Derecho Sanitario Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

Enfermería se querella contra el Gobierno por un delito contra la seguridad de los trabajadores

— Madrid 23 Abr, 2020 - 4:34 pm

El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios cargos de este Departamento, entre otros, la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio, por “un delito contra la seguridad de los trabajadores”.

Esta querella se suma a las diferentes actuaciones penales que fueron interponiendo varios Consejos Autonómicos y colegios provinciales de Enfermería de España, contra la gestión de las diferentes autoridades sanitarias provinciales y autonómicas, gobernadas por diversos partidos políticos.

“Somos enfermeros y enfermeras y la única motivación que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima de ideologías o partidos políticos”, afirma el presidente de Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

En la querella presentada por las enfermeras, se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del Código Penal), conforme al cual se castiga a quienes, “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”. La pena por este delito es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a 12 meses.

Origen de esta actuación judicial

Asimismo, dicha organización colegial de Enfermería destaca que “se imputan, en la querella, otros delitos que pueden haberse producido en relación con el anterior, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte”.

El origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, por unanimidad, ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con Covid-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos.

Al respecto, Florentino Pérez Raya subraya que los profesionales sanitarios “se están jugando la vida diariamente, así como la de sus familiares, al no tener suficiente material para protegerse en la asistencia a los pacientes de Covid-19”. También, añade que “a esta situación grave, se suma la entrega de materiales defectuosos a los profesionales, como es el caso de las mascarillas que estuvieron utilizando durante 10 días, o los test sin la fiabilidad suficiente”.

Por ello, especialistas del Consejo General de Enfermería llevaron a cabo “un extenso trabajo de investigación” y de recopilación de información sobre los medios y materiales de protección de las enfermeras frente al Covid-19. El resultado final hizo que esta corporación tomará la decisión de actuar judicialmente por la vía penal.