Política y Sociedad Según Audita Sanidad

Seis de cada 10 euros de contratos de la Sanidad Pública madrileña se destinaron a ‘lobbies’ en 2017

Audita Sanidad, Grupo de Trabajo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, ha presentado su informe ‘Influencia de los lobbies en la Sanidad madrileña‘, en el que se denuncia que estas empresas recibieron seis de cada 10 euros de la contratación pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el año 2017.

La presentación de este documento corrió a cargo del economista Vicente Losada y el facultativo Juan Luis Ruiz-Giménez, ambos como portavoces de Audita Sanidad, que pretende con el mismo realizar una “revisión de la contratación pública, realizada mediante concurso de licitación, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a empresas privadas en el año 2017 y su relación con los lobbies presentes en la Sanidad madrileña”.

Audita Sanidad define “lobby” como una organización que defiende un interés creado por sus miembros, que busca influir en decisiones y en no decisiones políticas al margen de las elecciones y sin ejercer responsabilidades de gobierno, tratando de hacer seguimiento de la adecuación de los programas gubernamentales a sus intereses.

Según describió Juan Luis Ruiz-Giménez, los objetivos concretos de Audita Sanidad eran presentar los lobbies más representativos del sector, clasificarlos según su naturaleza y cuantificar el número de adjudicaciones e importes de las empresas que los constituyen; señalar la relación existente entre cada una de las empresas y grupos empresariales adjudicatarios y los lobbies incluidos en el informe; e identificar las principales empresas que contribuyen a los lobbies, según el número de las adjudicaciones, además de establecer hipótesis sobre las formas de actuación a través de influencias indebidas sobre las políticas públicas.

Más presión

Estos lobbies, según el citado facultativo, ejercen “cada vez más presión”, por medio, por ejemplo, de “políticas de precios abusivos en el sector farmacéutico y la utilización de patentes y sus privilegios”. Además, prosiguió, realizan “fuertes inversiones” en despachos de abogados y asesorías jurídicas, que les favorecen impulsar leyes beneficiosas para sus intereses, y se valen de puertas giratorias y del control social para mantener su posición.

En el informe, Audita Sanidad estableció cuatro grandes grupos de lobbies y sus áreas de actuación respectivas, tal y como refirió Vicente Losada. Así, se diferencia entre Suministros -medicamentos, tecnología sanitaria, informática y material sanitario-, Gestión de Servicios -clínicas privadas, aseguradoras, hospitales religiosos, gestores y directivos de servicios sanitarios, centros sociosanitarios y mantenimiento de servicio-, Constructoras de infraestructuras sanitarias y Think Tanks -academias y fundaciones, colegios profesionales y sociedades científicas y medios de comunicación-.

Tendencia creciente

El informe muestra que, en total, se realizaron 1.695 contratos por un total de 642 millones de euros. Las empresas en estos lobbies, según Audita Sanidad, tienen adjudicados el 54,3 por ciento de los contratos y el 60,3 por ciento del importe de contratación pública que sale a licitación. Según afirmó Losada, el 95 por ciento de las empresas que pertenecen a alguno de los lobbies citados forman parte de la Fundación IDIS.

“Estos datos dan una idea de cuál es la importancia que los lobbies están teniendo, al menos, en la Comunidad de Madrid”, expresó el referido economista, que cifró en 387 los millones adjudicados a empresas que pertenecen a estos lobbies. “Desde el año 2014, hay una tendencia creciente en el número de contratos adjudicados”, prosiguió, tras lo que especificó que en 2014 fueron 736 y en 2017 alcanzaron los 921.

Como soluciones a esta presencia de las empresas en la adjudicación pública, Ruiz-Giménez planteó cuatro propuestas: optar por la transparencia con un registro de actividades; fomentar las integridad con la eliminación de las puertas giratorias y la creación de la ley de incompatibilidades; participación pública, es decir, reconocer a los ciudadanos el derecho a participar en las decisiones públicas; y mejorar la supervisión, gestión y sanciones a estas actividades. “Es un tema absolutamente opaco”, apuntó Losada.