Política y Sociedad se mantienen las mismas medidas que había dictado el ministerio de sanidad

El Gobierno decreta el Estado de Alarma en Madrid para que la capital continúe cerrada

El Consejo de Ministros extraordinario, reunido este viernes, 9 de octubre, ha aprobado el decreto de Estado de Alarma en nueve municipios de la Comunidad de Madrid, que estará vigente durante los próximos 15 días naturales para dar cobertura a las medidas de la Orden comunicada del Ministerio de Sanidad, del 30 de septiembre, de las cuales se deriva la prohibición de entrar y salir de la capital, al igual que de las otras localidades ya comunicadas, de las cuales se excluye ahora la de Alcalá de Henares.

Así lo anunciaron los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que explicaron que este decreto de Estado de Alarma, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “solo es un instrumento jurídico para dar cobertura al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS)”. Por tanto, “las medidas de movilidad, horarios y aforo serán exactamente las mismas que hasta ayer, solo varía la forma jurídica, y los municipios también son los mismos, excluyendo al de Alcalá de Henares”, sostuvieron.

Salvador Illa

Así, las localidades afectadas son, además de la ciudad de Madrid, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Torrejón de Ardoz, Alcorcón y Alcobendas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid informó, el pasado 2 de octubre, de que a estos territorios también se sumaban “las zonas básicas de salud por debajo de 100.000 habitantes, pero con alta incidencia acumulada”, lo cual afecta a las zonas de Humanes de Madrid y Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes), en las cuales, “aunque quedan fuera de los criterios de Sanidad, se aplican las mismas medidas durante 14 días más, desde el 5 de octubre”.

“Si hay que revisar los municipios afectados, será el Consejo de Ministros quien decida”, explicó Salvador Illa, que argumentó que la decisión de Estado de Alarma responde a la “necesidad de dar cobertura jurídica a las medidas”, después de que “el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid decidiera no ratificar las restricciones de movilidad”, algo que “no ha sucedido en otras comunidades, como en Castilla y León y Andalucía, donde las medidas sí se han ratificado”.

La paciencia “tiene un límite”

“La presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, pidió ayer al Gobierno tiempo para dar una alternativa de cumplimiento a las medidas después del anuncio del TSJ. Dijo que necesitaba tiempo, hasta hoy al medio día, pero ha decidido no hacer nada. No quiero entrar en polémicas, en política, el 99 por ciento de los temas pueden ser discutibles y un 1 por ciento no. En este caso, es indiscutible proteger la salud de los ciudadanos de Madrid y, también, lo es que hay transmisión comunitaria”, aseveró Illa.

“La paciencia tiene un límite, no hay más ciego que el que no quiere ver. Es importante que el nivel de contagios de Madrid no se extienda por el resto de España”, manifestó el titular de la cartera sanitaria del Ejecutivo. “En Madrid, el virus tiene unos niveles de transmisión muy altos, no hay solo brotes. La atención sanitaria corre el serio riesgo de desbordarse. Estamos como estamos porque algunos lo han querido así. Lo que hemos hecho hoy era necesario hacerlo”, continuó.

Por su parte, Fernando Grande-Marlaska aseguró que “ya se ha ordenado el despliegue de los Cuerpos de Seguridad del Estado en Madrid. Se ordena el inmediato despliegue de más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles para el cumplimiento de las medidas. Se establecen controles en los puntos de acceso y salida en los municipios afectados y la Policía Municipal también participa en estos dispositivos. El régimen sancionador es el que viene definido en la legislación del Estado de Alarma, por lo que las multas y sanciones se aplicarán con la proporcionalidad y necesidad imprescindible”.

Los tres escenarios posibles

Illa confirmó que el pasado 8 de octubre, tras conocerse la decisión del TSJ de Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó a Isabel Díaz Ayuso “para abordar las alternativas legales para mantener las medidas de la orden revocada por el tribunal por razones no de fondo, sino de habilitación legal”.

