Política y Sociedad En Consejo de Ministros

Aprobado el proyecto de Presupuestos para 2019 que elimina copagos a pensionistas

El Consejo de Ministros celebrado este viernes, 11 de enero, ha tenido como principal conclusión el visto bueno de los miembros del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez el Anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que incluye entre sus objetivos la primera eliminación de copagos farmacéuticos a los colectivos más vulnerables.

Estos presupuestos, a pesar de haber superado un nuevo trámite, todavía deberán contar con el apoyo de los grupos parlamentarios suficientes para que salgan adelante a partir de este lunes, 14 de enero, algo que, hoy por hoy, no parece estar asegurado. En concreto, se destinaría, de aprobarse, una partida para Sanidad de 4.292 millones de euros. De estos, 2.255 millones de euros corresponden a la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo.

Así, el gasto de este apartado significará el 6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país, un 0,2 por ciento más que el año pasado. En comparación con el año 2018, se destinarían 59 millones de euros más a Sanidad, mientras que con respecto a 2017 serían más de 200 millones de euros de aumento.

En cuanto a la eliminación de los copagos, se trata de una medida que afectaría a 6,8 millones de españoles. En concreto, se eliminaría el copago farmacéutico para los pensionistas cuya renta sea inferior a 11.200 euros y para las personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo.

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, confirmó que se producirá una “inversión en Sanidad”, además de la “eliminación de copagos” y las “ayudas a la dependencia” -aumento de un 59,3 por ciento de la partida para el programa Autonomía Personal y Atención a la Dependencia-. “Más del 57 por ciento de los #PGE2019 está destinado a medidas sociales. Apostamos por unos #PGEparaUnPaísMejor basados en una política más solidaria y más justa”, expresó en Twitter.

Acuerdo con Podemos en octubre

Los PGE aprobados por el Consejo de Ministros contienen acuerdos alcanzados entre PSOE y Unidos Podemos el pasado mes de octubre de 2018. En esa ocasión, la formación morada distribuyó un documento en el que se incluían una serie de medidas relacionadas con la Sanidad. La más importante de ellas era la eliminación del copago farmacéutico introducido en el Real Decreto-Ley 16/2012 del anterior Gobierno, aunque esto se realizaría de manera progresiva.

“Se hará de forma progresiva en esta legislatura, empezando en 2019 por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad -pensionistas con rentas contributivas con cónyuge a cargo o por viudedad (800 euros mensuales, en 14 pagas), es decir, unos cinco millones de pensionistas- y personas que pertenecen a familias con renta anual inferior a 9.000 euros con un hijo o más a cargo (1,8 millones de personas)”, establecía el mencionado acuerdo.

Igualmente, en los próximos presupuestos, si se aprueban, se cerraría la puerta a los copagos sanitarios a los que daba pie el citado Real Decreto-Ley, como los copagos por el transporte sanitario no urgente, por los productos ortoprotésicos y por los dietéticos, a través de la derogación de los artículos que regulan dicha materia en la referida norma.

Blindar lo público

“Blindar nuestro sistema público contra privatizaciones” era otra de las premisas planteadas en el acuerdo entre Unidos Podemos y PSOE, ya que “se ha utilizado la excusa de la crisis económica para debilitar la Sanidad Pública y propiciar su progresiva privatización”. Por ello, se proponía crear una Comisión, integrada por sanitarios, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, para que, en el plazo de seis meses, analice la situación y defina las líneas y estrategias para revertirla.

Ambas formaciones políticas también se emplazaban en este documento a trabajar conjuntamente entre la Administración central y las comunidades autónomas, “que son quienes ejercen mayoritariamente las competencias en materia de Sanidad”, para garantizar homogeneidad en el procedimiento de forma que la asistencia sanitaria será gratuita durante el periodo que existe entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria.

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