Política y Sociedad en el marco de dos litigios en los que Sanidad de Madrid se encuentra inmersa

La abogada general Kokott concluye que el abuso de empleo temporal no lo convierte en fijo

— Madrid 18 Oct, 2019 - 11:54 am

La abogada general Juliane Kokott ha concluido que la legislación de la Unión Europea (UE) «no se opone a una jurisprudencia de los tribunales nacionales conforme a la cual el uso abusivo de sucesivos nombramientos temporales por parte de una Administración pública no se sanciona automáticamente con la transformación de la relación de servicio temporal en una relación de servicio fija», en el marco de un litigio que incluye al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y a la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Estas conclusiones se dan en el marco de dos litigios acumulados: una demanda de Domingo Sánchez Ruiz contra el Sermas, y otra denuncia múltiple contra la cartera sanitaria del Ejecutivo regional, con motivo del abuso de «nombramientos temporales sucesivos en el ámbito de la Sanidad Pública». Asimismo, la abogada general aborda las «medidas de sanción del uso abusivo de nombramientos temporales», además de la citada «transformación en una relación de servicio estatutaria fija».

«En ambas peticiones de decisión prejudicial, los juzgados remitentes critican claramente el manifiesto uso prolongado y frecuente de nombramientos temporales para cubrir las necesidades de personal del servicio público de salud de la Comunidad de Madrid. Estos juzgados se dirigen al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) con un total de 16 cuestiones prejudiciales para que se dilucide qué facultades tienen para sancionar los eventuales abusos derivados de la utilización sucesiva de nombramientos temporales», establece Juliane Kokott.

Razones objetivas

La letrada propone al TJUE, en sus conclusiones, que responda a las peticiones de decisión prejudicial de manera que la normativa europea «se opone a una jurisprudencia nacional, como la controvertida, que, para considerar que existe una razón objetiva que justifica la renovación de nombramientos temporales sucesivos en la Sanidad Pública, se basa exclusivamente, en que se haya respetado la causa del nombramiento y la correspondiente limitación temporal o en que las funciones que deben desempeñarse estén limitadas temporalmente, sin valorar adecuadamente las particularidades de la actividad de que se trate y las condiciones de su ejercicio en el caso concreto».

Además, «se opone a la aplicación de una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, conforme a la cual la renovación de nombramientos temporales sucesivos en la Sanidad Pública se considera justificada por ‘razones objetivas’, por el hecho de que los nombramientos se basen en normas que permiten su renovación con el fin de garantizar la prestación de determinados servicios de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria, aunque, en realidad, la necesidad de personal sea permanente y duradera y no exista una garantía de que la autoridad de que se trate cumple sus obligaciones legales para atender esa necesidad de personal», continúa Kokott.

Consideraciones de CSIF

En este sentido, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), indica que «la Administración no puede perder ni un minuto más en estabilizar las plazas: solo han salido un 20 por ciento de las previstas y hay 300.000 personas interinas todavía a la espera, ante la parálisis del Gobierno».

Esta organización sindical valora que «la Abogacía General del Tribunal de Justicia de la UE constata, una vez más, el abuso continuado de la contratación de empleados públicos temporales en España y exige medidas urgentes para atajar la precariedad» y advierte «de que los informes no aportan novedades al grave problema de la precariedad en el empleo público en nuestras Administraciones públicas. Conforme a la actual normativa, la solución pasa por el desarrollo urgente de los acuerdos de estabilización en el empleo firmados con el Gobierno en 2017 y 2018».

Además, CSIF recuerda que «la tasa de temporalidad en el empleo público de España se eleva ya al 28,2 por ciento, superando en dos puntos a la del sector privado (25,9%). Este colectivo no puede sufrir los efectos de una situación generada por la propia Administración, al abusar y utilizar sus contratos temporales para cubrir puestos de carácter estructural».

Nota publicada por el sindicato madrileño AMYTS, del despacho Araúz & Belda sobre las conclusiones de la Abogada General

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