusión sanitaria de 2012», prosigue Yo Sí Sanidad Universal.

Límite de tiempo

Por ejemplo, el nuevo decreto establece que solo podrán recibir asistencia las personas que demuestren llevar más de 90 días residiendo en España. «Es un sinsentido establecer un límite tan arbitrario al acceso sanitario: antes de 2012 no se exigía este mínimo de residencia, y no existía un problema de turismo sanitario. Tampoco se ha dado en las comunidades autónomas que, desde 2012, han garantizado la asistencia sanitaria a personas sin papeles sin exigir este requisito», apunta Yo Sí Sanidad Universal.

En el Decreto 7/2018 se planteaba que para las personas que llevan menos de 90 días existiera una vía de acceso mediante un informe social emitido por una trabajadora social competente. Sin embargo, se suprimió cualquier mención a esta vía en el documento final de recomendaciones y, «por tanto, se está añadiendo una barrera más a esta población, ya que por el momento no va a haber ninguna vía de acceso que les permita recibir asistencia», insiste la misma organización.

Además, el decreto de 2012 establecía algunas excepciones que siempre tendrían garantizada la asistencia, como eran las embarazadas, menores y la asistencia en urgencias. El decreto de 2018 elimina estas excepciones, y el documento de recomendaciones no abre ninguna vía para recuperarlas, tal y como afirma la asociación de defensa de la Sanidad Universal, que asegura que actualmente se está denegando la asistencia a estos grupos si no pueden demostrar llevar más de 90 días en el país.

Sin confianza

Por último, Yo Sí Sanidad Universal pone de manifiesto que el documento de recomendaciones «inicia una peligrosa senda para convertir a los centros sanitarios en check points, introduciendo medidas basadas en la sospecha, en la disuasión y en la amenaza». Según relata, atribuye a las empleadas del sistema sanitario, a las administrativas y a las trabajadoras sociales la obligación de denunciar los casos en los que, «bajo un criterio no establecido, detecten que una persona ha iniciado un proceso de migración solo para buscar atención sanitaria».

«Por otro lado, las recomendaciones introducen la amenaza de la facturación a posteriori: las personas tendrán que entregar una solicitud para tener asistencia sanitaria, pero si, al cabo de un periodo que puede llegar a tres meses, esa solicitud es denegada, tendrán que pagar la atención sanitaria que hayan recibido en esos meses», agrega esta asociación.

«Este documento de valoración debería acabar demandando del Gobierno medidas para garantizar la atención sanitaria de todas las personas que residen en territorio español, tal y como reza el preámbulo del RDL 7/2018. Sin embargo, este Gobierno ha dilapidado toda la confianza que las organizaciones sociales habíamos depositado en él cuando anunció la vuelta a la universalidad de la atención sanitaria. El Documento de Recomendaciones del Ministerio confirma el gran engaño que ha supuesto para la ciudadanía la ley de Universalidad», concluye Yo Sí Sanidad Universal.

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