“El presidente planteó tres escenarios: que la Comunidad de Madrid dicte una Orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública; que solicite la declaración del Estado de Alarma para que sea el Gobierno de España, conjuntamente con la Comunidad de Madrid, quien lo declare y ratifique las medidas en cuestión; o que sea el Gobierno de España quien declare el Estado de Alarma, sin necesidad de que se formule previamente una solicitud”, detalló el ministro de Sanidad.

Finalmente, es el tercer escenario el que se adopta, ya que “Díaz Ayuso ha decidido no hacer nada”, reiteró Illa. Por último, recordó las medidas de movilidad, aforo y horarios que contempla la Orden de Sanidad y que “continúan vigentes en los nueves municipios citados”.

Propuesta fallida

En un principio, estaba previsto que la comparecencia de los referidos ministros se celebrara de forma simultánea a la del consejero de Sanidad de la Administración madrileña, Enrique Ruiz Escudero, pero el Consejo de Ministros se alargó una hora y media más de lo anunciado. Así, antes de que se comunicara oficialmente el Estado de Alarma, Ruiz Escudero presentó la propuesta que el Ejecutivo autonómico había planteado al central, en la que se “endurecen las medidas y se amplían a 51 zonas básicas de salud en las que se superan los 750 casos por cada 100.000 habitantes”.

En este contexto, Enrique Ruiz Escudero insistió en que “el plan de la Comunidad de Madrid es un modelo que funciona, como así nos lo avalan las cifras”, con “una tendencia descendente constante y que se mantienen”. Esta “propuesta” contemplaba la continuación de la estrategia de “establecer medidas de restricción de movilidad y de actividad en zonas básicas de salud (ZBS) de la región con mayor concentración de contagios por la Covid-19”.

Por tanto, se contemplaba el establecimiento de restricciones en “51 áreas sanitarias de 15 municipios con estas medidas, tras incorporarse 18 zonas nuevas y excluir 13 que estaban anteriormente y donde se ha registrado una clara mejoría”, informó el titular de la cartera sanitaria del Gobierno regional.

Enrique Ruiz Escudero

Respuesta de la comunidad

Respecto a la decisión del Ejecutivo nacional de decretar el Estado de Alarma, Ruiz Escudero comentó que “será difícil entender el hecho de aplicar un Estado de Alarma, cuando las decisiones que ha tomado la Comunidad de Madrid han sido acertadas”. Remarcó, además, que “el plan de Madrid es un plan que ha funcionado desde que se empezó a aplicar hace semanas”. Junto a ello, añadió que el Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez “tendrá que justificar esta decisión y esta medida que ningún madrileño va a entender”.

Asimismo, el consejero de Sanidad de la Administración autonómica indicó que “ahora que ellos asumen la competencia, serán los que tengan que explicar en qué sentido la aplican”. En cuanto a poder consensuar medidas, detalló que van a pedir que se levante el Estado de Alarma, “cada día que pase y con los datos que están avalándonos”. Sobre la conversación con Illa, efectuada el pasado 8 de octubre, manifestó que el ministro de Sanidad “dejaba pocas opciones de maniobra”, con “una capacidad nula de diálogo” y que “daba la sensación de que ya tenía tomada la decisión desde hace tiempo” para cerrar Madrid, de nuevo.

“Nosotros hemos tratado de convencer al Gobierno de España de que este modelo funcionaba y no han querido entenderlo, poniendo en duda los datos que nosotros aportábamos” y “es algo que no toleraremos nunca”, ya que “con esos datos, el Ministerio ha dudado en varias ocasiones de la veracidad de los mismos”, señaló el titular de la Administración sanitaria madrileña. “Pero vamos a seguir con la monitorización diaria y con ese aval de los resultados sobre las medidas que hemos tomado”, declaró. “Siempre valoramos todas las opciones posibles que se pudiesen producir por este ultimátum o este, diría yo, chantaje del Gobierno de España a la Comunidad de Madrid”, concluyó